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El Gobierno eleva el techo de gasto a un récord de 199.120 millones en 2024 y mantiene el déficit en el 3%

  • Defiende que el límite de gasto es "prudente" y permitirá seguir aplicando políticas para modernizar el país
  • El Ejecutivo se compromete a reducir el déficit al 2,7% en 2024, al 2,6% en 2025 y al 2,5% en 2026

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El Gobierno aprueba el techo de gasto de 2024, primer paso para elaborar los Presupuestos
Varios billetes de 50 euros.

El Gobierno elevará el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, a 199.120 millones de euros para 2024, un 0,5% más que la partida anterior y un nuevo máximo histórico.

Así lo ha aprobado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de este martes, que ha destacado que este límite es "realista" y permite seguir aplicando políticas para modernizar el país, impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo y seguir fortaleciendo el Estado del Bienestar.

"Reitero que el techo es prudente y quiero trasladar que el Gobierno cuenta con un margen para prorrogar o tomar medidas para contener los precios", ha señalado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha matizado que el Gobierno lo hará antes de finalizar este año, "en función de los datos y pensando en el interés general". Además, "los préstamos de la adenda (al Plan de Recuperación) son gasto financiero y no entran dentro del techo de gasto", ha matizado.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la senda de estabilidad presupuestaria, que establece un objetivo de déficit al 3% del PIB para 2024 (cumpliendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, como ha subrayado la ministra), del 2,7% para 2025 y del 2,5% para 2026, las mismas cifras comunicadas a Bruselas en abril.

Este es el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Esta legislatura, conformada por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, busca consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.

La previsión de la ministra de Hacienda es tener aprobados los PGE a lo largo del primer trimestre de 2024 con el apoyo de los socios del PSOE en el Congreso, ya que su respaldo a las cuentas públicas "formó parte de las conversaciones" de los pactos de investidura.

Continuar con la senda descendente del déficit

También se ha aprobado el plan de reequilibrio para corregir desviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias excepcionales que llevaron a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por el impacto de la pandemia. Este plan recoge esa senda de reducción de déficit que supone rebajarlo hasta el 3% del PIB el próximo año. Con todo, el Ejecutivo prevé que el déficit siga a la baja y, como ha dicho Montero, "se situará en el 3% el próximo año y cumplirá con el pacto de estabilidad y crecimiento de la UE". Estos objetivos permite, según el Ejecutivo, avanzar en la consolidación fiscal y reforzar las políticas públicas.

Así, el Gobierno se compromete a reducir el déficit de la Administración Central al 3,1% en 2023, para pasar al 2,7% en 2024, al 2,6% en 2025 y al 2,5% en 2026.

Hacienda contempla una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Según su propuesta, que se someterá a consideración de las Cortes, esta décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central.

Con todo, prevé conseguir que el déficit de las comunidades autónomas sea del 0,3% en 2023, del 0,1% en 2024 y que alcance el equilibrio en 2025 y 2026. También se compromete a alcanzar el mismo equilibrio para las entidades locales y la Seguridad Social en 2026.

Con todo, Montero ha destacado que las comunidades autónomas y entidades locales "tendrán más margen fiscal en 2024", mientras que la Administración Central "volverá a asumir ese mayor esfuerzo de déficit".

Reducir la deuda

Asimismo, el Gobierno espera seguir con la senda descendente de la deuda y prevé que en 2026 se sitúe por debajo del 105%.

Asimismo, ha desgranado los datos por subsectores y sitúa la Administración Central y Seguridad Social en el 83,2% del PIB en 2024,para caer al 83% en 2025 y llegar al 82,8% en 2026. En el caso de las comunidades autónomas, estima que su deuda se sitúe en el 21,7% en 2024, para caer al 21% en 2025 y al 20,3% en 2026. Por su parte, sitúa la deuda de las entidades locales en el 1,4% en 2024, una cifra que prevé que baje al 1,3% en 2025 y en 2026.

Con todo, coloca la deuda del total de administraciones públicas en el 106,3% en 2024, en el 105,4% en 2025 y en el 104,4% en 2026. Además, el Gobierno ha anunciado que aprueba un Plan de Reequilibrio tras la suspensión de las reglas fiscales.

Se asegura la tramitación de los Presupuestos con un informe jurídico

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Después lo remitirán a las Cortes, que aprobarán o rechazarán los objetivos de estabilidad propuestos por el Ejecutivo que, en esta ocasión, tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.

Actualmente, la incertidumbre está en qué pasará en el Senado, ya que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.

No obstante, el Gobierno cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que permitirá la tramitación de unos nuevos PGE para 2024, pese al posible bloqueo en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.