La fiscal general de Perú denuncia a Boluarte por las muertes en las protestas tras la crisis en el organismo

• La Policía de Perú investiga a la fiscal general Patricia Benavides por tráfico de influencias
• Boluarte tacha de "deleznable maniobra política" la acusación

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una imagen de archivo

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha anunciado este lunes que ha denunciado en el Congreso a la presidenta del país, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes en las protestas antigubernamentales.

"Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola", ha dicho en una declaración en la que ha asegurado que la investigación abierta en su contra "tiene como propósito" amedrentarla para que no continúe su "lucha contra la impunidad".

La Policía y un equipo especial de la Fiscalía de Perú han puesto en marcha desde este lunes una operación en varias sedes del Ministerio Público por una presunta trama de tráfico de influencias que estaría liderada por la fiscal general y que implica a tres de sus asesores.

Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha asegurado este lunes que la denuncia presentada en su contra por Benavides es una "deleznable maniobra política" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía.

Boluarte ha afirmado en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides "tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa", por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

"Es sospechoso y grave"

La mandataria ha destacado que le causa "extrañeza" que la denuncia en su contra "haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción".

Boluarte ha agregado que el viernes había sido notificada por la fiscal de la Nación sobre la prolongación de la investigación en el caso de las muertes de los manifestantes para los próximos ocho meses, pero que este lunes se formalizaba la denuncia en su contra, tras el inicio de otro proceso contra la propia Benavides. "Es sospechoso y grave", ha considerado Boluarte, quien ha recordado que también en esta jornada dos fiscales supremos han exigido la renuncia de la jefa del Ministerio Público.

En ese sentido, ha convocado a las autoridades políticas y jurisdiccionales del país a "defender el Estado de derecho, la estabilidad económica y los derechos fundamentales de 33 millones de peruanos".

Igualmente, ha hecho una llamada a la calma y la tranquilidad, acompañada por el gabinete de ministros en un salón del Palacio de Gobierno.

La gobernante ha expresado el "pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, la independencia del Ministerio Público y los procesos que se resuelven en sus fueros internos". Asimismo, ha añadido que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo "deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal".

Asesores, acusados de integrar una organización criminal

La operación Valkiria V investiga una supuesta trama encabezada por Benavides y en la que también participarían Abel Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y Jaime Villanueva Barreto, quien ha sido detenido este lunes.

Los asesores están acusados de integrar una organización criminal "enquistada en la alta dirección del Ministerio Público" que buscaba influir "ilícitamente en decisiones de congresistas" para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia, la designación del actual defensor del pueblo y la inhabilitación de la ex fiscal Zoraida Ávalos.

Durante la operación se han intervenido seis inmuebles, entre sedes de la Fiscalía y oficinas y domicilios particulares de algunos de los señalados, todos ellos en la capital de Perú.

La operación está liderada por el coronel de la Policía, Harvey Colchado, y la fiscal Marita Barreto, quien ha sido destituida del cargo por la propia Benavides antes de que se pusiera en marcha el operativo. Barreto es la encargada también de liderar las investigaciones en contra del expresidente Pedro Castillo y ha denunciado que pedirá una medida cautelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar su destitución una vez ha conocido que Benavides está bajo sospecha.

Tras conocerse el caso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha afirmado que está "sorprendido y preocupado" por la situación del Ministerio Público y ha exhortado a dejar que la fiscal Barreto se mantenga al frente del trabajo de investigación abierto.

La ex fiscal general afirma que su inhabilitación "fue política"

Ávalos ha afirmado este lunes que "ha quedado claro" que su inhabilitación por el Congreso "fue política" tras el inicio de la investigación contra el entorno más cercano de Benavides. "Hoy queda evidenciado lo que yo venía manifestando hace meses, que mi inhabilitación respondía a temas de carácter político y que detrás de mi inhabilitación estaba la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y su entorno más cercano", ha señalado a la emisora RPP.

El pasado 21 de junio, el pleno del Congreso inhabilitó a Ávalos durante cinco años para el ejercicio de la función pública por una presunta infracción de la Constitución, tras ser acusada de haber incumplido, cuando fue fiscal general, sus obligaciones de investigar los delitos cometidos presuntamente por altos cargos, como el expresidente Castillo.

Al respecto, la ex fiscal general ha asegurado que Benavides "quería vengarse de ella, porque "era incómoda" como integrante de la Junta de Fiscales Supremos".

Además, Ávalos ha remarcado que la investigación abierta este lunes contra el entorno de Benavides "es un tema muy grave" y ha considerado que la Junta Nacional de Justicia "debe tomar acciones porque ha quedado evidenciado que quien lideraba a este equipo era la fiscal de la Nación".