El PSOE registra sin sus socios la proposición de ley de amnistía en el Congreso: "Es plenamente Constitucional"

• La iniciativa queda registrada antes del pleno de investidura, tal y como se pactó con los independentistas
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El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños,

El PSOE ha presentado en solitario y sin la firma de ninguno de sus socios la proposición de ley de la amnistía en el Congreso, solo con la rúbrica de Patxi López. Tras el acuerdo más difícil, el sellado el pasado jueves con Junts, la ley de amnistía ya ha quedado registrada en la Cámara Baja antes del pleno de investidura del socialista, que se celebrará este miércoles y jueves 15 y 16 de noviembre.

El texto ha sido registrado poco antes de las 18:00 horas y, según ha podido saber RTVE, solo cuenta con la firma del portavoz parlamentario socialista. Además del PSOE, la iniciativa iba a estar firmada por Sumar y los otros socios de investidura –a excepción de Coalición Canaria, que no apoyará la ley–, pero para obtener el visto bueno de todos estos grupos ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto.

El PNV, por ejemplo, ha revisado la ley de amnistía y "en líneas generales" se muestra de acuerdo con el texto que se le ha hecho llegar. No obstante, no ha firmado la proposición de ley porque "las partes negociadoras no lo han requerido", según fuentes del partido a este medio.

ERC ha dicho que no ha firmado la iniciativa legislativa de la amnistía porque prioriza al máximo la seguridad jurídica del contenido, ya que queda algún detalle desde el punto de vista técnico-jurídico que debería cerrarse en las próximas horas. Junts tampoco ha firmado, aunque le ha quitado hierro al asunto y ha confirmado que se trata del texto pactado.

Sumar, por su parte, ha explicado que consideran que "era importante la rúbrica de todos los grupos que apoyarán la ley de amnistía". "Como lamentablemente no ha sido así, hemos preferido no firmar. En todo caso, esto es una formalidad y lo verdaderamente importante es que esta ley salga adelante con el apoyo de todos los grupos que también votarán sí a la investidura", han indicado.

Un "mecanismo constitucional" tramitado por la vía de urgencia

La proposición de ley del PSOE para amnistiar el 'procés' defiende su necesidad para poner fin a "la tensión política, social e institucional" y garantizar la convivencia a "futuro", al tiempo que argumenta que se trata de un "mecanismo constitucional y legítimo", además de un paso "valiente y reconciliador".

Así lo ha defendido el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, que en una rueda de prensa desde el Congreso ha asegurado que esta "herramienta" servirá para "cerrar heridas" y fomentar "la convivencia política normalizada".

"Pretendemos que sea por el trámite de urgencia y que a la mayor brevedad se apruebe en el Congreso y el Senado", ha dicho también Bolaños. Esto supondría reducir los plazos a la mitad, y ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de mes. No obstante, cabe recordar que este martes la Cámara Alta vota la reforma de su Reglamento, que evitaría que una potencial ley de amnistía salga adelante de este modo.

En la comparecencia, Bolaños ha explicado que han trabajado con todos los grupos parlamentarios y que se han centrado en "encontrar puentes de entendimientos" y "un texto legal que merezca el consenso generalizado". Asimismo, ha afirmado que la ley "tiene plena cabida en los estados de derecho y es conforme con nuestra Constitución y nuestro marco legal".

En este sentido, ha argumentado que se trata de un "instrumento político" reconocido en el ámbito internacional y que se ha aplicado desde la Segunda Guerra Mundial en diferentes países de la UE, como Alemania, Bélgica o Francia.

Bolaños ha comentado que el Gobierno socialista en funciones comprende "perfectamente que haya personas que estos días hayan podido tener alguna preocupación por la lay de amnistía", pero ha añadido que "hoy cuando la hayan leído se habrán tranquilizado y habrán visto que es un texto constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país".

Más tarde, en una entrevista en La noche en 24 horas, ha asegurado que la iniciativa presentada es "clara, precisa y rigurosa" y ha criticado que desde el PP y Vox se haya intentado "asustar a la gente, crear inquietud". "Lo que se pretende es hacer una ley que se aplique en España para dar un pasos en la convivencia entre los catalanes y el reto de España", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que han conseguido alcanzar una mayoría no para solo gobernar, sino poder llevar a cabo una legislatura con políticas sociales en materia de vivienda, empleo o educación, siguiendo "el mandato" de las urnas. "Cuando se habla de España (...) es el Congreso de los Diputados, porque es lo que votó España el 23J. Todos los 350 diputados son legítimos y todos elegidos con el voto de los ciudadanos", ha añadido.

Preguntado por la ausencia de la firma de sus socios, se ha limitado a responder que lo "importante" es que se haya presentado y "salga adelante".

Las claves de la ley: fechas y afectados

La ley, que los jueces tendrán que aplicar en un plazo de dos meses con carácter preferente y urgente, abarca, tal y como ya se sabía, más de una década del 'procés', desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, de tal forma que incluye a los responsables de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum ilegal del 1 de octubre, además de la declaración unilateral de independencia de Carles Puigdemont del 27 de octubre, entre otras acciones.

De momento fuentes socialistas han señalado que, según sus cálculos, la ley de amnistía podría beneficiar a 309 encausados independentistas y a 73 policías.

En el texto se propone amnistiar los delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, y quedarán amnistiados los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa y contable", ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña "de su preparación, ejecución o de sus consecuencias".

De esta forma, la amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas, sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. El perdón incluye una referencia directa al expresidente catalán, huido a Bélgica desde hace seis años, al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados: los ex consejeros Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Fin de la ley: "Resolver la tensión política, social e institucional"

"La amnistía abarca no solo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser, a modo de ejemplo, los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables", reza la ley, que añade: "así como todos los

actos objeto de la presente Ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver de acuerdo con las facultades que la Constitución confiere a las Cortes Generales".

"Esta amnistía constituye una decisión política adoptada bajo el principio de justicia en el entendimiento de que los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho no son, ni deben, ser inamovibles; toda vez que es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario", expone el preámbulo de la norma.

En la justificación de motivos para amnistiar el denominado proceso independentista, la ley dice que "estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales".

En la exposición de motivos se señala que esta desafección "podría agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no solo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos

e incluso a empleados públicos".

Justifica que la legalidad es "necesaria" pero a veces "no es suficiente"

Además, justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga por que el Derecho se adapte al contexto político.

La ley reivindica asimismo que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".

Recalca también que "al asumir las Cortes Generales esta decisión de política legislativa, no solo no invaden otros espacios, sino que, muy al contrario y en uso de sus competencias, asumen la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político".

Sin alusiones al 'lawfare'

El texto de la ley de amnistía no incluye ninguna alusión al "lawfare" o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales, un aspecto incluido en el acuerdo entre el PSOE y Junts que ha suscitado la crítica unánime de todo el ámbito judicial, aunque sí prevé la reforma del Código Penal para incluir la amnistía como causa expresa de extinción de la responsabilidad penal junto al indulto.

La ley excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en las directivas europea, que abarcan desde atentados mortales a la fabricación de explosivos, así como los de torturas. Esa exclusión deja ahora mismo en el aire una posible amnistía para dos de las causas abiertas al independentismo por terrorismo: la de las protestas de Tsunami Democràtic, en la que la Audiencia Nacional investiga al expresidente catalán Carles Puigdemont, y a Marta Rovira, así como la de los Comités de Defensa de la República (CDR) encausados por planificar actos de sabotaje en repuesta a la sentencia del proceso secesionista.