Silencio y miedo: la vida en la Ucrania ocupada

• Rusia está cometiendo violaciones de derechos humanos y contra el derecho internacional, e incluso crímenes de guerra, por la ocupación de los territorios en Ucrania y su estrategia de rusificación

La rusificación de los territorios ucranianos ocupados por Moscú implica el acceso a servicios básicos

El presidente ruso, Vladímir Putin, atacaba e invadía el 24 de febrero de 2022 a su vecina Ucrania después de que fracasasen todos los intentos diplomáticos para solucionar la guerra que se desarrollaba entre los separatistas prorrusos del este del país y el ejército de Kiev, tras la llamada revolución del Maidán de 2014 que acabó con un golpe de fuerza contra el presidente Yanukovich y su huida a Rusia y la ocupación y posterior anexión por parte de Moscú de Crimea.

Para entonces, los separatistas prorrusos, apoyados por Moscú, ya controlaban gran parte de la región del Donbás, situada al este, en la frontera con Rusia. El 21 de febrero de 2022, Putin reconocía la independencia de las autoproclamadas República Popular de Donetsk (RPD) y de Lugansk (RPL) y ordenaba el envío de tropas a estas dos regiones para "establecer la paz".

El presidente ruso justificó su llamada "operación militar especial" en Ucrania como necesaria para "proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev". Pero su ataque fue más allá del este de Ucrania e invadió el país por varios frentes.

El mismo día del comienzo de la guerra, el líder ruso aseguró que sus planes no incluían "la ocupación de territorios ucranianos" ni la imposición de nada a nadie por la fuerza. Unas declaraciones que sus acciones en estos casi dos años de contienda han demostrado falsas.

El 30 de septiembre de 2022, Rusia se anexionó las zonas ocupadas de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, que, junto con Crimea, suman casi el 20% del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania. Es difícil saber con exactitud cuántas personas viven actualmente bajo ocupación, la cifra podría superar con creces los 11 millones de personas. Según la ONU, de ellos, un total de 8,7 millones viven en las cuatro regiones anexionadas. Las autoridades de Crimea, ocupada y unida a Rusia desde 2014, afirman que en la península residen 2,5 millones de personas. Se calcula que, en los cuatro territorios anexionados, unos dos millones de ciudadanos ya han recibido pasaportes rusos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, promete que cumplirá con su máxima de "ninguna paz a costa de compromisos territoriales", mientras Moscú no ceja en su 'rusificación' de esas zonas.

Las Mañanas de RNE - Las políticas de rusificación sobre la población ucraniana - Escuchar ahora

La investigación

Mientras el frente sigue activo, los territorios ocupados se encuentran casi aislados. Las autoridades rusas impiden el acceso a observadores internacionales o a medios de comunicación extranjeros o si lo autoriza, es bajo su control y vigilancia. No es fácil conocer con detalle qué está ocurriendo en esos lugares y cómo viven sus habitantes su nueva situación en medio del silencio y el miedo.

Un equipo de periodistas de varios medios públicos europeos (España, Lituania, Suiza, Ucrania, Austria, Dinamarca y de la UER), bajo el paraguas de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), ha dedicado meses a recopilar informes y, a través de una combinación de investigación OSINT en fuentes oficiales rusas y entrevistas con expertos en derecho internacional, derechos humanos, historia y ciencias políticas, así como testimonios de quienes viven o han vivido en las zonas ocupadas, arroja luz sobre la situación.

Se han analizado también comunicados oficiales de las autoridades rusas. Los entrevistados que sufrieron la ocupación hablan de tortura, muerte, amenazas, intimidación, coacción, lavado de cerebro cultural y adoctrinamiento militar, persuasión y silenciamiento. Son algunos de los métodos utilizados por el Kremlin en su estrategia de "rusificación" diseñada por Putin. Su intención es ganarse las mentes, los corazones y los bolsillos de la población en los territorios anexionados.

Se encuentran atrapados entre la supervivencia bajo la ocupación rusa y la perspectiva de represalias e incluso persecución por colaboracionismo por parte del gobierno ucraniano.

El grupo de periodistas de investigación de los medios públicos europeos ha analizado con detalle si la estrategia rusa es contraria al derecho internacional y a los tratados de los que el país es parte, como los convenios de Ginebra y La Haya, y si se han producido o están produciendo crímenes de guerra o contra la humanidad. Hay algunas voces, como el historiador Timothy Snyder, que hablan incluso de genocidio, lo que niega el experto en este crimen, el profesor William Schabas.

Soldados rusos toman la ciudad donde vive Halyna y retiran los símbolos ucranianos. YANA TARASOVA

Son también objeto de investigación las leyes ucranianas sobre colaboracionismo y los miles de casos que se están llevando a juicio, a pesar de que representantes del gobierno ucraniano declaran que las personas bajo ocupación deben "hacer lo que puedan" para garantizar su supervivencia.

La investigación ha pivotado sobre cuatro pilares básicos y claves para que esa estrategia de rusificación pueda conseguir el objetivo perseguido: la 'pasaportización' forzosa como chantaje para poder acceder a servicios básicos, la educación, el reclutamiento militar y la cultura. Desde el Kremlin persiguen que la población de estos territorios se asimile a la rusa, con el apoyo de una serie de nuevas leyes sobre ciudadanía y un enorme presupuesto de reconstrucción.

Putin ha anunciado recientemente la concesión de casi 20.000 millones de euros para los próximos dos años a los territorios anexionados. La ciudad de Mariúpol, destruida durante los combates, está siendo reconstruida a gran velocidad dentro de un acelerado plan para convertirla en el símbolo del Kremlin de una nueva era de prosperidad y paz bajo la Madre Patria rusa.

La ciudadanía rusa forzosa

En marzo de 2023, el presidente ruso instaba a "poner orden" en la expedición de pasaportes rusos en las regiones ocupadas. "Cosas tan formales como la expedición de pasaportes, comprendo que probablemente haya dificultades, pero no que el ministerio no las pueda resolver. Les pido que pongan las cosas en orden y que lo hagan rápidamente. La gente quiere ser ciudadana de nuestro país, quiere obtener pasaportes", dijo Putin al ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, en una reunión. Se trataba también de acelerar al proceso de cara a las elecciones locales que se celebraron a principios de septiembre para contar con una mayor participación de los nuevos ciudadanos de las zonas ocupadas.

A lo largo de estos meses, se han sucedido las amenazas para obligar a los ucranianos de las regiones anexionadas a solicitar la ciudadanía rusa. "Los que no tengan pasaporte ruso no podrán recibir ayuda humanitaria, no podrán conseguir trabajo, no podrán recibir una pensión y una serie de prestaciones que la Federación Rusa proporciona", proclamaba en junio Alexander Petrovich Dudka, administrador local del asentamiento de Lazurnoye, en la región de Jersón.

En agosto, iba más allá y aseguraba tener una lista de personas que necesitan tratamiento con insulina a la vez que advertía que, en dos o tres semanas, si no solicitaban la nacionalidad rusa, no recibirían gratis el medicamento y tendrían problemas de salud.

También animaba a los padres a que sus hijos participen en actos organizados por la administración: "Les recomiendo encarecidamente que recuerden que viven en la Federación Rusa, que proporciona a los niños todo lo que necesitan: conocimientos, alimentación y libertad de movimientos. Por favor, no atenten contra los derechos de sus hijos", decía a los residentes de su localidad, recordándoles la necesidad de contar con el pasaporte ruso. Y añadía que tenía una lista de niños que no han ido a la escuela desde la ocupación. "De acuerdo con las leyes de la Federación Rusa, estos padres serán considetados responsables administrativa y penalmente. Y, después, les subiremos a autobuses y les llevaremos a la línea de demarcación pata enviarles a sus escuelas ucranianas", dijo, amenazándoles con la expulsión del territorio.

En junio, se supo que la administración rusa iba a crear centros de detención para "ciudadanos extranjeros" en Donetsk, en referencia a aquellos ucranianos que no tengan pasaporte ruso. Se advierte que podrían ser expulsados o deportados de su propia tierra.

"Los ciudadanos de Ucrania que viven en la región de Jersón y que no tienen pasaporte de la Federación Rusa son reconocidos como ciudadanos extranjeros", afirman en Telegram las autoridades rusas del distrito municipal de Skadovsky. Y añaden que tendrán que registrar sus huellas dactilares, hacerse fotos y compartir su ubicación con las autoridades rusas. En agosto, en Donetsk, Anastasia Selivanova, diputada del Consejo Popular, afirmaba que la posesión del pasaporte ruso allana el camino para las ayudas por maternidad, el seguro médico, los pagos sociales y el derecho de voto en el territorio ocupado.

El rublo, la única moneda en territorios ocupados por Rusia en Ucrania. YANA TARASOVA

Hasta mayo de 2023, Rusia había expedido 1,5 millones de pasaportes en los territorios ocupados, según el primer ministro, Mijaíl Mishustin. Los titulares de pasaportes ucranianos deben recibir un pasaporte ruso antes del 1 de julio de 2024 y quien se niegue será considerado extranjero y podrá ser deportado. Y se podrá retirar la ciudadanía a quienes se muestren críticos con la "operación militar especial" de Rusia. Incluso ha habido oficinas móviles en muchos lugares y los funcionarios se han trasladado a los domicilios de personas enfermas o con problemas de movilidad para hacerles el pasaporte ruso. Desde abril de 2022, a los niños nacidos en Mariúpol se les expiden documentos rusos, en Donetsk, desde septiembre de 2022, y en Jersón, desde febrero de 2023. Por lo tanto, serán ciudadanos rusos.

"La República Popular de Lugansk tiene la tasa más alta de pasaportización de las cuatro nuevas regiones. Ya lo han recibido tres cuartas partes de la población que debe tener pasaporte. Ya hemos superado el pico de recepción de solicitudes", se vanagloriaba en junio de 2023, Kirill Adzinov, alto cargo del ministerio ruso del Interior.

Una reportera ucraniana del equipo de investigación pudo confirmar a través de Halyna (nombre ficticio), una mujer a la que ya conocía antes de la ocupación, muchos de estos extremos. Vive actualmente en una de las ciudades ocupadas de Zaporiyia con sus dos hijos. No ha podido salir del territorio ahora anexionado. Se resistió durante meses a pedir la ciudadanía rusa pero, al final, tuvo que hacerlo y se vio obligada a matricular a sus hijos en la escuela rusa. No para de hablar sobre la presión que ejercen los ocupantes y el miedo que siente. No se atrevía a salir porque temía que la detuvieran en un control.

Éstas son sólo algunas de las formas en las que las autoridades rusas están aplicando la estrategia del Kremlin para acelerar la rusificación de la población ocupada en el este de Ucrania. Los mecanismos y métodos utilizados incluyen la limitación o imposibilidad de acceso a la educación, a la atención médica, a la vivienda, al empleo, a la libertad de circulación y a muchas necesidades y servicios básicos, si no se acepta la ciudadanía rusa.

Kateryna Rashevska, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos de Ucrania, denuncia que la Federación Rusa ha utilizado a veces también "algunas disposiciones de la legislación para utilizar la privación de los derechos de propiedad como un medio para obligar a la gente a obtener la ciudadanía rusa".

Por ejemplo, un decreto de Putin establece que los territorios ocupados son territorios fronterizos de la Federación Rusa y, por razones de seguridad, solo pueden ser propiedad de ciudadanos rusos. Así que, si los ucranianos quieren mantener el derecho de propiedad de sus hogares, han de solicitar el pasaporte ruso. "Lo primero que hace la Federación Rusa en esos territorios es eliminar todos los elementos desleales, por ejemplo, los medios de comunicación independientes, los representantes de la sociedad civil, etcétera. Por eso, la gente tiene miedo", añade Kateryna Rashevska. Explica también que, en Crimea, ya detectaron políticas de colonización y que ahora sucede lo mismo en los nuevos territorios ocupados con la llegada de jueces, médicos, profesores, directores de instituciones educativas, incluso empresarios rusos.

Alexander Samoilenko, presidente del Consejo Regional de Jersón desde diciembre de 2020 y coronel de policía retirado, señala que lo que se quiere es eliminar así lo ucraniano. La presión de los ocupantes no cesa, "es una especie de terror blando con el objetivo de rusificar a la población. Incluso hoy día es imposible enterrar a una persona sin permiso de las autoridades de ocupación. El entierro se lleva a cabo con pasaporte ruso o se deniega bajo cualquier pretexto", asegura Samoilenko.

Y añade que quienes obtienen pasaporte ruso pueden acabar alistados en el ejército del Kremlin. De hecho, según un informe del Ministerio de Defensa ruso, hasta junio de 2023, se habían movilizado 80.000 hombres de Donetsk y de Lugansk para la "operación militar especial" en Ucrania. El analista de CrimeaSOS, Yevgeny Yaroshenko, afirma que la expedición de pasaportes en los territorios ocupados conduce a la movilización.

Dmytro Lubinets, abogado y comisionado ucraniano de Derechos Humanos, conoce este aspecto de primera mano. "Mi ciudad natal es Volnovakha. Ahora está bajo ocupación", relata, "perdimos el control final sobre ella el 12 de marzo de 2022. Y vimos que habían pasado menos de tres meses, cuando la primera persona de Volnovakha fue movilizada, a finales de mayo". "Según nuestros datos", explica Lubinets, "aproximadamente 60.000 ucranianos pueden considerarse muertos entre los que fueron movilizados ilegalmente para el ejército ruso desde los territorios ocupados de Crimea, Donetsk y Lugansk, parte de las regiones de Zaporiyia y de Jersón. Y esto continúa cada día".

Educacion y propaganda

"En los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, el uso de la lengua ucraniana está prohibido de forma general y total", asegura tajante Lubinets. Las supuestas clases de ucraniano, según él, sólo lo eran sobre el papel para demostrar que los rusos se preocupan por los derechos de las minorías nacionales. La realidad es que, en junio de 2022, el ministro ruso de Educación, Serhiy Kravtsov, prometió adaptar la educación de los territorios ocupados a los estándares rusos, incluido el "suministro de libros de texto" y la formación de profesores.

Lo dijo durante una visita a Melitopol y añadió que Rusia había llegado para quedarse para siempre en la región de Zaporiyia y que la principal tarea en la enseñanza a los escolares es "contar toda la verdad sobre nuestros pueblos hermanos, sobre nuestros logros comunes, sobre nuestras victorias comunes".

En los planes de estudio de Historia, se dice que Ucrania siempre formó parte de Rusia y los alumnos de las regiones ocupadas ya estudian de acuerdo a los programas rusos. En abril de 2023, el Ministerio de Educación ruso anunciaba un nuevo libro de texto para los alumnos del curso 11, el último de Enseñanza Secundaria.

Expertos que lo han analizado coinciden en que muchos hechos reseñados son propaganda y falsos. Se habla de "operación militar especial", en lugar de invasión de Ucrania, por ejemplo. Según el ministro ruso de Educación, 5.000 profesores de los territorios ocupados se han reciclado en Rusia o Crimea y también se han trasladado profesores rusos a las zonas ocupadas. Según distintas informaciones, los profesores ucranianos que se niegan a la rusificación del plan de estudios son considerados traidores y pueden ser despedidos o sustituidos por rusos.

Andrey Jurijovics Kurkov es un autor ucraniano que escribe en ruso. Antes de la ocupación, vivía en Kiev. Explica que la forma más fácil para asimilar a los ciudadanos es utilizar el idioma: "Si obligas a los ucranianos a hablar ruso, poco a poco aceptarán que la cultura rusa es su cultura, no la ucraniana, que la historia rusa es su historia, no la historia ucraniana. Y obtendrás lo que Rusia quiere, cuatro millones más de ucranianos étnicos que son prácticamente ciudadanos leales a Rusia y que no tienen mentalidad ucraniana. Así que Rusia está intentando de nuevo borrar la mentalidad ucraniana de los territorios ocupados mediante esta rusificación forzosa, destruyendo los libros en ucraniano, prohibiendo la lengua ucraniana como lengua de enseñanza".

En las zonas ocupadas, como la región de Lugansk, se amenaza a los padres con privarles de la patria potestad de sus hijos, si estos no asisten al colegio y si no adquieren la nacionalidad rusa. Y solo las familias que llevan a sus hijos a las escuelas rusas reciben un pago único de 10.000 rublos (145 euros) y una suma mensual de 4.000 rublos (60 euros), anunciados por las autoridades rusas, en agosto de 2022, para los padres de estudiantes menores de 23 años. Las universidades que siguen funcionando en los territorios ocupados expiden solo diplomas rusos.

El historiador ucraniano, Artyom Petrik, lleva varios años trabajando en la Universidad de Klaipėda, en Lituania. La guerra le pilló en su ciudad natal, Jersón. Había ido a presentar un libro y no pudo salir. Permaneció durante toda la ocupación, hasta noviembre de 2022, escondido. "Si querías mantener tu identidad ucraniana bajo la ocupación, te enfrentabas al encarcelamiento, la tortura y la muerte", dice.

Explica detalles sobre la propaganda utilizada por los rusos. Resucitaron el periódico Komsomolskaya Pravda de la región de Jersón y, en su edición del 9 de mayo de 2022, cuando se conmemora el día de la victoria en la II Guerra Mundial, se puede leer: "Nada ensombrecerá nuestra celebración más importante: en una tierra liberada del fascismo hace 78 años, una nueva generación lucha ahora en una guerra heroica. Apreciamos el heroísmo de nuestros abuelos y estamos orgullosos de los héroes de hoy". Y, en la esquina izquierda de la página, un mensaje de Putin para los desfavorecidos socialmente: "No sólo es importante reconstruir los objetos destruidos, sino también desarrollar la economía" y "todos los pensionistas recibirán tarjetas bancarias". Cada número contiene algo relacionado con el presidente ruso.

Desde el comienzo del curso escolar, el 1 de septiembre de 2023, los alumnos y profesores de Rusia y de los territorios ucranianos ocupados disponen de libros de texto recién publicados sobre historia de Rusia e historia universal. Los autores del nuevo libro sobre historia rusa son Vladimir Medinsky, asesor de Putin, y Anatoly Torkunov, rector del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.

Soldados rusos asaltan una ciudad ucraniana con rifles. YANA TARASOVA

La estrategia de rusificación se realiza también con símbolos soviéticos. El periodo soviético se describe como exitoso, progresista y heroico. "Se hace referencia a Ucrania y a los ucranianos como "Banderovtsy", nacionalistas que se opusieron a la posguerra. Se trata de la nueva independencia después de los años 90 y siempre que se mencione la independencia de Ucrania, irá seguida necesariamente del añadido de "supuesta" independencia, "supuesta independencia de Ucrania declarada", explica Natalija Arlauskaitė, profesora de Relaciones Internacionales y Política en la Universidad de Vilna, que ha analizado los libros de texto en detalle.

"Cuando se lee este libro, vemos que es un texto directo de propaganda soviética. Sólo en el último capítulo se hacen 54 referencias a EE.UU. y Occidente en términos de supuestos planes agresivos contra Rusia. En otras palabras, se supone que Occidente sólo se dedica a destruir a Rusia. Todo lo que hacen está diseñado para destruir a Rusia. Todas las guerras que Rusia está librando al mismo tiempo no son guerras. De hecho, ni siquiera se trata de una invasión. Es una forma de mantenimiento de la paz", concluye Petrik.

Implicaciones legales

Si la invasión de Ucrania constituye un crimen de agresión y el traslado forzoso de población un crimen de guerra por parte de Rusia, la ocupación y anexión de territorios del país agredido constituyen también diferentes delitos y la estrategia de rusificación establecida por el Kremlin viola el derecho internacional y la ley de ocupación, así como los derechos humanos de los ocupantes. "El derecho internacional humanitario establece normas muy claras sobre lo que la potencia ocupante puede y no puede hacer. No pueden cambiar el gobierno porque es territorio ucraniano. Así que tienen sus obligaciones muy claras en virtud del derecho internacional humanitario, cómo tienen que comportarse", afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Aunque no todas las violaciones contra los derechos humanos o los delitos que se cometan durante una ocupación son crímenes de guerra o de lesa humanidad, el traslado forzoso de niños ucranianos desde los territorios ocupados a Rusia ya ha sido calificado de crimen de guerra. En febrero de 2022, esta red de investigación ya hizo pública una investigación sobre ese delito y Reed Brody, el veterano fiscal de crímenes de guerra, señaló a Putin y a su Comisionada para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, como responsables de ese crimen de guerra y de lesa humanidad.

Un mes después, el Tribunal Penal Internacional dictaba orden de arresto contra Putin y Belova por presuntos crímenes de guerra. "Para nosotros estaba claro que lo que estábamos viendo constituía una conducta delictiva. Solicitamos órdenes judiciales y los jueces independientes del tribunal emitieron esas órdenes tras un cuidadoso examen. Y creo que, en términos de consecuencias generales, la historia lo determinará", afirma Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional.

Serán los investigadores y los tribunales los que determinen qué otros crímenes y delitos y de qué tipo se están cometiendo durante está ocupación, aunque escuchando las explicaciones de los expertos está claro que son bastantes. El derecho internacional humanitario protege a la población ocupada y la fuerza ocupante tiene que actuar de acuerdo a la ley de ocupación, so pena de incurrir en la comisión de delitos, que pueden ser incluso crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Cordula Droege, jefa de la División Jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), explica las obligaciones del ocupante: "La potencia ocupante no adquiere soberanía sobre el territorio ocupado. La idea es que la ocupación es temporal y, por tanto, la potencia ocupante tiene que mantener el statu quo y no puede efectuar cambios permanentes en la economía, el sistema de gobierno, la organización política o, por ejemplo, la demografía del territorio ocupado. Por principio, la potencia ocupante debe satisfacer las necesidades básicas de la población ocupada".

La educación también tiene que ser en su propia lengua y según sus propias costumbres, etc. Y los civiles del territorio ocupado no pueden ser llamados a filas por el ejército de ocupación. "Hay ciertas violaciones de la ley de ocupación que constituyen infracciones graves de la Cuarta Convención de Ginebra que luego tienen que ser investigadas y perseguidas, si hay responsabilidades", dice Droege.

Carlos Castresana, fiscal experto en derecho internacional y en derechos humanos, añade que no se puede "cambiar a la gente de nacionalidad, ni de territorio, ni sacarlas del territorio que es su casa para trasladarlos contra su voluntad a otra parte. Y no se puede tampoco implantar tu población en los territorios que has ocupado". Y hay que tener en cuenta que la responsabilidad por violaciones de los derechos humanos corresponde a los Estados, mientras que por crímenes de guerra es individual, corresponde a las personas. "Es decir, que hay una cosa que puede ser Rusia incurriendo en responsabilidad internacional. Y otra cosa son determinados individuos, los dirigentes o los militares, o incluso los soldados, incurriendo en responsabilidad penal", concluye Castresana.

"La anexión del territorio está prohibida. Algunas de las violaciones también se consideran violaciones del Estatuto de Roma, por lo que se convierten en crímenes perseguibles. Así pues, todo lo que esté dirigido a introducir algún cambio permanente en la población es contrario a todo el espíritu de la ley de ocupación y sería una violación de esa ley, pero no necesariamente un crimen de guerra, porque no todas las violaciones de las leyes de la guerra son crímenes de guerra", advierte el profesor de Derecho Internacional Público y experto en genocidio, William Schabas. "Hay que tener en cuenta que, en el conflicto de Ucrania, las dos partes se han acusado mutuamente de cometer genocidio. Ninguna de las dos tiene argumentos sólidos. Es una guerra. Y una guerra es horrible y en una guerra ocurren cosas terribles en ambos bandos. Y eso lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania. Pero ninguna de las partes ha demostrado nada que se acerque a lo que es genocidio", sentencia Schabas.

En cuanto a verse forzados a coger la nacionalidad rusa, el profesor Schabas afirma que "depende si renuncian a su ciudadanía en Ucrania. Porque si no lo hacen, el hecho de que cojan otro pasaporte no les priva de su nacionalidad ucraniana. Y entonces siguen estando protegidos por la convención", concluye Schabas.

Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, tampoco cree que las violaciones cometidas por Rusia desde 2014, la reescritura de la historia y las presiones a las que se somete a la población en los territorios ocupados, sean crímenes de guerra. "Básicamente, el libro de texto es una herramienta de propaganda. Niega a los niños ucranianos el acceso a su propia cultura, a su propia historia", afirma. "Por el momento, no puedo hablar en nombre de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional no ha calificado estos actos de crímenes de guerra. Sin embargo, si se acumulan varios de esos actos de propaganda que conducen a la destrucción de la cultura y la historia, entonces sí se llega a un crimen de guerra. Lo que importa es poder decir que se están cometiendo crímenes, que se está expulsando a los ucranianos de sus propios territorios, de su propia casa. Y saben que, al obligar a otras personas a trasladarse a esos territorios, Rusia está cometiendo un acto de colonialismo.

Para Kateryna Rashevska, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos de Ucrania, Rusia está cometiendo crímenes de guerra contra la Convención de Ginebra al imponer la ciudadanía rusa y un crimen contra el Estatuto de Roma con la movilización forzosa de la población en los territorios ocupados. Rashevska explica que estas acciones pueden ser dos crímenes internacionales. Y se trataría de un crimen de guerra porque, según el Reglamento de La Haya y de la Convención de Ginebra, de la ciudadanía rusa impuesta se infiere como consecuencia muy importante que esas personas se ven obligadas a servir en las fuerzas armadas rusas, en el ejército del enemigo.

"Por eso, se trata de un crimen de guerra. Y también hay persecución discriminatoria, porque las personas que rechazaron la ciudadanía rusa, son expulsadas o deportadas porque no tienen razón legal para estar en estos territorios y otros que tienen la ciudadanía rusa, también pueden ser expulsados o deportados en el futuro, porque, por ejemplo, no son leales, violan las normas y disposiciones de la legislación rusa", sentencia Rashevska.

Rusia estaría así, con su estrategia de rusificación en los territorios ocupados, cometiendo, además de violaciones de los derechos humanos, otros crímenes entre los que ya hay de guerra y podría acabar habiendo contra la humanidad.

* Este artículo ha sido elaborado con la información de Emiliano Ros (RSI), Christoph Bendas (ORF), Louise Jensen (DR), Belén López Garrido (EBU), Indrè Makaraityte (LRT), Derek Bowler (EBU), Pilar Requena (RTVE), Lili Rutai (EBU) y Alla Sadovynk (UA:PBC).

Coordinación del proyecto: Belén López Garrido.