El Poder Judicial, los jueces y los fiscales muestran su rechazo a las referencias al 'lawfare' del acuerdo PSOE-Junts

• Advierten que puede suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes"
• Sigue en directo las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez

Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales.

Tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su "profunda preocupación" por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, especialmente por las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política'.

Este jueves, la Comisión Permanente del CGPJ ha emitido un comunicado en el que afirma que, "ante las inadmisibles referencias" al 'lawfare' contenidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, y frente al anuncio de la "eventual constitución" de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a determinar lo que se denominan “responsabilidades derivadas”, el órgano comparte “el frontal rechazo a tales iniciativas”.

"Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada", argumenta la Comisión. Por todo ello, considera que la iniciativa implicaría "una inadmisible injerencia en la independencia judicial".

Una posición similar han adoptado las asociaciones judiciales, que han considerado que podría suponer la "intromisión en la independencia judicial" y la "quiebra de la separación de poderes".

Las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– han firmado un comunicado conjunto donde ponen el foco en el 'lawfare' y "sus consecuencias" para expresar su "rechazo".

Argumentan que contiene "explícitas referencias" a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación para determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, "con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", explican.

Asimismo, recuerdan que los jueces han de estar sometidos únicamente "al imperio de la ley", puesto que así lo establece el artículo 117.1 de la Constitución. "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", concluyen en la nota de prensa.

"Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia"

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el integrante de su comité nacional Sergio Oliva ha sido el encargado de mostrar su "más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo". "Se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas", ha señalado en un vídeo.

Oliva ha defendido que "lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años ha sido cumplir estrictamente la ley". "Ese es el pecado", ha lamentado. Así, ha reclamado que se respeten la separación de poderes y la independencia judicial, advirtiendo de que "estamos en un momento muy crítico" porque "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha señalado que el acuerdo entre ambas formaciones "es muy grave" y supone implícitamente "un cambio de modelo constitucional". Así, considera que el texto "es un golpe de gracia al sistema constitucional español" y la ley de amnistía que saldrá adelante, "una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts".

Ha destacado asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de 'lawfare' es "lesiva para el Estado de Derecho" pero a la vez "consecuente" con la idea de que existió "una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir" determinados delitos: "Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar".

Los fiscales también muestran su rechazo

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha mostrado mediante un comunicado su más firme oposición al acuerdo de investidura, ya que contempla esas comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales. Entienden que es "un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio al Estado de Derecho".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también ha querido mostrar a través de un comunicado su "absoluto rechazo" a las referencias incluidas en el acuerdo sobre 'lawfare', y ha aseverado que es "inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales, ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes".

En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha manifestado a esta agencia de noticias que el acuerdo entre ambas formaciones "es muy grave" y supone implícitamente "un cambio de modelo constitucional" porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.

El PSOE asegura que no se prevé crear comisiones para detectar 'lawfare'

El PSOE ha respondido al comunicado para precisar que "el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare'". Además, señala que cuando el texto se refiere a "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso: la relativa a la “Operación Cataluña” y una nueva comisión sobre Pegasus.

Por lo tanto, "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado". "El PSOE respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de podere", zanjan.

¿Qué es el 'lawfare'? 

La palabra 'lawfare' está formada por 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Según recoge la Fundéu, en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales "con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

El "lawfare" es un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero cuyo uso se ha generalizado a lo largo de este, hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial.

Con este término, los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. Y como víctimas de este 'lawfare' señalan al propio abogado de Puigdemont, Carlos Boye, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs. ERC también considera que entrarían en el concepto el caso Buch, el 'Tsunami Democrático', las causas de los CDR por el 23-S y el caso Volhov.