Ucrania se muestra implacable con los colaboracionistas

• Este artículo se ha elaborado con la investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión
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Un mercado local en un territorio ocupado por Rusia en Ucrania.

Quienes vivieron bajo la ocupación experimentaron sin duda alivio, cuando las fuerzas ucranianas recuperaron el control de las zonas donde vivían. Pero, tras la "liberación", llega el momento de ajustar cuentas, y muchos se encuentran con cargos penales por colaboracionismo. No resulta fácil distinguir con claridad las acciones que los ciudadanos realizan para sobrevivir bajo una ocupación y aquellas que pueden ser calificadas de colaboración con el enemigo.

En Ucrania, la definición de colaboracionismo no aparece en su legislación hasta el comienzo de la agresión de Rusia. Entre marzo y abril de 2022, poco después del comienzo de la invasión del 24 de febrero, se adoptaron enmiendas a la legislación penal ucraniana para el enjuiciamiento de diversas formas de colaboración con la potencia ocupante. Se introdujeron nuevos tipos de delitos, como el "colaboracionismo" (artículo 111-1 del Código Penal de Ucrania) y la "complicidad con el Estado agresor" (artículo 111-2 del Código Penal de Ucrania).

Las dos nuevas leyes criminalizan cualquier tipo de cooperación con el Estado agresor. Y se establecen castigos que van desde la privación del derecho a ocupar determinados cargos, multas y hasta 15 años de prisión, con o sin confiscación de bienes. Naciones Unidas y expertos ucranianos ya han alertado sobre condenas arbitrarias y excesivas. Además, estas leyes han dado lugar a sentencias muy diversas y basadas en pruebas débiles, según denuncian varios informes. Diversos expertos califican la legislación de imperfecta.

Más de 7.600 personas ya han sido procesadas por colaborar con Rusia. Algunas han sido culpadas de aportar información sobre objetivos militares al invasor, de participar en acciones represivas, pero también de enaltecimiento del enemigo por un mensaje publicado en una red social, por ser el bedel de un colegio en los territorios ocupados o por vender alimentos a las tropas rusas. También se considera colaboración en tiempo de guerra y ayuda al estado agresor apoyar la introducción del rublo en las zonas ocupadas, abrir cuentas de empresa en un banco ruso y pagar impuestos a la administración ocupante. Se considera que son actividades económicas en estrecha colaboración con Rusia y transferencia de recursos materiales a la misma.

El rublo, la única moneda en territorios ocupados por Rusia en Ucrania. YANA TARASOVA

Una aplicación de la ley irregular

De las 691 sentencias hasta septiembre, solos dos fueron absolutorias. La ley se está aplicando de forma irregular en todo el país, hay personas juzgadas en rebeldía sin su conocimiento y, en algunos casos, basándose únicamente en acusaciones anónimas. A menudo, los acusados no tienen acceso directo a asistencia letrada, si siguen viviendo en territorios ocupados.

Para Kateryna Rashevska, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos de Ucrania, hay importantes fallos en la ley ucraniana sobre colaboracionismo. "Quizás en el futuro tengamos algún proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que Ucrania sea declarada culpable por violación de algunos derechos humanos de personas que fueron declaradas colaboracionistas por nuestros tribunales", advierte Rashevska y añade que la ley no es suficientemente buena, ni suficientemente clara.

"El número de colaboracionistas y el número de procesos abiertos es enorme y nuestro sistema está sobrecargado". Rashevska señala también que la falta de claridad provoca que se manipule a las personas en los territorios ocupados. "Muy a menudo se les dice que, tras la liberación de estos territorios por los ucranianos, serán perseguidos, incluso, por ejemplo, por haber recibido alguna ayuda humanitaria de los rusos. Pero esto no es cierto. La Federación Rusa lava el cerebro a estas personas para hacerlas leales", afirma.

Soldados rusos toman la ciudad donde vive Halyna y retiran los símbolos ucranianos. YANA TARASOVA

Los profesores ucranianos que acepten enseñar de acuerdo al programa ruso también podrían ser procesados por actividades de colaboracionismo. Según la legislación ucraniana, los profesores que participen en propaganda rusa en las escuelas pueden ser condenados a penas de prisión. A mediados de septiembre, se habían abierto 19 procedimientos contra profesores en Ucrania, según la Policía Nacional del país. Otra de las cuestiones a debate es si se sancionará a aquellos que acepten el pasaporte ruso.

Dmytro Lubinets, abogado y comisionado ucraniano de Derechos Humanos, subraya que no se han abierto ni se abrirán procesos penales contra ciudadanos ucranianos que hayan recibido pasaportes rusos. "Los procedimientos penales son por actividades de colaboracionismo, por la elaboración de listas de ciudadanos proucranianos en el territorio temporalmente ocupado, por la participación en el trabajo de las autoridades de ocupación, por la organización de actos para promover la narrativa rusa. Por estas acciones específicas, Ucrania iniciará procedimientos legales. En el caso de la recepción de un pasaporte ruso, creemos que ocurre bajo coacción", aclara Lubinets.

Y señala que, en el caso del empleo, los ciudadanos pueden elegir entre trabajar para las autoridades de ocupación o trabajar para alguien del sector privado. Y que ahí habría una diferencia. "No podemos mostrar que no castigaremos a nadie por participar en el establecimiento de un gobierno ilegal y contribuir así a la violación de la inviolabilidad territorial del Estado de Ucrania. Está claro que habrá procesos judiciales por ello", concluye.

Antonina Shostak es una abogada de Zaporiyia que lleva diversos casos de colaboracionismo. Algunas de las personas acusadas son juzgadas en rebeldía. "Creo que las violaciones debidas a la imperfección del derecho penal conducen a que una persona sea privada de la oportunidad de defenderse, de elaborar una defensa para proporcionar pruebas de que estaba bajo presión", dice. "Una vez más, en mi opinión, esto es una clara violación de los derechos humanos", asegura. Se dan muchos casos en los que los agentes de la ley no distinguen el que una persona se vea obligada a realizar determinadas acciones bajo presión física y psicológica, lo que la libraría de responsabilidad penal.

"Se habla tanto de instrucción especial como de tribunales especiales, cuando el caso se examina en ausencia de la persona procesada. En mi opinión, este es un problema muy grave en nuestra legislación, porque, en primer lugar, se viola el derecho a proteger a estas personas. Soy incapaz de aportar pruebas que exoneren a mis clientes. Pueden estar bajo presión allí, tal vez fueron torturados, tal vez fueron forzados. No puedo aportar estas pruebas y el órgano de instrucción no contempla en absoluto esta situación y no la tiene en cuenta", relata Antonina Shostak. "Decimos que intentamos ir a Europa, nos adherimos a los valores europeos, pero, en realidad, no tenemos un sistema judicial que lo demuestre directamente", sentencia esta abogada de oficio de Zaporiyia.

Antonina es la abogada de un agricultor que pide permanecer en el anonimato. Fue acusado de colaboracionista, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. "Iba al hospital. Sufría problemas graves de corazón. Las fuerzas ucranianas me pararon de camino al hospital y me llevaron a Zaporiyia. Me metieron en prisión preventiva. Estuve incomunicado tres días", relata.

Explica que su único delito es estar vivo, que se basaron en cartas anónimas, pero no pudieron probar que fuera un colaboracionista. Le dejaron en libertad por un acuerdo con el fiscal, previo pago de 170.000 jrivnias. "En Ucrania, no hay ley. Hoy soy un enemigo para mi país. Todos los que se quedaron bajo la ocupación serán culpables. Todos serán declarados colaboradores. Dirán: '¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste?", denuncia pidiendo justicia.

El colaboracionismo, la gran incógnita

La legislación ucraniana aplicable por colaboración con el enemigo amenaza a muchos ucranianos bajo ocupación por falta de una definición clara de lo que constituye colaboracionismo. Además, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los jueces ucranianos también consideran que la legislación en este ámbito es imperfecta, según explicaron defensores de derechos humanos del centro ucraniano Zmina, el pasado 30 de octubre. Con los conceptos de "colaboracionismo" y de "complicidad con el Estado agresor", el Estado intentó abarcar todos los tipos de posible colaboración de la población con los ocupantes y establecer los límites de las actividades permitidas y prohibidas en los territorios ocupados.

"Observamos que los diputados quieren endurecer las penas -aumentar las penas de prisión y las multas-, en lugar de hacer una revisión exhaustiva de los enfoques de la persecución penal. Pero, en nuestra opinión, tal enfoque no ayudará a lograr justicia en el castigo del colaboracionismo", afirma la directora de Zmina, Alena Lunova. A esto se suma que los investigadores están sobrecargados y no tienen tiempo para llevar a cabo todas las investigaciones necesarias. Así, acaban limitándose a establecer la identidad y la base probatoria mínima para presentar un caso ante el tribunal y no examinan con más detalle y detenimiento todas las pruebas que pueden recopilarse.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tampoco oculta su preocupación ante el hecho de que la ley tipifique como delito las "actividades de colaboración", sin definir estas actividades u otros términos importantes con suficiente precisión para que las personas puedan regular su conducta y prever razonablemente las consecuencias jurídicas de sus acciones u omisiones.

Esto suscita preocupación respecto al cumplimiento de la ley con el principio de legalidad y supone un riesgo de detención arbitraria. De hecho, el organismo de Naciones Unidas ya ha documentado la detención de varios civiles que participaban en la distribución de ayuda humanitaria en los territorios ocupados por Rusia.

Y hay que tener en cuenta que el derecho internacional exige que la potencia ocupante administre el territorio ocupado en beneficio de la población local y garantice el funcionamiento continuado de instalaciones educativas y médicas. Y prevé que el ocupante pueda obligar a las personas protegidas a realizar trabajos necesarios para la alimentación, el refugio, el vestido, el transporte o la salud de la población del territorio ocupado.

Soldados rusos asaltan una ciudad ucraniana con rifles. YANA TARASOVA

Por tanto, la ley ucraniana sobre colaboración corre el riesgo de criminalizar conductas que las personas están realmente obligadas a realizar en virtud del derecho internacional humanitario. En su informe del 19 de octubre de 2023, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas recomienda a Ucrania enmendar su código penal para aclarar la definición de "actividad de colaboración", a fin de evitar la inseguridad jurídica y el daño a la cohesión social.

Reconoce que Ucrania se enfrenta a una enorme carga de casos con limitados recursos y le pide ultimar una estrategia de investigación y enjuiciamiento que dé prioridad a los casos sobre la base de criterios claros y garantizar el debido proceso y un seguimiento transparente.