Un Tribunal Constitucional dividido avala el impuesto a las grandes fortunas

• Rechaza, por siete votos a cuatro, el recurso que interpuso el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a comienzos de año
• Tras la decisión, la Comunidad de Madrid ha anunciado que aprobará una ley para quedarse con lo recaudado

El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza el recurso de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Constitucional ha decidido este martes avalar el impuesto a las grandes fortunas tras rechazar por siete votos contra cuatro el recurso que interpuso el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a comienzos de año.

Según ha podido saber RTVE, la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, todos ellos del sector conservador.

El gravamen fue aprobado por el Ejecutivo central hace prácticamente un año y estará en vigor durante los ejercicios de 2023 y 2024, aunque el Gobierno no descarta incorporarlo de forma permanente al sistema fiscal. Está destinado a los contribuyentes con una fortuna de más de tres millones de euros netros y tiene como objetivo compensar las rebajas fiscales acometidas por algunas comunidades autónomas, principalmente en el impuesto de patrimonio.

La ponencia, redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, sostiene que la creación de dicho impuesto no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.

"Es una decisión importante que adoptó el Gobierno en aras de una fiscalida justa para tener un país más cohesionado socialmente. Se precisa una politica fiscal justa", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras conocer la decisión. "Es en lo que hemos trabajado durante estos años y desearíamos seguir trabajando en los próximos en los próximos años", ha añadido.

Otras comunidades pendientes

La Comunidad de Madrid defendía en su impugnación que el tributo podría vulnerar, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, Constitucional ha desestimado estos argumentos al considerar que no hubo fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.

Además de Madrid, también impugnaron este impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y la Región de Murcia, todos ellos del PP. Mientras que tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.

Madrid aprobará una ley para quedarse con lo recaudado

Tras conocer la noticia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional tramitará de urgencia una nueva ley que les permita recaudar el impuesto a las grandes fortunas, con el fin de que se quede "en las arcas madrileñas".

Según ha desgranado, lo presentarán "lo antes posible" para que "esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño" y, de esta manera, "se lo puedan devolver" al mismo. "Nosotros esperábamos que prosperase porque, además, ha ocurrido así en otros países, que donde se ha aplicado ha causado daños enormes. Como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid lo que vamos a hacer es seguir defendiéndolo", ha sostenido a continuación.

A la dirigente madrileña, le "sorprende" que "le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad". Además, ha incidido en que este impuesto recauda "el 90% en Madrid" y va "contra el patrimonio, el trabajo y el esfuerzo del contribuyente madrileño". "Evidentemente no vamos a quedarnos parados", ha remarcado.