El CGPJ cumple este lunes un mandato completo de cinco años en funciones

• Tras la investidura de Sánchez, el órgano de gobierno de los jueces arranca una nueva etapa sumido en la incertidumbre
• Ni PSOE ni PP han sido capaces de pactar el fin de la interinidad permanente que vive el tercer poder del Estado

El CGPJ cumple este lunes un mandato completo de cinco años en funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple este lunes un mandato completo de cinco años en funciones inmerso en una crisis institucional sin precedentes en nuestra democracia, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación.

Tras la investidura de Pedro Sánchez, el órgano de gobierno de los jueces arranca una nueva etapa sumido en la incertidumbre, sin capacidad de hacer nombramientos, con 16 vocales de 20, un presidente interino -el tercero en un año- y un mandato que comenzó en 2013 durante la X legislatura y continúa en 2023 en la XV.

Desde su conformación, hace una década, dos de los vocales del CGPJ (Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo) se han jubilado, una ha dimitido (Concepción Sáez) y otra (Victoria Cinto) ha fallecido. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) en octubre de 2022.

Pero más allá de las cifras -las más sonrojantes son las 85 vacantes en la cúpula judicial, 23 de ellas en el Supremo- la fotografía de la crisis se eterniza, puesto que ni socialistas ni populares son capaces de poner fin a la interinidad permanente que sufre el tercer poder del Estado, cuya renovación a los cinco años es un mandato que emana del artículo 122 de la Constitución.

El deseo del Gobierno y los intentos frustrados

“Sánchez: No caso más paradigmático de 'lawfare' en España que el secuestro del CGPJ“

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al bloqueo en el CGPJ y ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que "no hay caso más paradigmático 'lawfare' y de politización de la justicia en España que el secuestro" del Poder Judicial "por parte del PP". Ha utilizado así un término que está incluido en el acuerdo de investidura con Junts para referirse a una supuesta instrumentalización política de la justicia. "Lo tiene rehén, preso y capturado", ha zanjado.

También este lunes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha urgido al PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha culpado de la "anomalía democrática" de cumplir cinco años bloqueado: "Hoy es un día triste para la democracia porque se suman cinco años de bloqueo por parte del PP".

Hace unos días, precisamente, Bolaños estrenó su cargo al frente de Justicia con una visita al presidente del Consejo, Vicente Guilarte, con el que coincidió en renovarlo "lo antes posible", un objetivo común ambicioso, puesto que en esa ecuación falta el PP y nada invita al optimismo para alcanzar un pacto tras el polémico acuerdo PSOE-Junts y la proposición de ley de amnistía.

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Porque el PP ha duplicado la presión contra el PSOE en las instituciones y en la calle. Las relaciones están rotas y cualquier intento de renovación pasa por un acuerdo entre ambos partidos, que en 2018 saltó por los aires cuando estaba cerrado. Los 'populares' siguen insistiendo en una reforma para que sean los jueces quienes elijan a los jueces.

Lejos queda ya el célebre mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía la elección del magistrado Manuel Marchena para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo porque se podría controlar "por detrás" la sala segunda del alto tribunal y están en juego "centenares de nombramientos".

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El acuerdo estuvo prácticamente cerrado de nuevo hace poco más de un año, pero de nuevo el PP lo rompió, en ese caso por la supresión del delito de sedición.

El último capítulo entre ambos partidos se dio esta semana cuando Sánchez anunció su intención de llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Mientras se produce la llamada, el PP insiste en que todo acuerdo de renovación pasa por reformar la ley para que sean los jueces los que se elijan a sí mismos"en consonancia con la UE", tal y como ha reiterado este lunes el portavoz de la formación Borja Sémper, algo que no gusta al PSOE.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha llamado también este lunes al PP a cumplir con la Constitución y "que cumpla con el mandato" de la Carta Magna, porque el Partido Popular, a su juicio, no está "respetando a la ciudadanía". "Que deje de hacer partidismo con los organismos", ha zanjado.

Sánchez cierra la puerta a la alternativa

La alternativa de reformar la ley para rebajar las mayorías de tres quintos a mayoría absoluta y nombrar a los 12 vocales procedentes de la carrera judicial, no gusta a nadie. Ni a los jueces ni a los partidos y menos aun a Bruselas, que ya advirtió a España en su día cuando el Gobierno lo planteó en el Parlamento.

Luego está el acuerdo entre PSOE y Sumar, que incluye renovar el CGPJ e "impedir la deslealtad institucional", pero no dice cómo lograrlo y muchos en el Poder Judicial temen que el Gobierno rescate su propuesta que rebajaba las mayorías. Sánchez lo descarta.

De optar por esta vía, se daría la circunstancia de un CGPJ con 12 vocales nuevos -jueces- y ocho del actual Consejo que seguirían -juristas- porque la Carta Magna exige tres quintos para este bloque.

La dimisión de vocales, una vía imposible

La tercera vía pasa por la dimisión de los vocales, ya sea en bloque o en cascada, uno tras otro. Aquí el consenso se antoja imposible. Unos lo consideran un delito, otros solo le ven sentido si lo hacen todos con todas las consecuencias que eso implique y los progresistas no lo ven posible porque creen que los conservadores no contemplan dimitir y al sumar diez el Consejo seguiría funcionado.

El análisis de dos vocales del CGPJ sobre un bloqueo en el Poder Judicial que lleva ya cinco años

"No tenemos que dimitir para solucionar un problema de otros", zanja una vocal, si bien otras voces no descartan discutir esta cuestión a la vuelta de las Navidades si todo sigue igual.

Precisamente este lunes la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido la dimisión del presidente y vocales del Poder Judicial ante la "anormalidad institucional" que supone su bloqueo y han denunciado que la no renovación "supone un perjuicio para la sociedad y la organización judicial".

Vocales de distintas sensibilidades consultados por EFE dibujan un panorama "espantoso" en el que no ven salida a este bloqueo porque "el acuerdo con el PP tras la amnistía es una quimera, un imposible", "el PSOE no va a aceptar un compromiso a futuro de reformar el sistema de elección para que los jueces se elijan a ellos mismos, y "cambiar las mayorías es una barbaridad".

Entre tanto, el Consejo sigue tomando decisiones y algunas de ellas de alto voltaje. Esta misma semana ha declarado no idóneo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para ser renovado en el cargo cuando el pasado año lo examinó y consideró que sí lo era.

Y recientemente se ha posicionado en contra de la ley de amnistía en una declaración impulsada por los vocales conservadores sin que ni siquiera haya arrancado la tramitación de la proposición de ley.

Los vocales progresistas se quejan de que la mayoría conservadora ha convertido el Consejo en "una tercera cámara" que se dedica a hacer "declaraciones políticas". "El PP no va a soltar el consejo porque lo utiliza políticamente, es lo único que les queda".