El CGPJ rechaza a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y se opone por primera vez al candidato del Gobierno

• El órgano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisión dividido por ocho votos frente a siete y con una abstención
• Su opinión no es vinculante para el nombramiento del máximo responsable de la Fiscalía

El CGPJ rechaza a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha reunido este jueves, ha determinado de forma inédita, y por ocho votos frente a siete, que Álvaro García Ortiz no es idóneo para seguir siendo fiscal general del Estado en una votación en la que ha habido una abstención, la del vocal Enrique Lucas. Es la primera vez en democracia que el CGPJ se pronuncia contra un candidato del Gobierno, si bien la conclusión de este órgano, sin embargo, no es vinculante.

El órgano de gobierno de los jueces había fijado su Pleno este jueves para cumplir con el trámite por el que el fiscal general del Estado debe nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. Para emitir dicho informe, el CGPJ analiza la idoneidad del candidato en base a los dos requisitos que marca a ley: ser un jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional.

Esta misma semana, el nuevo Ejecutivo ha reiterado su confianza en García Ortiz para continuar al frente de la Fiscalía General del Estado hasta 2027. La nueva ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reiteró que presenta una "impecable" trayectoria, pese a la fuerte contestación interna en la Fiscalía y el reciente fallo del Tribunal Supremo (TS) que le atribuye una "desviación de poder" por ascender su antecesora en el cargo y exministra de Justicia, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Ocho votos frente a siete y una abstención

El CGPJ está conformado por 16 vocales, de los cuales diez son de corte conservadora (incluyendo el presidente interino, Vicente Guilarte), y seis progresistas.

El vocal Enrique Lucas, alineado habitualmente con el bloque progresista, se ha ausentado porque su hermano, Pablo Lucas, es uno de los cinco magistrados que firman la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que achacó a García Ortiz una "desviación de poder".

Los votos en contra han sido los de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Anotnio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart. Por contra, le han apoyado Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas.

Primer candidato que no consigue el apoyo del CGPJ

Hasta ahora, el CGPJ había avalado a los candidatos elegidos por el Gobierno, primero por unanimidad y ya en los últimos tiempos con oposición interna. Así, en julio de 2022, el Consejo respaldó el desembarco de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado (FGE) por 12 votos (tanto progresistas como conservadores) contra siete de vocales conservadores.

En esa ocasión, cosechó el mismo resultado que Delgado. Respecto a ella, los vocales discordantes manifestaron que el hecho de saltar directamente del Ministerio de Justicia a la FGE creaba "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de independencia".

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Haste ese momento, había dirigido la Secretaría Técnica de la FGE ejerciendo de 'mano derecha' de la entonces fiscal general.

En este año, ha tenido una fuerte contestación interna que ha alcanzado su cénit en las últimas semanas por la sentencia del Tribunal Supremo y por lo que muchos consideran una tibia respuesta a la petición de amparo de los fiscales del 'procés' frente a las referencias al 'lawfare' recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts.

Desde su llegada ha sido objeto de críticas por su estrecha relación con Delgado, rodeada también por la polémica por convertirse en fiscal general del Estado inmediatamente después de abandonar el Ministerio de Justicia.

Los reproches comenzaron desde la Asociación de Fiscalía (AF) mayoritaria en la carrera fiscal y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) por continuar con la política de nombramientos discrecionales de Delgado, acusándole de favorecer a los candidatos procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron ambos.