Podemos se querella contra el juez García Castellón por persecución judicial

• Le acusa, junto al magistrado de refuerzo, de presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber
• El partido reprocha la apertura de diligencias por su supuesta financiación irregular a través de Venezuela

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa, en la sede de Podemos, a 27 de noviembre de 2023.

Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por considerar su actuación un "ejemplo de lawfare" contra el partido, esto es, persecución judicial por razones políticas con la única intención de "perjudicarles".

Se le acusa de presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y la omisión del deber de perseguir delitos en una querella que incluye también al magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadealos.

Investigación "prospectiva"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha expuesto en una rueda de prensa que el escrito contra el magistrado de la Audiencia Nacional se presentó hace una semana y se motiva por la apertura de diligencias por la supuesta financiación irregular de Podemos a través de la vía venezolana y que fue archivada finalmente en marzo de 2022 por ser considerada una investigación "prospectiva".

Las diligencias se abrieron a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal", tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.

La causa, que se inició en 2016, fue archivada por el propio García Castellón poco después, pero volvió a reabrir esta pieza en 2021 al considerar que existían “indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político”, tal como recuerda Podemos en el escrito.

Podemos asegura que García Castellón "tenía conocimiento" del carácter ilícito de la documentación aportada para inculpar a su partido cuando decidió reabrirla.

Según el portavoz Pablo Fernández, este es un claro "ejemplo de lawfare", es decir, una persecución judicial con fines partidistas que pretendía "perjudicar reputacionalmente" a su partido, con la colaboración de los medios de comunicación.