Bruselas estima en 132 millones de euros anuales el coste de incluir el catalán, el gallego y el euskera en la UE

• Influyen factores como la facilidad de contratación de personal o la implantación del idioma en la traducción automática
• Para convencer a sus socios, el Gobierno español se ha comprometido a asumir los costes

Sede de la UE en Bruselas

La Comisión Europea estima que la implantación del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales en la UE podría costar al menos 132 millones de euros anuales, según un informe preliminar.

En el documento, adelantado por el diario El País y confirmado a RNE por fuentes comunitarias, la institución ha calculado que sería un total de 44 millones por lengua cada año, en base al coste que supone la traducción y la interpretación al gaélico.

Además, Bruselas deja claro que no está en condiciones de elaborar "un cálculo más preciso" hasta que los Veintisiete acepten de manera unánime la oficialidad de las tres lenguas. Si España convence al resto de países para que apoyen esta reivindicación, entonces la Comisión tendría seis meses para realizar un informe más completo sobre el coste definitivo.

El Gobierno español había solicitado la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, pero los estados miembro aplazaron en septiembre la decisión, a la espera de que hubiera sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

La disponibilidad de intérpretes o los sistemas de traducción automática

En primer lugar, Bruselas señala que el coste de añadir un idioma oficial al régimen lingüístico de la UE depende de la facilidad de contratación de personal para la traducción y la interpretación y de lo que cueste revisar y publicar los textos legales en esa lengua.

"Dependiendo de la cantidad de traductores e intérpretes cualificados, que puede variar según la lengua, es necesario identificar y organizar una formación específica con las autoridades españolas", indica el documento.

El coste definitivo dependerá también de los sistemas de inteligencia artificial de traducción automática que existan en cada lengua y si no existen, se necesitará invertir en ellos, asegura Bruselas. Por último, habrá que tener en cuenta los periodos de transición que se establezcan hasta que la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera sea completa.

Dublín pidió la oficialidad del gaélico en 2005 y la medida se aprobó en 2007 con una importante salvedad: al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos para este idioma, se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022.

La derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose y desde 2022, 17 años después de que Dublín pidiera convertirlo en idioma oficial, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.

España se compromete a asumir el coste

Para convencer a sus socios, el Gobierno se ha comprometido a asumir esos 132 millones de euros en sus presupuestos, pero esto ya planteó dudas jurídicas en septiembre porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias. Por otro lado, propone que el cambio sea a la medida de las tres lenguas para que no abra la puerta a que reclamen la oficialidad otras minoritarias como el ruso, un temor de los países del Este.

Se trataría de aplicar factores como que las tres son "originarias de un Estado miembro", cuentan con reconocimiento constitucional en ese Estado y son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un país de la UE, cambio que en España llegó precisamente a raíz de las negociaciones de investidura tras las elecciones del 23 de julio.

El asunto volverá a estar sobre la mesa el próximo martes, aunque sin previsión de que lleguen a un acuerdo para aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. Fuentes diplomáticas a RNE se mostraban sorprendidas de la decisión de la Presidencia española y consideran que "sigue siendo demasiado pronto".