¿Qué es y en qué consiste el 'lawfare'?

• Los dirigentes independentistas señalan víctimas al propio abogado de Puigdemont, Carlos Boye, el clan Pujol o a Laura Borràs
• Sigue en directo la información sobre el pacto entre PSOE y Junts para la amnistía

Imagen de un martillo, símbolo de la justicia

El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, el 'lawfare'. Pero, ¿qué es y en qué consiste?

La palabra 'lawfare' está formada por 'law' (ley) y 'warfare' (guerra). Según recoge la Fundéu, en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales "con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

Con el término 'lawfare' o 'guerra judicial', los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. Y como víctimas de este 'lawfare' señalan al propio abogado de Puigdemont, Carlos Boye, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs. ERC también considera que entrarían en el término el caso Buch, el 'Tsunami Democrático', las causas de los CDR por el 23-S y el caso Volhov.

Uso torticero de la justicia

El "lawfare" es un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero cuyo uso se ha generalizado a lo largo de este hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial.

Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el "lawfare" en los últimos años.

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Principalmente, se trata de causas abiertas a raíz de denuncias o querellas infundadas a las que los tribunales dan recorrido judicial, con la consecuente pena de banquillo, pero también de investigaciones basadas en indicios obtenidos de forma irregular, a menudo con complicidades en los medios policiales.

Un caso paradigmático es el del presidente brasileño Lula Da Silva, condenado en una causa de corrupción que después anuló el Supremo y que su entorno siempre ha defendido que obedecía a maniobras políticas, con la complicidad de la justicia, para apartarlo del poder.

De Podemos al independentismo

Pero también en España el independentismo ha denunciado haber sido víctima del "lawfare", empezando por el "caso procés", en el que acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión o de sedición.

No es unánime la opinión de los independentistas en otras causas que Junts sigue considerando "lawfare", desde el "caso Pujol" -que ven orquestado por oscuras maniobras de la policía patriótica- al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs -que aduce fue condenada por su ideología- o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien mantiene que se le persigue por ser abogado de Carles Puigdemont.

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La última supuesta maniobra de "lawfare" denunciada por el independentismo data de apenas cuatro días, con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic, en plena negociación de la ley de Amnistía.

También Unidas Podemos, los Comunes o Compromís dicen haberse visto perjudicados por la utilización de la justicia con fines políticos en múltiples asuntos que acabaron archivados, especialmente el "caso Dina" que puso en el punto de mira al exvicepresidente Pablo Iglesias o el "caso Neurona" en que se investigó al confundador del partido Juan Carlos Monedero.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, por su parte, concurrió a las últimas elecciones municipales con cuatro causas abiertas a raíz de querellas presentadas por sectores contrarios a sus políticas de movilidad o vivienda, tres de ellas abiertas en contra de la opinión de la Fiscalía.

En Valencia, acabó con la carrera política de la líder de Compromís Mónica Oltra una investigación judicial en la que se la acusa de maniobrar para beneficiar a su marido -imputado en un caso de abuso sexual-, una causa que su partido enmarca en una "cacería" política impulsada por Vox, que ejerce la acusación.