El CGPJ avisa de que se mantendrá "vigilante" ante las comisiones parlamentarias para investigar casos de 'lawfare'

• Repudian de nuevo las comisiones de investigación sobre la 'operación Cataluña' y los atentados de Barcelona y Cambrils
• Consideran que la iniciativa, dentro del acuerdo de Junts y PSOE, es una "inadmisible injerencia en la independencia judicial"
• Debate de la ley de Amnistía, en directo

Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado este martes su rechazo a las alusiones al 'lawfare' del acuerdo entre el PSOE y Junts, y ha advertido de que se mantendrá "vigilante" ante la creación de las primeras comisiones parlamentarias para detectar dichos casos.

El órgano ejecutivo del CGPJ ha acordado ratificar la declaración que hizo el pasado 9 de noviembre en la que expresó su "frontal oposición" al pacto de los socialistas con el partido de Carles Puigdemont, el cual incluía crear una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017, y otra sobre la 'operación Cataluña', que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. Los diputados de Junts buscan que las pesquisas del Congreso sirvan para demostrar el 'lawfare' o 'guerra judicial' contra su causa.

"Repudio" a una "inadmisible injerencia en la independencia judicial"

Después de advertir que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse las comisiones, la Comisión Permanente ha revisado el asunto en una reunión extraordinaria convocada para este martes a petición de los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart. La Mesa del Congreso ya aprobó el trámite para la constitución de dos comisiones de investigación y, este martes, la Junta de Portavoces ha fijado para el 14 de diciembre la votación sobre su creación o no.

En este contexto, la Comisión Permanente ha añadido a esa primera declaración que "el Consejo General del Poder Judicial en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación".

Su "repudio" a estas comisiones parlamentarias, dice el CGPJ, "se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".

Por ello entienden que esta iniciativa "implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes" y, "de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos".

Los vocales expresan además su apoyo "real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento".

Los vocales conservadores consideran el acuerdo "insuficiente"

El acuerdo del CGPJ se ha aprobado en una ajustada votación en la que ha sido necesario el voto de calidad del presidente interino, Vicente Guilarte. Tanto él como las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas han expresado su apoyo al texto, sin embargo, los tres promotores conservadores (Ballestero, Carmona y Llombart) han votado en contra por considerar que el acuerdo "es insuficiente y necesita ser ampliado". Así, han anunciado la formulación de un voto particular, mientras la también vocal progresista Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

En su voto particular, estos tres vocales creen que sus compañeros debían haber votado su propuesta de expresar el rechazo del CGPJ a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de su ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la posible existencia de casos de "lawfare", apuntando expresamente al órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

"Todo este conjunto de declaraciones, la creación de las comisiones de investigación en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más altos estándares del Estado de Derecho, leyes" aprobadas por las Cortes, han defendido.