¿Qué intereses económicos declaran los diputados? Algunos datos y grandes vacíos para la rendición de cuentas

• DatosRTVE repasa las actividades profesionales de los diputados y a qué asociaciones y organismos dan dinero
• Las declaraciones de intereses de los miembros del Congreso adolecen en general de falta de información y verificación
• Especial: explora en este site la declaración de bienes y rentas de los diputados del Congreso

DatosRTVE analiza los intereses económicos de los diputados del Congreso en la XV Legislatura.

Detectar posibles conflictos de intereses a la hora de legislar es fundamental para garantizar la transparencia y el buen gobierno de un país. Los diputados españoles son relativamente nuevos en esta rendición de cuentas, que llevan haciendo desde 2021, cuando se empezó a aplicar el Código de Conducta que las Cortes Generales aprobaron en 2020. Los datos muestran que aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar este objetivo. Entre otras razones, porque la información dista de ser suficiente y de calidad.

Desde 2021, el Congreso publica en su web las declaraciones de intereses económicos de los diputados, en las que deben consignar las actividades que han desarrollado en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos". También han de informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que hayan recibido, incluyendo viajes e invitaciones a actividades.

DatosRTVE ha recopilado de la web del Congreso la información suministrada por los diputados y la ha categorizado para poder analizarla. Destaca que los actuales diputados son mayoritariamente políticos 'profesionales' que no han desempeñado otro trabajo reciente al margen de lo público. Y en las donaciones sobresalen un puñado de ONG, así como destinatarios pertenecientes a la Iglesia católica. Pero todavía destaca más la información que no se incluye y que resulta imprescindible para alcanzar la debida transparencia.

Mayoría absoluta de políticos profesionales

Los diputados españoles, actores determinantes en la promulgación de leyes, se dedican fundamentalmente a la actividad política. De los 347 diputados que presentan información sobre sus actividades en los cinco años anteriores a convertirse en miembros de la Cámara, dos de cada tres (66,9%, un total de 232) han tenido trabajos en diferentes niveles de la administración, empresas o instituciones públicas (universidades). Y de ellos, 225 afirman que no han ejercido ninguna otra actividad que les haya reportado ingresos o que pudiese condicionar su actividad como parlamentarios.

Por el contrario, tan solo el 5,2% (18 diputados en total, 13 hombres y cinco mujeres) declaran una dedicación exclusivamente en el sector privado: de ellos, 11 son del PP, cuatro de Sumar, y uno de PSOE, Vox y ERC, respectivamente.

Se trataría, en todo caso, de una distinción con limitaciones, ya que deja fuera a políticos como, por ejemplo, Pedro Sánchez o Gabriel Rufián, que en los últimos años se han dedicado únicamente a la política, pero que declaran haber recibido ingresos por derechos de autor en diversas publicaciones.

Con este criterio, el 65% de los miembros del actual Congreso de los Diputados son lo que podría denominarse políticos profesionales a tiempo completo. A ellos pueden añadirse los casos de la socialista Ada Santana, la diputada más joven del Congreso (25 años), sin experiencia laboral previa consignada; y Alberto Asarta (Vox), militar retirado con el grado de General de División, cuya declaración de intereses económicos es la única que no aparece en la web del Congreso.

¿En qué tipo de puestos han trabajado estos diputados? Ochenta y nueve de ellos han desempeñado funciones en la política autonómica (diputados o diputadas en parlamentos autonómicos, consejeros, etcétera); 79 han sido políticos a nivel municipal (la mayoría, concejales y alcaldes o alcaldesas); y 31 han tenido cargos en instituciones políticas provinciales, comarcales o insulares, sin que estos ámbitos sean excluyentes.

Siempre que no incurran en un conflicto de intereses por causa de su vinculación profesional presente o pasada, el currículo de los diputados puede parecer un dato irrelevante. Pero, en opinión de Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, que la mayoría de los diputados sean personas cuyo único medio de vida es la política o la pertenencia a un partido les resta "independencia" y les hace más “vulnerables” a posibles presiones, "ya que no tienen otra actividad profesional, sea pública o privada, a la que volver".

Abogados y consultores, las profesiones más frecuentes

Entre las diferentes profesiones ejercidas por los diputados españoles en los últimos cinco años, cuatro destacan sobre las demás: el ejercicio de la abogacía (22 diputados han trabajado como tales en los últimos cinco años) o la consultoría (18), y la colaboración -no siempre retribuida- en medios de comunicación como analistas, columnistas o tertulianos, que afirman haber realizado 15 diputados. Otros 11 representantes declararon haber trabajado para editoriales o haber recibido ingresos por publicaciones.

En el siguiente gráfico se puede comprobar que, aunque el PP tiene uno de cada tres escaños en el Congreso, está sobrerrepresentado en la mayoría de sectores de actividad privada, al igual que Vox. De hecho, de los 115 diputados que declararon haber desempeñado alguna actividad profesional de este tipo, el 46% (53) son del PP, por 27 del PSOE, 15 de Vox (que suponen el 45% de todos sus representantes) y 11 de Sumar.

También es reseñable que cuatro de los siete diputados de ERC y tres de los seis de Bildu han ejercido en los últimos cinco años alguna actividad privada, aunque sea brevemente.

Información incompleta, sin verificar y sin sanciones

De todos modos, no es posible cuantificar la vinculación de los diputados con sus pagadores, sean públicos o privados, porque en la declaración de intereses económicos no se les pide especificar los ingresos recibidos: solo han de indicar el período de tiempo al que se han dedicado a la actividad, quién es el empleador, el sector al que pertenece y una breve descripción del puesto, campos que los diputados rellenan según su criterio.

Unas carencias de las que son conscientes las propias Cortes. La oficina de Conflicto de Intereses del Congreso reprocha en su informe de 2022 el desinterés o falta de exhaustividad con el que se rellena esta información: los diputados dejan campos vacíos, mal rellenados o "respuestas-tipo", que 'copian y pegan' todos los parlamentarios de un mismo grupo para que les sirva a todos por igual, sin atender cada uno a sus circunstancias particulares.

Para Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza, este descontrol y la ausencia de sanciones hacen que nos encontremos ante "un marco institucional muy débil". "Falta detección y análisis de que lo que se pone es cierto, y sanciones claras por no ponerlo bien, que en algunos países son penales, pero aquí en España no son ni sanciones administrativas. Es absolutamente gratuito falsear los datos o no rellenarlos". En este sentido, una docena de miembros de Vox, entre ellos su presidente, Santiago Abascal, tuvieron que volver a presentar sus declaraciones porque habían omitido algunos ingresos, como los que les pagaba el partido por ocupar cargos en la formación.

Y aunque estuviese bien cumplimentada, la información que ofrece el Congreso en su página web dificulta la labor de rendición de cuentas y la debida transparencia. Las 350 declaraciones se publican por separado y en un formato no reutilizable (un pdf que en realidad es una imagen), de modo que dificulta la labor independiente de seguimiento y vigilancia por parte de ciudadanos, instituciones o medios de comunicación.

Problema mayor es la falta de verificación de la autenticidad de los datos y de un órgano independiente que la supervise, afirma Blanes. "La vigilancia y la aplicación del Código de Conducta de los diputados no depende de ningún organismo independiente que pueda tener una autonomía o independencia funcional, sino de una Oficina de Conflicto de Intereses de las propias Cortes Generales", que, añade, se esfuerza en que mejore la información, pero cuya labor es insuficiente.

A juicio de Villoria, esta oficina supervisora puede estar dentro de la institución, pero "podría nombrarse a alguien independiente, que no sea un funcionario sin más, con protección, con medios, a quien se diera autoridad para investigar y con capacidad sancionadora o con capacidad para promover sanciones" ante la Mesa de la cámara.

ONG e Iglesia, principales destinatarios de donaciones

Partidos políticos y sindicatos están entre los principales tipos de organizaciones a las que los diputados del Congreso han aportado dinero en los últimos cinco años. En el caso de los partidos, porque la condición de militante o cargo público conlleva a menudo la obligación de una aportación periódica.

Al margen de eso, los diputados dan frecuentemente dinero a asociaciones y fundaciones de diverso carácter, a las que pertenecen como socios o afiliados, según informan ellos mismos ante el Congreso. En total, el 61% de los diputados, 214 de los 349 que han presentado sus declaraciones de intereses económicos, han realizado donaciones a diferentes entidades, descontando las citadas cuotas a los partidos políticos.

En el ránking, las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro son las principales destinatarias de estas aportaciones de dinero, un total de 218 procedentes de 131 diputados diferentes. Esto supone que cerca del 40% de los diputados ha dado dinero a una ONG en los últimos años. La que recibió más donaciones fue Cruz Roja (33), seguida de la Asociación Española contra el Cáncer (24) y dos agencias de Naciones Unidas, la de los refugiados, ACNUR (22), y la de ayuda humanitaria a la infancia, UNICEF (17).

Sin embargo, ello no significa que estas organizaciones sean las que más dinero han recibido. Esa es una información que no se puede saber a la vista de las declaraciones de los diputados, porque no están obligados a consignar ni la cantidad aportada ni cuándo se ha hecho, y salvo excepciones, no informan de cuánto abonaron y, si lo hacen, las cifras no destacan por su cuantía.

Como segundo destinatario se encuentra la Iglesia católica, que ha recibido 51 donaciones de 41 diputados, un 12% del total. De dichos diputados, 27 son del PP, nueve del PSOE, cuatro de Vox y uno de JxCat.

Cáritas es la institución relacionada con la Iglesia que más contribuciones ha recibido (10), aunque en este apartado destacan las cuotas que bastantes diputados afirman haber abonado como cofrades a hermandades de Semana Santa. Como anécdota, un solo diputado, Ricardo Tarno (PP, Sevilla), declara haber pagado cuotas en tres hermandades, las de Montserrat, Macarena y Pura y Limpia.

También son significativas las 49 donaciones de 33 parlamentarios destinadas a diferentes asociaciones culturales, y los 27 diputados que acumulan 35 contribuciones a fundaciones culturales de cariz político, una categoría en la que se incluyen organizaciones independentistas catalanas (Òmnium Cultural, la ANC, la Fundación Irla), vascas (Fundación Sabino Arana) o de izquierdas (Fundación Andreu Nin, Fundación Rafael Campalans), por citar algunos ejemplos.

Los siguientes gráficos muestran los diferentes tipos de asociaciones y fundaciones a las que han aportado dinero los diputados según su grupo parlamentario, y los destinatarios concretos de varias categorías de organizaciones.

Viajes y reuniones de los diputados, los mayores vacíos

Las donaciones y regalos que reciben los diputados también se someten a esta vigilancia, y los diputados deben anotar si han recibido alguno en los cinco años anteriores a la consecución de su escaño. Salvo unos cuantos parlamentarios que informan de bienes o dinero recibidos en herencia o donaciones en vida, es un apartado que se cumplimenta casi sin excepción con una fórmula del estilo "regalos de escasa cuantía en el ámbito personal, familiar o de amistad", descartando que sean obsequios que puedan condicionar su actividad política.

Asimismo, hay un gran vacío en la información sobre la actividad de los diputados relativa a los viajes que realizan. El portal de Transparencia del Congreso publica datos trimestrales del importe de los viajes realizados por sus señorías, pero solo muestra los costes totales, sin identificar los desplazamientos particulares de los diputados ni su motivación. Bajo el argumento de la protección de datos, en la práctica un velo de total opacidad cubre esta parte de la labor de los parlamentarios, una de las principales por la que deberían rendir cuentas, lo que supone una "incongruencia", en opinión de Miguel Ángel Blanes, dada la obligación de informar de otros viajes y obsequios en la declaración de intereses económicos.

Del mismo modo, en opinión de expertos como Blanes, los datos sobre contribuciones y aportaciones económicas entre políticos y entidades son solo una parte y deben complementarse con la información de los contactos de los parlamentarios con estas u otras organizaciones y personas, para evitar conflictos de intereses.

"Si los diputados publicaran sus reuniones, más allá de las comisiones o las reuniones orgánicas, se podría cruzar esta información y saber si un diputado o senador que participe en un procedimiento legislativo debería abstenerse porque tiene una especial vinculación, de modo que no pueda utilizar el cargo público para favorecer a determinadas entidades, benéficas o no", explica.

Y, añade, para detectar los conflictos de intereses en la labor legislativa haría falta avanzar en lo que se conoce como "huella normativa", un informe que recoja quiénes han participado en la legislación, con quién se han reunido los legisladores para elaboración de la ley y la información que se ha aportado o manejado en el proceso, de modo que se pueda escrutar públicamente. "Una asignatura pendiente en España, que no ha aprobado aún una ley estatal que regule la actividad de los lobbies, los grupos de presión", recalca el experto en Transparencia.