Vecinos y activistas logran suspender el desahucio al que se enfrentaba una mujer de 78 años por no pagar 88 euros
- La propietaria, que se dedica al alquiler de pisos turísticos, la ha llevado a tribunales por una deuda de 88 euros
- La vecina inicialmente no pagó el importe por unas obras que consideró que no se habían ejecutado bien
Un grupo de vecinos y activistas del movimiento por la vivienda ha conseguido este miércoles suspender temporalmente el desahucio de una mujer de 78 años, Blanca, que vive en su domicilio del centro de Barcelona desde hace 55 años.
Fuentes de Resistim al Gòtic, una de las entidades sociales de apoyo a inquilinos, ha informado de que la propiedad de la vivienda de Blanca parece predispuesta a negociar un alquiler, que podría ascender a unos 1.000 euros, cuando ahora la mujer paga 338 euros por tratarse de una renta antigua.
La anciana "no se enteró" de una factura que le pasó la propietaria
Pardo ha explicado que la propietaria le jugó "una triquiñuela" a Blanca cuando compró todo el inmueble en 2010: "Hizo unas obras en el piso, además mal hechas, y le pasó a Blanca una factura de 88 euros, pero la anciana no se enteró", ha relatado. Esta deuda se ha incrementado a 177 euros.
En lugar de intentar cobrar este importe en primera instancia, la propietaria acudió a los tribunales para lograr que le autorizaran un desahucio.
Decenas de activistas se han reunido desde primera hora delante de las puertas de la vivienda, situada en el Barri Gòtic de Barcelona, una concentración a la que también ha asistido la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach.
La comitiva judicial que ha acudido para el desahucio ―no han aparecido fuerzas de seguridad― ha estado negociando con los mediadores municipales para ver cómo resolver el problema. Un médico forense también se ha desplazado para evaluar la salud de la mujer.
La ejecución del desahucio estuvo prevista para 2020
Según el historial judicial, la ejecución del desahucio estuvo en un primer momento prevista para 2020, pero se suspendió por la COVID19.
Los siguientes intentos en ese año y en 2021 volvieron a retrasarse por falta de médico forense y por la petición de la mujer de ser considerada vulnerable para impedir su salida de la vivienda.
Según el último auto del tribunal de primera instancia, del pasado mes de junio, la arrendataria sin embargo "no se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica" y de hecho "contaba con alternativa habitacional desde el año 2010", así como con recursos económicos como para "mantenerse por sí misma".
El juzgado señalaba en su escrito que por ello no podía seguir manteniendo "la suspensión del lanzamiento".
Tras una larga mañana de nervios y tensión, en la que Blanca ha contado con el apoyo de diversas organizaciones de la vivienda, como el Sindicat Habitatge Raval, Sindicat de Barri del Poble Sec, la citada Resistim al Gòtic y el Sindicat de Llogateres i Llogaters, el desahucio no se ha llevado a cabo.
La vivienda está situada en la calle Boters, en pleno centro antiguo de Barcelona y muy cercano a la Catedral y las Ramblas, una zona muy codiciada para establecer pisos turísticos.
La tensión de la jornada ha sido muy grande para la mujer, que ha tenido que ser evaluada por un médico forense, dada su edad, han asegurado las mismas fuentes.