Sumar se querella por "prevaricación" contra el presidente y los vocales del CGPJ que se pronunciaron contra la amnistía

• Guilarte y los vocales conservadores hicieron una declaración antes de que existiera el texto de la ley de amnistía
• Sumar cree que se extralimitaron en sus competencias al realizar un "acto político" con acusaciones "gravísimas" al Gobierno

Sumar se querella por "prevaricación" contra el presidente y los vocales del CGPJ que se pronunciaron contra la amnistía

Sumar ha interpuesto este viernes una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo por su "inaceptable intromisión" en la función legislativa del Congreso, al autorizar y participar en el Pleno extraordinario que propició la declaración institucional contra la ley de amnistía

Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitación de ejercer cargo público, por promover una resolución "ilegal", "arbitraria" y que excede las competencias del CGPJ, según el texto de la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En una entrevista en TVE, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), ha confirmado dicha querella y la ha justificado en que “fue una auténtica irregularidad” que los vocales y el presidente interino se pronunciaran "sobre un texto que no existía”, y ha recalcado que se trata de un Consejo que lleva “de manera irregular” por su situación de interinidad desde hace cinco años.

Por su parte, Guilarte ha opinado antes de reunirse este viernes con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el movimiento de Sumar es "una maniobra política que no tiene sentido". Bolaños, por su parte, ha desmarcado la querella del PSOE.

El CGPJ aprobó con su mayoría conservadora el pasado 6 de noviembre una declaración en la que afirmaba que la amnistía "violenta la Constitución", aunque en ese momento no se conocía el texto de la ley, que no había sido registrada aún por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Aquel pleno se convocó sin consenso entre el CGPJ y la declaración tampoco fue consensuada.

Los ocho magistrados contra los que se dirige la querella

De esta forma, Sumar la querella se dirige contra los ocho promotores de la declaración, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.

También contra Wenceslao Olea (que votó a favor) y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contra la futura ley de amnistía. Es decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.

De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.

Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.

Sumar pone de relieve que esa resolución, que alertaba de que la amnistía supondría la "abolición" del Estado de Derecho, "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.

"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.

Considera que los jueces se extralimitaron en sus competencias

El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.

Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el grupo de Sumar, Enrique Santiago, ha estado en el 24 horas de RNE y ha remarcado que el objetivo es "acabar con la impunidad, dejar claro que nadie está por encima de la ley". Y ha añadido: "Hay que poner fin a la politización de la justicia y más por un CGPJ que lo que debería de haber hecho hace tiempo es dimitr".

24 horas - Enrique Santiago (Sumar): "Hay que poner fin a la politización de la justicia" - Escuchar ahora

Dentro de esta idea, Sumar también destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político".

Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración.

E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.