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El Constitucional de Perú dice que Fujimori debe ser liberado, pese a orden de la Corte Interamericana

  • El organismo internacional pidió que no se restituyera el indulto otorgado en 2017, una decisión que mantiene el tribunal peruano
  • El abogado de las víctimas de las masacres del expresidente asegura que acudirán de nuevo a la Corte Interamericana

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Alberto Fujimori, en el juicio en Lima por malversación de fondos durante la campaña electoral de 2000.
Alberto Fujimori, en el juicio en Lima por malversación de fondos durante la campaña electoral de 2000.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Francisco Morales, ha afirmado este miércoles que las autoridades de su país "deben proceder a la excarcelación inmediata" del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado.

"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", ha declarado Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.

El Constitucional "tienen la competencia"

Morales ha señalado que la decisión ya se remitió al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del que fue presidente de Perú entre 1990 y 2000. Además, ha defendido su cumplimiento por encima de la resolución de la CorteIDH, el cual pidió que no se ejecutara la sentencia del Constitucional que ordenó la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

"Valoramos mucho las opiniones de la Corte Interamericana, pero en este caso estimamos que el tribunal tiene la competencia originaria para poder determinar la libertad de un ciudadano peruano", ha sostenido.

El presidente del TC ha dicho a la ciudadanía y "a los actores" involucrados que "deben cumplirse" las decisiones judiciales. De lo contrario, ha dicho, se estará "en una anarquía porque cada uno va a hacer lo que quiera".

"La voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla", ha apuntado. "Es una cuestión que va más en el ámbito de la política internacional".

Morales ha explicado que decidió hacer esta declaración porque el TC ha visto que "hay una cierta confusión, opiniones encontradas" sobre la resolución que emitió sobre el caso.

Las víctimas de las masacres de Fujimori acudirán de nuevo a la CorteIDH

El abogado defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, Carlos Rivera, adelantó a EFE antes este miércoles que acudiría a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.

"Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento", remarcó.

Además, Rivera consideró, si se hace eso, "la Corte va a emitir una ratificación de lo que fue su decisión del año pasado" y además se estaría "de nuevo ante un reiterado incumplimiento del Estado peruano sobre lo que ya el año pasado dijo que iba acatar".

"Evidentemente se está ante una movida política que intenta sacar a Fujimori por la puerta falsa, no sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido no solamente cuestionada, sino que, en su momento, el propio Tribunal Constitucional decidió acatar la resolución de la Corte Interamericana", señaló.

El abogado también recordó que "Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos" y ha sostenido que "no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana".

El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017,  ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, después de que la CorteIDH pidiera al Estado peruano que se garantizase la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.