El cierre de los regadíos ilegales y 1.400 millones en ayudas: claves del acuerdo entre Junta y Gobierno para Doñana

• El Ejecutivo central aportará 700 millones de euros, una cifra similar a la del Gobierno autonómico
• Los agricultores podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea a cambio de dejar de cultivar sus tierras

Gobierno y Junta andaluza llegan a un acuerdo para proteger Doñana

El Gobierno y la Junta de Andalucía han presentado los detalles del acuerdo alcanzado sobre Doñana, después de semanas de negociaciones, que contempla inversiones de 1.400 millones de euros para las 14 localidades del entorno del área de influencia del Parque Nacional, así como el cierre de los regadíos ilegales. La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno, han sido los encargados de dar a conocer los puntos del acuerdo, por el que el Gobierno autonómico se compromete a retirar el proyecto de ley que suponía legalizar cientos de hectáreas de cultivo de Doñana.

Los términos incluyen el compromiso del Gobierno de España de duplicar la inversión al parque de Doñana y los pueblos que conviven con la reserva natural, cuyo montante ascenderá a más de 700 millones de euros, una cifra que supone 350 millones más de los 356 millones comprometidos inicialmente en noviembre de 2022 para la restauración del espacio natural. Este dinero se sumará a otros 700 millones aportados por la Junta de Andalucía.

Gobierno central y andaluz ponen así fin a dos años de enfrentamientos por Doñana. Desde que en enero de 2022 se presentara la primera proposición de ley hasta ahora, ambas administraciones han mantenido una tensión que ha traspasado las fronteras españolas, con numerosas amenazas y amonestaciones por parte de la Unesco y de la Comisión Europea.

100.000 euros por hectárea

Gracias al nuevo acuerdo, los agricultores de la Corona Norte de Doñana podrán recibir una ayuda de hasta 100.000 euros por hectárea, que cobrarían en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y "renaturalizar o reforestar" los suelos, según ha precisado el presidente andaluz. De esa ayuda, 70.000 euros serán aportados por el Gobierno central, mientras que la Junta destinará 20.000 euros y la Diputación de Huelva aportará los 10.000 restantes.

Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, ha precisado Moreno, las ayudas serán "bastante menores".

En términos generales, los más de 1.400 millones de euros se invertirán en renaturalizar superficies dedicadas a la producción agraria, fomentar la agroindustria, promover cultivos alternativos de secano y promover otras industrias que den trabajo a la zona más allá de la agricultura. De ellos, casi 8 millones se destinarán a reforzar el cierre de pozos ilegales, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos de regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial; además de otros 156 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.

"Se trata de un acuerdo que pone fin a presiones sobre un tesoro natural como pocos hay en el mundo. Un acuerdo que nos compromete con los vecinos y con los municipios del área de influencia del parque nacional, que ofrece un horizonte de oportunidades reales, de justicia social, de reforzamiento de servicios municipales", ha valorado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el acuerdo supone "un avance histórico" y una "solución de consenso positiva para todos". "Todo el mundo gana y nadie pierde", ha sostenido en la red social X (antes Twitter), donde también ha señalado que hoy es "un buen día para Andalucía y para España".

En la rueda de prensa posterior al anuncio, Moreno ha sostenido que este acuerdo "demuestra que el diálogo funciona cuando se practica de una manera sincera y siempre buscando el interés general como gran objetivo",

El portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado en el programa 24 horas de RNE que dan "una solución a una situación injusta: la de los agricultores afectados por el plan de 2014".

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Agricultores puerta de Doñana, Manuel Delgado, ha precisado que, ante las ayudas, prefiere esperar a la "letra pequeña".

Para el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Eloy Revilla, el acuerdo alcanzado sobre medidas para el Parque de Doñana y su entorno es "muy positivo". "Por fin se está consiguiendo poner de acuerdo a distintas administraciones", ha expresado en declaraciones a los periodistas.

Además, el acuerdo se ha firmado en presencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, uno de los científicos más críticos con la situación del espacio natural y que más había urgido a un entendimiento entre las administraciones central y autonómica.

El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana y representante de la plataforma 'Salvemos Doñana', Juan Romero, ha manifestado que espera que el acuerdo alcanzado "sea una realidad", ya que "no es el primer plan de desarrollo sostenible que se presenta y que se incumple sistemáticamente", toda vez que espera que con él "se logre la paz social y ambiental que se necesita".

"Diálogo" con todas las partes

El pasado 3 de octubre, Moreno y Ribera anunciaban que se posponía la aprobación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana en el Parlamento andaluz y que ponían en marcha un "diálogo" con todas las partes, en principio de un mes, para buscar una solución tanto a este asunto como al desarrollo territorial de la comarca.

Para ello se formó un grupo de trabajo que se reunió el pasado 9 de octubre y que, desde entonces hasta ahora, ha mantenido encuentros y recibido aportaciones de los distintos agentes económicos y sociales de la comarca para buscar una solución lo más consensuada posible.

El acuerdo ha tomado como referencia al de la Oficina Técnica del Mar Menor (Murcia), con el objetivo de marcar las actuaciones prioritarias en el Parque Nacional andaluz y proteger el ecosistema junto con las condiciones socioeconómicas en la zona.