Nueve vocales piden al CGPJ una declaración "rotunda" para acabar con el "acoso" y "señalamiento" a los jueces

• Los conservadores piden estudiar la "legalidad" de las comisiones en el Congreso sobre el supuesto "lawfare"
• Y denuncian "amenazas" y "descalificaciones" como la de Junts, que llamó "indecentes" a varios magistrados

Imagen de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid.

Los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han pedido al CGPJ un posicionamiento “rotundo” frente al “acoso y quiebra del Estado de Derecho” que, a su juicio, se deriva del "señalamiento" a los jueces desde partidos con representación parlamentaria y a las comisiones de investigación en el Congreso que, creen, buscan "criminalizar la labor judicial".

En una solicitud, a la que ha tenido acceso RTVE, los vocales piden incluir en el orden del día del Pleno del próximo 21 de diciembre que se analice la “legalidad” de “las comisiones parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los jueces”, así como las relaciones entre el Poder Judicial “y el resto de Poderes del Estado”.

Los firmantes son los conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart.

Piden analizar la "legalidad" de las comisiones sobre el supuesto 'lawfare'

En concreto, se refieren por un lado a las comisiones de investigación que el PSOE pactó con Junts y con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre, respecto a la actuación de la Justicia en el marco del ‘procès’ y de supuestos casos de “lawfare” (judicialización de la política). Unas comisiones que, a su juicio, han sido planteadas con la “indisimulada intención de criminalizar la labor judicial”.

Precisamente, este martes se creó en el Congreso una comisión de investigación para indagar en la denominada 'Operación Cataluña', la supuesta trama parapolicial durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) para atacar al independentismo catalán, y otra sobre el espionaje mediante los 'software' Pegasus y Candiru a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas vinculados al independentismo.

Denuncian "descalificaciones" y "amenazas"

Por otro lado, los vocales destacan que esta solicitud llega tras el “continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales”.

El martes, la diputada de Junts Miriam Nogueras llamó “indecentes” al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena, Carmen Lamela y Concepción Espejel. Además, pidió que fueran "juzgados".

Este mismo jueves, el partido de Carles Puigdemont ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que los vocales del CGPJ sean cesados cuando cumplan el mandato de cinco años (el Consejo lleva actualmente cinco en funciones por el bloqueo en la negociación entre PP y PSOE). En esta iniciativa, acusan al Poder Judicial de vulnerar los principios de soberanía nacional y división de poderes con "una agenda política propia".

Por todo ello, los vocales exigen del CGPJ “un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho”.

Precisamente, las palabras de Junts ya provocaron un profundo malestar en el ámbito judicial y el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, suspendió una reunión prevista para este miércoles con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la que se pretendía analizar la situación crítica del Supremo. Tras una conversación telefónica entre ambos, en la que Bolaños se comprometió a “trabajar por el prestigio de los jueces ante los ataques”, la reunión se pospuso finalmente al próximo martes.

Y el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, emitió un comunicado tildando de "inadmisible" el señalamiento a jueces que de Junts y avisó de que "se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia".