Choque entre el Gobierno y la Justicia: del varapalo a los nombramientos de Sánchez a las acusaciones de 'lawfare'

• El Supremo anula a Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado y el CGPJ rechaza al fiscal general
• Sánchez admite la existencia de un 'lawfare' en un contexto en que la justicia y la política llevan tiempo enmarañadas

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En una democracia como España existe la separación de poderes, pero eso no ha impedido que el Ejecutivo y el Judicial hayan chocado en las últimas semanas y meses, donde el calendario político y el judicial parecen haber ido, en ocasiones, de la mano. Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía que sí, existe ‘lawfare’, y lo hacía horas antes de recibir dos varapalos de la Justicia a sus planes de mantener a Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado y a Álvaro García Ortiz como fiscal general. No han sido los únicos, tras una legislatura en la que sus planes se han topado con los jueces en varias ocasiones.

“¿Se han instrumentalizado las instituciones del país? Definitivamente”, afirmaba Sánchez este jueves en una entrevista en TVE, la primera desde que fue investido presidente. Respondía así a si existe el ‘lawfare’, un término para referirse a una ‘guerra judicial’ o instrumentalización de la justicia con fines políticos. Un término que ya empleaban desde hace años en Podemos y en el independentismo, pero que el PSOE aceptó abiertamente y por primera vez en el acuerdo de investidura con Junts el pasado mes de noviembre.

Esa misma mañana, el Tribunal Supremo anulaba el nombramiento de la exministra socialista de Trabajo Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado por no reunir el requisito de “jurista de reconocido prestigio” y el Consejo General del Poder Judicial (el CGPJ) rechazaba por primera vez en democracia al candidato designado por el Ejecutivo para dirigir la Fiscalía General del Estado hasta 2027, Álvaro García Ortiz, un rechazo que sin embargo no es vinculante y no impide dicho nombramiento.

Lo cierto es que García Ortiz ha sido muy cuestionado el último año entre los fiscales, especialmente a raíz del acuerdo PSOE-Junts, por considerar que ha respondido de forma tibia a la petición de amparo de los fiscales del 'procés' frente a las referencias al 'lawfare' recogidas en el pacto. También existe preocupación en la Justicia por ese pacto en el que se incluyen dos comisiones de investigación en el Congreso relativas ese 'lawfare'. El Gobierno ya ha respondido a los jueces que las comisiones, como otras tantas que se han producido, no interferirán en la Justicia ni cuestionarán sentencias judiciales, más allá de que sus conclusiones puedan ser empleadas por la Fiscalía si así lo considera.

Lo cierto es que el Ejecutivo ha sido cuestionado en múltiples ocasiones desde la oposición por lo relativo a sus nombramientos en la esfera judicial de personas vinculadas por con el propio Ejecutivo en el pasado, como pudieron ser algunos de sus ministros. Una de las máximas reprimendas que se llevó entre la oposición y los fiscales fue la designación de la predecesora de García Ortiz al frente de la Fiscalía, Dolores Delgado, que dio el salto al Ministerio Público justo después de cesar como ministra de Justicia.

Ahora, las críticas recientes vienen también por la decisión de Sánchez, en la configuración de su nuevo gobierno, de añadir la cartera de Justicia al ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Un CGPJ que responde a la mayoría de Rajoy de 2013 y un Supremo al límite

Por otra parte, cabe resaltar la situación en la que se encuentra la Justicia. Las decisiones respecto a García Ortiz y a Valero las han tomado un CGPJ y un Tribunal Supremo que están en una situación absolutamente extraordinaria en democracia.

El Poder Judicial lleva caducado cinco años, los mismos que dura un mandato normal. Y sigue respondiendo a la mayoría absoluta que tenía Mariano Rajoy en 2013, cuando fue renovado por última vez, ya que 12 de sus 20 vocales son designados por el Congreso y el Senado. Pese a que en los últimos cinco años hubo varios intentos entre PSOE y PP por pactar su renovación, acabaron sin dar frutos ante los reiterados vetos del Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, acabó rechazando antes de las elecciones generales renovar el Consejo “con este PSOE”, dando por hecho que lo haría cuando accediese a La Moncloa, algo que no ha ocurrido. Este jueves, Sánchez volvía a “tender la mano” a los ‘populares’, pero sigue acusándoles de incumplir la Constitución y por ahora no hay acercamiento.

El Tribunal Supremo está al límite debido a ese bloqueo y a la reforma que el Gobierno impulsó para evitar que el CGPJ pudiera realizar nombramientos en el Alto Tribunal estando en funciones. Una manera con la que evitaba que el Poder Judicial siguiera realizando nombramientos discrecionales de corte conservador en el Supremo, pero que ha llevado al tribunal a tener más de 20 vacantes en sus salas, en una situación que está afectando al normal funcionamiento de la justicia.

Y si lo normal (así lo establece la Constitución) es que el presidente del CGPJ y del TS sean la misma persona, ahora mismo hay otra situación inédita con una bicefalia en la que el presidente interino del Poder Judicial es Vicente Guilarte, y el del Supremo es Francisco Marín.

La 'cruzada' judicial contra la amnistía y contra Puigdemont

Por otra parte, el Poder Judicial fue recientemente foco de las críticas por parte de los partidos de izquierdas y del independentismo por pronunciarse en contra de la amnistía antes de que el PSOE registrara la ley en el Congreso de los Diputados y, por tanto, antes de conocerse el texto de la misma. Ocurrió a primeros de noviembre, cuando el CGPJ dividido (como suele ocurrir ya habitualmente entre jueces conservadores y progresistas) afirmó que la medida de gracia supone "la degradación", cuando no la "abolición", del Estado de derecho, y que con ella "se violenta la independencia de los tribunales" y la Constitución.

Tanto Sánchez como el PSOE insisten en que la ley que han presentado es plenamente constitucional, y muestran cierta confianza en que el TC, que es de mayoría progresista, la avale cuando sea aprobada en el Congreso de los Diputados, ante el previsible caso de que el PP presente recurso de inconstitucionalidad.

El Ejecutivo tiene cierta tranquilidad con el Constitucional desde que se renovó hace casi un año tras un pacto de PSOE y PP. Un TC que contrasta con el que, tan solo días antes, suspendió con su mayoría conservadora de forma inédita en democracia una votación parlamentaria en el Senado, la de la reforma del Código Penal para derogar la sedición y modificar la malversación impulsada por el Gobierno y que afectaba al propio tribunal, ya que se modificaba el sistema de elección de sus magistrados. La reforma acabó saliendo igualmente adelante, aunque recortada respecto a lo relativo al TC y entre acusaciones cruzadas de “golpismo” entre los partidos políticos.

Mientras, en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón ha acelerado los procedimientos para investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont, previsiblemente uno de los más beneficiados por la futura amnistía, y por avanzar en la causa contra los CDR (autodenominados Comités de Defensa para la República), que también podrían ser amnistiados. Un hecho que llamó la atención fue que, en plena negociación de la amnistía entre ERC y Junts, el juez situara en un auto a Puigdemont y a su exconsellera y secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el centro de la investigación del caso 'Tsunami Democràtic'. Más tarde, pidió al Supremo que procesara al 'expresident' por terrorismo, ya que es eurodiputado.

Otros varapalos del Supremo al Gobierno en un año

Más allá de Valerio, el Tribunal Supremo ha tumbado en poco más de un año cuatro nombramientos y un cese del Gobierno en puestos clave de las instituciones del Estado, pese a contar con el aval de las Cortes (como había sido el caso de la presidenta del Consejo de Estado) o incluso de la Fiscalía General, dirigida por otra parte por una persona de máxima confianza del jefe del Ejecutivo.

Precisamente, el Supremo ha chocado con los planes del Gobierno para la Fiscalía y con el propio Ministerio Público. Hace tan solo unos días, el tribunal anulaba el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala alegando “desviación de poder”. Y es que, tras ser fiscal general, su sucesor en el cargo, García Ortiz, la había nombrado fiscal de Sala. Este año, el Supremo también ha anulado la designación de Eduardo Esteban como fiscal de menores nombrado por la propia Delgado cuando estaba al frente de la Fiscalía.

Otro duro golpe para el Ejecutivo fue la anulación del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por el que fue muy criticado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que alegó en el cese “pérdida de confianza”.

Y ha habido otro más, el de los nombramientos pactados por PSOE y PP a la Presidencia y Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

El debate sobre si existe una "judicialización de la política" y una "politización de la justicia" no es nuevo. La Comisión Europea lleva años instando a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial y a impulsar una reforma que garantice la independencia del mismo en la que sean los propios jueces los que elijan a los jueces, algo que también solicitó el PP la pasada legislatura como condición para pactar con el PSOE la renovación del Poder Judicial. Ahora que acaba de arrancar oficialmente la XV legislatura, está por ver qué pasos se dan para desbloquear una situación cada vez más insoportable.