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El Gobierno vuelve a aprobar la Ley de Paridad que afectará también a órganos constitucionales

  • La norma, aprobada en marzo por primera vez, quedó en el aire la pasada legislatura ante el adelanto electoral
  • Obligará a un mínimo del 40% de mujeres en el Gobierno, los grandes consejos de administración y listas electorales

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La nueva Ley de Paridad del Gobierno afectará también a órganos constitucionales
La nueva Ley de Paridad del Gobierno afectará también a órganos constitucionales.

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes el anteproyecto de Ley de Paridad, que decayó la pasada legislatura por el adelanto de las elecciones generales en julio. La norma obligará a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y, como novedad, los órganos constitucionales. Esta vez ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a diferencia de su antecesora, Irene Montero, en la legislatura anterior.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación del anteproyecto de ley en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “Las mujeres tenemos que tener la mitad del poder político y económico del país”, ha afirmado, y ha proseguido que, con esta norma, “se da un paso fundamental a esa igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres”.

Además, ha destacado que la de Paridad es la primera ley que aprueba el nuevo Ejecutivo y es por ello “una declaración de intenciones”. “Este es un Gobierno feminista y no es asualidad, ya que define muy claramente cuál es nuestra naturaleza”, ha aseverado, y ha contrapuesto este hecho con que la primera ley del gobierno de José María Aznar fuera la Ley del Suelo y la de Rajoy fueran recortes.

Redondo: "Vamos a ir con todo para esta ley y para romper los techos de cristal"

Aunque el texto de la norma es prácticamente el mismo que el que el Ejecutivo aprobó en marzo, las circunstancias han cambiado. En la pasada legislatura fue Calviño quien defendió la iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: en primera vuelta, a las puertas del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y también en segunda vuelta en el mes de mayo. Llamó la atención precisamente que la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, no presentara la norma pese a que había participado en ella, en un momento en que estaba muy cuestionada por la ley del 'solo sí es sí'.

Esta vez sí ha salido la titular de Igualdad, Ana Redondo, a defender la ley. Ha mostrado su “orgullo” ante este Gobierno “feminista” y ha dicho que la norma es “un motivo de esperanza”, una “luz en medio del túnel” que pretende “remover ese machismo estructural” que hay en la sociedad. Y ha destacado que se aprueba en un “momento especialmente duro y oscuro” ante los últimos asesinatos machistas.

"Nos estamos tomando en serio este tema, no es valadí, es nuclear y por tanto vamos a ir con todo para esta ley", ha afirmado: "Se trata de romper los techos de cristal".

Así queda la ley: paridad en empresas

Esta norma actualiza la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007. El primer texto que aprobó el Gobierno en primera vuelta el pasado mes de marzo solo afectaba a las listas electorales, la composición del Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de reconocimiento público de personalidades.

Sin embargo, en el texto de la segunda vuelta se introdujo una modificación para que afecte también a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional como "el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que tengan una representación paritaria".

La obligación afecta a sociedades cotizadas y entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocio de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.

También se ha flexibilizado el calendario de implementación de los objetivos previstos en la norma que iría desde 2024 para el Ibex 35 hasta 2028 para las entidades de interés público.

Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación paritaria en sociedades cotizadas y entidades de interés público serán la CNMV y el Instituto de las Mujeres, respectivamente.

Actualmente, la presencia de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España se sitúa en el 29,3% (357 consejeras de un total de 1.220), y se limita al 19,6% en el caso de la alta dirección (excluidas altas directivas consejeras). Cuando se aprobó la norma por primera vez, la CEOE lamentó que no se hubiera negociado en el ámbito del diálogo social y que se hubiese planteado como una obligación, mientras que los sindicatos CCOO y UGT la consideraron una herramienta muy útil para corregir situaciones de discriminación.

También en órganos constitucionales y en la Administración

El principio de representación equilibrada afectará asimismo a órganos constitucionales y de relevancia, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada Ministerio deberán incorporar también este principio de representación equilibrada en los próximos años.

Por último, la obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40% tendrán que justificar los motivos y corregirlo.