El juez de Tsunami pide datos al Ministerio de Transportes, la OTAN y la UE sobre el "bloqueo" del aeropuerto de El Prat

• Ofrece también personarse a la familia del turista francés fallecido en El Prat

Imagen de archivo de las protestas en el aeropuerto de El Prat de Barcelona convocadas por Tsunami Democràtic para protestar por la condena a los líderes del 'procés'.

El juez que investiga a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha pedido a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la OTAN, el Ministerio de Transportes, la Unión Europea, datos sobre las incidencias en el tráfico aéreo por el "bloqueo" del aeropuerto de El Prat en Barcelona durante las protestas por la sentencia del 'procès' en 2019 y ofrece personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto en el marco de los disturbios desatados en el aeródromo.

Con estas nuevas diligencias se trata, explica el juez, de profundizar en el impacto que estos hechos "pudieron tener en la aviación civil nacional e internacional, pues la acreditación de estos extremos resulta esencial para la calificación del hecho ocurrido en el aeropuerto de El Prat como acción terrorista".

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional anuncia que todos los datos que recabe al respecto los enviará al Tribunal Supremo, al que ha pedido que asuma esta investigación por afectar a aforados como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Cree que los hechos pueden ser delito de terrorismo

En un auto, el titular del Juzgado, insiste en que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat encaja en delitos de terrorismo porque se trata de un 'hub' aéreo, considerado por tanto "infraestructura crítica", con cuyo "bloqueo" se perseguía "desestabilizar gravemente el funcionamiento (...) de las estructuras económicas o sociales del Estado".

A lo largo de 31 páginas, el instructor relata lo ocurrido aquel día. Así, recalca que comenzó a través de una convocatoria de Tsunami Democràtic por redes sociales: "Todo el mundo al aeropuerto". Un llamamiento, precisa, que se tradujo en la llegada de 8.000 manifestantes a las instalaciones de El Prat con el objetivo de "detener la actividad del aeropuerto de Barcelona".

García Castellón se hace eco de los informes policiales recibidos, según los cuales, "se consiguió bloquear la entrada y salida de personas de vehículos de la Terminal 1", que "quedó totalmente inutilizada". Con todo, no duda de que "la acción puso en peligro la seguridad del aeropuerto" y la "seguridad aérea", con "un peligro claro" para agentes, asaltantes y viajeros.

Se dirige a ENAIRE, AESA, AENA y la OTAN

En concreto, el juez se dirige a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), a AENA, e incluso a la OTAN, "a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para que precisen las incidencias ese día en El Prat y en el tráfico aéreo nacional e internacional.

El juez quiere saber, por ejemplo, si se tuvo que desviar algún vuelo o si los disturbios de El Prat afectaron al funcionamiento de aeropuertos nacionales e internacionales.

A la OTAN le pide además que si se hubiera registrado alguna incidencia "proceda a su desclasificación, en el caso que esté clasificada como secreta, para su incorporación al procedimiento penal".

También pide recabar del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto ese día y todos los registros que tengan de aquel día en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento del ciudadano francés de un infarto y sobre su traslado al hospital en helicóptero, mismo requerimiento que hace al 112, mientras que al Hospital de Bellvitge, a donde se le trasladó, le pide el historial médico completo del ciudadano francés.

Ofrece a la familia del ciudadano francés personarse

Por otra parte, el juez Manuel García Castellón ha ofrecido personarse a la familia del turista francés fallecido. Sobre esta muerte, el magistrado cursa una Orden Europea de Investigación (OEI) a Francia para identificar a los familiares del fallecido y ofrecerles ejercer la acusación; e interrogar a su mujer, que le acompañaba ese día, para obtener "todos los datos" para "esclarecer en qué medida" los disturbios acaecidos en El Prat ese día "pudieron afectar al fatal desenlace".

En la misma línea, recuerda las declaraciones a la prensa de la hija del fallecido en las que afirmó que "cree que las circunstancias que se dieron en el aeropuerto influyeron en la dolencia cardiaca de su padre" hasta el punto de que llegó a decir que "su muerte fue a causa de esto", preguntando al periodista si podían denunciar.

Pide incluso a la Guardia Civil que haga "una comprobación pericial" sobre la distancia entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto y el hospital de Belvitge, el tiempo que necesita una ambulancia desde en ese recorrido y "si resulta justificado el uso de un helicóptero". Además se dirige a AENA para que informe de quién y por qué razón autorizó ese traslado en helicóptero.

El juez recuerda que la autopsia de este ciudadano apuntó a la "presencia de una enfermedad potencialmente letal y avanzada como para explicar la muerte, pero sin evidencia de una lesión estructuralmente letal" y a que el diagnóstico "está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte". "Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto", incide.

Daños económicos

Por otro lado, el instructor se refiere a los perjuicios económicos ocasionados por 'Tsunami Democràtic', cifrándolos en al menos 1.793.018,25 euros, en base a las valoraciones enviadas por el Ministerio de Transportes y las propias compañías aéreas a la Audiencia Nacional.

De éstas, "Vueling fue la más afectada", con un daño económico de 978.000 euros, por los 169 vuelos cancelados ese día, a los que se suman los 815.018,25 euros señalados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por los daños materiales y el lucro cesante, aunque apunta que AENA elevó esa cifra a 1.217.595 euros.

El auto del juez recoge un informe de los Mossos que señala que los manifestantes "también bloquearon el acceso por carretera a la torre de control del aeropuerto del Prat", a cargo de ENAIRE, y este bloqueo impedía que los controladores aéreos pudieran salir de las instalaciones, poniendo en riesgo su relevo, lo que pudo llevar al cierre del tránsito aéreo de no haber sido por la acción de los agentes.

Esto implica, según el magistrado, que los Mossos "eran conscientes del riesgo catastrófico que suponía en ese momento la acción de bloqueo de la torre de control de ENAIRE, y las consecuencias que tenía para el tráfico aéreo impedir el relevo de los controladores aéreos".

El juez sostiene que la mayor parte de esos 8.000 manifestantes que se llegaron a congregar en El Prat acudieron a la llamada de Tsunami Democrátic y destaca el "alto grado de violencia" que se llegó a producir con lanzamiento de varios objetos y pirotecnia, que causaron heridas a algunos agentes y unos desperfectos materiales valorados en más de 2 millones de euros.

Investigar si trataron de influir en las elecciones

Por último, el instructor añade que "la investigación ha permitido comprobar que Tsunami Democràtic trató de influir en el proceso electoral", de modo que "el día 1 de noviembre de 2019, con motivo de las Elecciones Generales previstas para el día 10 de noviembre, convocó a través de Twitter y Telegram a sus seguidores a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC)".

En concreto, recuerda que durante la jornada de reflexión del día 9 de noviembre se organizaron "una serie de actividades culturales, políticas y festivas en todas las ciudades, pueblos y barrios del territorio de la comunidad autónoma catalana, pretendiendo, con ello, interferir en el proceso electoral".

A este respecto, se dirige a la JEC para que informe "sobre las actuaciones realizadas en relación con los hechos que tuvieron lugar a la jornada de reflexión", especificando si "se llegó a efectuar algún requerimiento para impedir que se desarrollaran estos actos, a quién y el resultado"; al Ayuntamiento de Barcelona y a la Delegación del Gobierno, para que informen sobre los actos autorizados; y a la Guardia Urbana, sobre las actuaciones llevadas a cabo.

En cualquier caso, encarga a la Guardia Civil que investigue si durante los actos celebrados en la jornada de reflexión "se efectuaron proclamas, discursos, mensajes o cualquier otro acto de naturaleza política expresamente prohibido por la LOREG".