Los retos del nuevo Gobierno en un clima de tensión política: de lidiar con la amnistía a bajar el déficit y el paro juvenil

• Las familias siguen sufriendo la subida de precios y de tipos de interés mientras continúan las guerras en Ucrania y Gaza
• La primera prueba de confianza para el Ejecutivo de Sánchez llegará en junio de 2024, coincidiendo con las elecciones europeas
• Sigue el directo la última hora sobre la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Amnistía, deuda y transferencia de competencias: los retos del nuevo gobierno de Sánchez

Una vez superada la investidura y conocidos los nuevos ministros del Gobierno, toca ponerse a trabajar. Y es que Pedro Sánchez tiene por delante una legislatura cargada de retos que van de lo económico a lo territorial, pasando por lo social, y en los que la agenda internacional seguirá estando muy presente.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo tendrá que lidiar con el actual clima de tensión política y sudar la camiseta para impulsar cualquier trámite parlamentario, pues apenas cuenta con margen de error.

Todo mientras continúa la guerra en Ucrania y en Gaza, cuyas consecuencias aún son impredecibles; la economía europea está estancada y las familias españolas siguen sufriendo los efectos de una inflación que no termina de bajar y de la subida de tipos de interés para controlarla. Estos son los principales retos del nuevo Ejecutivo:

Consecuencias de la amnistía y reforma de la financiación

El reto territorial será el que previsiblemente marque la legislatura, ante los compromisos alcanzados con los partidos nacionalistas a cambio de sus votos. Entre otros, el Gobierno deberá lidiar con las consecuencias de la aprobación de la ley de amnistía, tanto las políticas que ya se están sintiendo en las calles como las judiciales. Pero también de la condonación de un 20% de la deuda que las comunidades mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que beneficiará en mayor medida a Cataluña, al ser la que más adeuda (73.110 millones de euros). El resto de autonomías, sobre todo las gobernadas por el PP, ya ha mostrado su descontento.

A ello se suma una tarea que se quedó a medias de la anterior legislatura: la reforma del sistema de financiación autonómica. Y otra que se remite al año 2018: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en diciembre va a cumplir cinco años bloqueado.

Vuelta a la contención fiscal y reducción del paro juvenil

En 2024 vuelven las reglas fiscales, que obligan a los Estados miembros a registrar un déficit público inferior al 3% y una ratio de deuda pública por debajo del 60% del PIB. Fueron suspendidas tras el golpe de la COVID-19, pero la Comisión Europea ya ha anunciado que se retoman en el próximo ejercicio, aunque aún no está clara la fórmula que se seguirá.

Tanto el Gobierno como la AIReF ven posible que se consiga en el caso del déficit (ya que el objetivo de deuda es prácticamente imposible lograr a corto plazo), aunque diversos organismos económicos advierten de los riesgos de seguir manteniendo las ayudas generalizadas para contrarrestar el repunte la inflación, entre ellas, la bajada del IVA, cuya prórroga parcial anunció Sánchez en el Congreso el pasado miércoles.

En el terreno laboral, el nuevo Ejecutivo se ha marcado lograr el pleno empleo al final de la legislatura (esto es, situarse en una tasa de paro en torno al 8%), si bien antes deberá hacer frente a uno de sus principales problemas: el elevado desempleo juvenil. Aunque la tasa se ha reducido en los últimos meses, España se sitúa a la cabeza de Europa (27,8% en septiembre, último dato disponible), seguido de lejos por Suecia e Italia (21,9%).

A ello se une el reto de la productividad. Según datos de Eurostat, una hora de trabajo española produce menos valor económico que la de franceses, italianos o alemanes. Y lo hacen, además, trabajando menos tiempo: los españoles dedican una media de 36,6 horas a la semana a trabajar, mientras en Francia, Italia o Alemania se sitúan por debajo de esta cifra.

“Impulsar una cultura laboral distinta que apueste por una mejor conciliación de trabajadores y trabajadoras. España tiene que ser un país donde la gente trabaje para vivir y no que viva para trabajar”, señalaba el presidente del Gobierno en su discurso tras anunciar el compromiso de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que creen que no afectará a la ya de por sí baja productividad española, en contra del criterio de oposición y empresarios.

Además, durante los próximos cuatro años se debe producir el despliegue definitivo de los fondos europeos, un gran aliciente para la atracción de empresas estratégicas. Hace un mes, los Veintisiete aprobaron formalmente la adenda al plan de recuperación español, por lo que España tendrá acceso en los próximos años a 83.200 millones de euros en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones hasta 2026, que se suman a los 70.000 millones de la primera fase.

Más vivienda social y cese de la violencia machista

Mayores serán aún si cabe los retos en el terreno social. Las familias españolas han visto sus finanzas personales deterioradas por el histórico aumento de precios (la inflación ha llegado a situarse en cifras que no se veían en tres décadas) y esto ha provocado un aumento de la desigualdad: ya son más de 12,3 millones las personas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España (un 26% de la población).

Por si fuera poco, se ha acentuado el número de trabajadores que, pese a tener un empleo, se encuentran en situación de pobreza (una de cada tres) debido a sus precarias condiciones laborales; mientras los salarios siguen sin ser suficientes para comprar una vivienda (sobre todo en el caso de los jóvenes) e incluso para vivir de alquiler. Cabe recordar que la vivienda social en España no llega al 3%, una cifra que se sitúa en mínimos de 40 años y a la cola de la UE, donde países como Francia, Austria o Dinamarca superan el 15%.

Entretanto, los días para ser atendido por un médico de cabecera siguen preocupando y ya duplican a los registrados en los últimos veinte años, esto es, una media de 8,57 días, según el Barómetro Sanitario 2023, que realiza el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El nuevo Ejecutivo deberá, por tanto, seguir prestando atención a la maltrecha situación de una sanidad que aún no se ha recuperado del golpe de la COVID-19.

Y, todo ello, sin olvidar la salud mental, un problema que se ha multiplicado en los últimos años y que afecta, sobre todo, a los más jóvenes.

Aunque si hay un reto primordial esta legislatura es acabar con la lacra de la violencia machista. En lo que llevamos de año, el número de mujeres asesinadas por motivos de género en España asciende a 52 y ya son 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos.

Atención a la emergencia climática y más energías limpias

Al mismo tiempo, la emergencia climática sigue estando muy presente en España. Prueba de ello es el incremento de los fenómenos extremos, la reducción de las precipitaciones y el impacto de la sequía, las olas de calor más prolongadas y el aumento de temperaturas máximas y mínimas. El nuevo Gobierno deberá, por tanto, atender a esta situación, al tiempo que avanza con los compromisos de neutralidad climática.

Para ello, será fundamental implementar las denominadas "energías limpias”, a la vez que se mejoran las interconexiones energéticas con el resto de Europa. También será necesario acelerar la electrificación del país y, con ello, la red de infraestructura de recarga y las ventas de vehículos eléctricos; mientras se apuesta por la reforma de viviendas para que sean más eficientes y puedan ahorrar energía con el mismo consumo.

Sin olvidar el desafío de la despoblación, que dificulta la prestación de servicios básicos en los territorios con menos habitantes. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, pese al crecimiento demográfico, tres de cada cuatro municipios en España han perdido población en la última década.

Guerras en Ucrania y Gaza y control de la migración irregular

En el sector exterior, lidiar con los efectos de dos guerras a las puertas de Europa, en Ucrania y Gaza, serán dos de los retos prioritarios. Además, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China previsiblemente seguirán marcando la agenda internacional.

Y, por último, otro gran desafío: el control de la migración irregular, que este año cerrará con un nuevo récord tras aumentar en un 118% las llegadas a Canarias. Para conocer el alcance basta con ofrecer un dato: solo en octubre alcanzaron las costas de las islas prácticamente el mismo número de todos los migrantes que arribaron entre enero y septiembre. Deberá ser, por tanto, una prioridad para el Ejecutivo hacer frente a una situación de emergencia que está desbordando a islas como El Hierro, donde la población no supera los diez mil habitantes.

En total, más de una decena de objetivos prioritarios que el nuevo Ejecutivo de PSOE y Sumar tendrán que hacer frente durante los próximos cuatro años. La primera prueba de confianza llegará en junio de 2024, coincidiendo con las elecciones europeas.