El Constitucional albanés suspende la ratificación del acuerdo con Italia para crear centros de inmigrantes en Albania
- Se suspenden los procedimientos de ratificación "hasta una decisión final", que debería tomarse el 18 de enero
- El acuerdo se hizo para crear centros de inmigrantes en Albania que tramiten solicitudes de asilo y repatrien a los denegados
El Tribunal Constitucional de Albania ha suspendido este miércoles de forma temporal la ratificación parlamentaria del acuerdo sobre inmigración con Italia, firmado en noviembre en Roma por los jefes de Gobierno italiano, Georgia Meloni, y albanés, Edi Rama, después de que un total de 30 parlamentarios de la oposición presentaran ante la corte un recurso para dirimir su constitucionalidad.
Según el comunicado del Tribunal Constitucional, se suspenden los procedimientos de ratificación "hasta una decisión final", que debería tomarse en una sesión de los magistrados convocada para el 18 de enero.
La decisión del Constitucional se produce cuando se esperaba la ratificación del documento mediante una votación en el Parlamento albanés para el próximo día 21.
El acuerdo fue criticado por el opositor Partido Democrático de Albania, y 30 de sus diputados recurrieron el pacto y pidieron medidas cautelares el pasado día 6 al Tribunal Constitucional al considerar que violaba procedimientos y normas nacionales.
"El grupo de diputados ha denunciado que no se respetó el procedimiento de negociación y la firma, ya que el Protocolo de Cooperación forma parte de aquellas categorías de acuerdos que requieren la autorización del Presidente porque afecta a asuntos de territorio y derechos fundamentales", ha señalado la presidenta del Constitucional albanés, Holta Zacaj.
Los parlamentarios defienden que se ha incumplido el protocolo de firma, puesto que este tipo de acuerdos requieren de la autorización del presidente, Bajram Begaj, "de conformidad con el artículo 121 de la Constitución sobre "territorialidad y derechos fundamentales".
Dicho artículo contempla que la ratificación de cualquier acuerdo internacional ha de seguir la ley nacional si tiene que ver con cuestiones territoriales, políticas y militares, así como con alianzas, paz, libertades, Derechos Humanos o derechos fundamentales.
La oposición considera que el acuerdo firmado entre el primer ministro albanés, Edi Rama, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, viola la soberanía albanesa, ya que los centros de tramitación en territorio albanés serían supervisados por las autoridades italianas.
"La reunión de jueces, convocada el 13 de diciembre de 2023, votó que la solicitud cumple con los criterios preliminares de admisibilidad y decidió trasladar el caso al pleno de la sala", ha indicado en un comunicado, por lo que el protocolo quedará paralizado hasta que la corte emita su fallo.
Construcción de dos centros de identificación y acogida para inmigrantes
El 6 de noviembre, Rama y Meloni firmaron un acuerdo para la construcción en Albania de dos centros de identificación y acogida para los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, con una capacidad máxima de 3.000 personas al mes, o 36.000 al año.
El objetivo es que en esos centros se tramiten las solicitudes de asilo y que también desde allí sean repatriados aquellos a quienes se les deniega ese estatuto, lo que reduciría el número de inmigrantes en territorio italiano.
Según el acuerdo, un centro estaría en el puerto de desembarco e identificación de los inmigrantes en la ciudad portuaria de Shengjin, y otro en la antigua base aérea del ejército albanés de Gjadri, para los trámites posteriores, como la presentación de la solicitud de asilo o la repatriación.
El acuerdo ha sido suscrito por un período de cinco años, prorrogables por otros tantos, e Italia asumiría los gastos del proyecto.
El 21 de noviembre, la Cámara de Representantes del Parlamento italiano aprobó la resolución, a pesar de las críticas de la oposición.
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mitjatovic, criticó las consecuencias del acuerdo y mostró inquietud por lo que percibe como una tendencia europea a externalizar la gestión del asilo, en alusión también al Reino Unido y Dinamarca.