Los líderes del 'procés', los CDR y los policías investigados por cargas el 1-O: ¿hasta dónde llegará la amnistía?

• La ley de amnistía quedará registrada la próxima semana en el Congreso y se conocerá el detalle de su alcance
• Puigdemont, Junqueras, 'los Jordis', Forcadell, Mas, Rovira y Jové, entre los posibles amnistiados en múltiples causas
• Siga en directo la investidura de Pedro Sánchez

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, junto a Miriam Nogueras y Jordi Turull en Bruselas.

El detalle de la ley de amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes se conocerá a principios de la semana próxima con su registro en el Congreso de los Diputados, que será previo a la celebración del pleno de investidura de Pedro Sánchez, del que saldrá como nuevo presidente del Gobierno tras alcanzar ya todos lo votos necesarios para repetir en el cargo.

Esa amnistía lo ha marcado todo y ha copado toda la conversación política en las últimas semanas con múltiples derivadas: el PSOE, Sumar y los partidos independentistas y nacionalistas la defienden como una "oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede resolverse"; el PP llama a protestar en manifestaciones pacíficas contra la ley y ha convocado concentraciones en todas las capitales de provincia este domingo, mientras que Vox llama a la "resistencia civil" de España, todo ello en medio de una tensión creciente en la calle con concentraciones en las que participan grupos de extrema derecha que desde hace ya una semana dejan cada noche múltiples altercados, cargas policiales y detenidos en los alrededores de la calle Ferraz.

En el ámbito judicial y a la espera de conocer los puntos de la ley, tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habla de "atentado a la separación de poderes"; como las asociaciones de jueces y fiscales- las conservadoras y las progresistas- que alertan del "riesgo evidente de quebrar la democracia"; se oponen frontalmente a esta amnistía defendida por Sánchez.

La futura ley de amnistía, que tiene su precedente en España en la ley de 1977, concebida como borrón y cuenta nueva para acabar con la dictadura de Franco, ha generado un encendido debate entre juristas sobre su encaje legal. No hay duda de que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar ya que PP y Vox han anunciado recursos; y Bruselas ya ha pedido información a España sobre la medida de gracia.

La ley de amnistía, que no llevará nombres propios, abarcará una multitud de causas penales abiertas con decenas de encausados, entre los que destacan los cuatro líderes independentistas catalanes fugados, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, todavía inhabilitado, junto a los exconsellers, entre otros muchos beneficiados.

El perímetro legal lo han fijado los acuerdos firmados entre PSOE, por un lado con Junts y por otro con ERC, y afectará a los hechos ocurridos en relación con el proceso independentista catalán entre 2012 y 2023, más de una década. Se beneficiarán de ella "tanto los responsables como los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según reza el acuerdo entre PSOE y Junts.

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, afinó un poco más para decir que la idea es que la amnistía beneficie "a todas las personas que tienen causas penales, administrativas o contables que estén derivadas o vinculadas al proceso soberanista".

Pero ¿quién se beneficiará de la amnistía y a qué causas judiciales afectará? Aquí, algunas claves y algunos nombres propios que podrían ser amnistiados:

Puigdemont y los fugados de España

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, uno de los principales posibles beneficiados de la ley de amnistía, ha sido precisamente quien ha pilotado la negociación de la misma desde donde está fugado desde 2017, Bélgica, junto a otros dos exconsellers, Lluís Puig y Toni Comín. Actualmente tienen una orden de detención en vigor en España y ahora están procesados por desobediencia y malversación.

Puigdemont declaró la independencia de Cataluña el 10 de octubre de 2017 y en el pleno del Parlament, del día 27 de ese mismo mes, aprobó una resolución para "iniciar el camino hacia la República", lo que provocó la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

En el grupo de líderes del 'procés' fugados de España también está la exconsellera Clara Ponsatí, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, todas ellas procesadas por desobediencia, tras la eliminación del delito de sedición por las reformas penales de la anterior legislatura.

Las decisiones judiciales se siguen sucediendo, a la espera de ver cómo afectan en ellas esta ley de amnistía. La última, la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en plena negociación de la nueva ley, que acordó dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràtic contra Puigdemont, Rovira y otra decena de investigados.

Junqueras y el resto de indultados

El 14 de octubre de 2019 se dictó la histórica sentencia del juicio del 'procés' con penas de hasta 13 años de cárcel para el actual líder de ERC, Oriol Junqueras, entre doce y diez años para el actual secretario general de Junts y exconseller, Jordi Turull, y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull; once para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y nueve para los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los nueve fueron indultados en junio de 2021 cuando llevaban cumplidos tres años y medio de condena y ahora todos ellos entrarían en el grupo de amnistiados con la nueva ley.

Su marco judicial cambió, además, tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación y solo cuatro de ellos cumplen actualmente penas de inhabilitación: Junqueras y la exconsellera Bassa, hasta 2031, y los exconsellers Romeva y Turull, hasta 2030, todos por desobediencia y malversación.

Desvío de dinero público y organización del 1-O

Y mientras la ley de amnistía ya es un hecho y quedará registrada en días en el Congreso, la Justicia sigue sus cauces, con múltiples causas en curso.

Así, el Tribunal de Cuentas tiene previsto celebrar la proxima semana, el 17 de noviembre, el juicio que debe determinar si más de una treintena de altos cargos de la Generalitat catalana tuvieron responsabilidad en el desvío de dinero público para la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción exterior del 'procés'. El propio Puigdemont, citado en la vista, solicitó la suspensión del procedimiento, que afecta también al expresidente Artur Mas, a Junqueras y a numerosos ex altos cargos. Esta es otra de las causas susceptible de verse afectada por la ley de amnistía.

Por otro lado, la Fiscalía pide siete años de cárcel para el diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové y más de seis años para el actual presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia, por organizar el 1-O. Ambos dirigentes de Esquerra está considerados como los arquitectos del referéndum ilegal convocado en 2017 y también podrían ser amnistiados.

El escrito de la Fiscalía también pide un año de inhabilitación para la consellera de Cultura Natàlia Garriga por su papel en los preparativos del referéndum del 1-0 desde el cargo que ocupaba en el Departamento de Vicepresidencia que dirigía Oriol Junqueras.

Las causas contra Tsunamic Democràtic y los CDR

La amnistía podría beneficiar a los doce procesados por delitos de pertenencia a organización terrorista pertenecientes a los CDR (Comités de defensa de la República) investigados por pertenecer a una facción radicalizada de estos grupos que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019. Según las causas judiciales abiertas, desde los CDR se planeó ocupar el Parlament de Cataluña y se participó en los cortes de carreteras o levantamientos de barreras de peaje.

Sobre Tsunami Democràtic pesan condenas por el 'procés' en el otoño de 2019 por acciones que van desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Laietana.

Policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-O

Una de las cuestiones que determinará la publicación de la ley es hasta dónde llegará en cuanto a los policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-0, que dejaron más de 800 heridos, según el Govern, y si finalmente quedan fuera de la medida de gracia los agentes a quienes se imputan delitos de torturas o contra la integridad moral.

En Barcelona, 45 policías están imputados por su actuación "desproporcionada" para evitar el referéndum, sin que aún se hayan delimitado los delitos que se les atribuyen, según informa Efe. Los que sí podrían beneficiarse son la treintena de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil imputados por las cargas en Girona y Aiguaviva, dado que irán a juicio solo por lesiones.

Las polémicas causas en las que Puigdemont ve 'lawfare'

Una de las cuestiones que más revuelo y rechazo ha causado en el Poder Judicial y que considera "inadmisible" es la referencia al 'lawfare' o "judicialización de la política" del acuerdo entre PSOE y Junts. Está por ver qué dice en concreto la ley al respecto de estas causas en las que, según el independentismo, se instrumentaliza la justicia para hacer "persecución política".

Es uno de los puntos por el que ha luchado Junts y en el texto del acuerdo se abre la puerta a que se incluyan estos casos que van, en opinión de Junts, desde el 'caso Pujol' al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien mantiene que se le persigue por ser abogado de Carles Puigdemont.

Se abre la puerta a través de unas comisiones de investigación que, según el acuerdo PSOE-Junts, analizarán estos casos: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía".

El PSOE ha puntualizado que en este punto se hace referencia a la reactivación de la comisión de investigación sobre la llamada "Operación Cataluña" y una nueva comisión sobre el espionaje político con Pegasus.

Preguntado este viernes en la cadena Ser por la polémica del 'lawfare', Bolaños dijo que "lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no será", para añadir: "Eso lo tiene que decidir un juez, nosotros no tenemos nada que decir". Sobre si la medida de gracia beneficiará a Borràs respondió que la norma "no está hecha para beneficiar a ninguna persona" concreta.