Rato pide anular el juicio sobre el origen de su fortuna personal en su primera sesión
- La Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos
- La abogada de Rato ha calificado la causa de "mendaz", puesto que "se afirma una cosa y la contraria"
Rodrigo Rato ha pedido la nulidad del nuevo proceso judicial que ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid y que extenderá sus sesiones hasta finales de mayo. El que fuera el 'súper ministro de Economía' del Gobierno de José María Aznar habría defraudado 8,5 millones de euros y la Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
La defensa del exvicepresidente del gobierno ha pedido que se anule la causa, porque considera que está basada en un registro que vulneró su derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio y que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía. En defensa de Rato, la abogada María Massó critica que la denuncia de la Fiscalía no se sostiene, entre otros motivos, porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas". La denuncia "era mendaz", ha afirmado la abogada, y "los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria".
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
¿Cómo se forjó la fortuna de Rato?
Gracias al análisis de la documentación intervenida, se ha logrado identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, concluyeron que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros.
La Fiscalía ha recordado además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y ha apuntado que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía, declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.
Piden una pena elevada por la acumulación de delitos
En su acusación, Anticorrupción indica que Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente -su fortuna- utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior".
Debido a la acumulación de presuntos delitos, la pena que pide Anticorrupción para el exministro es de 70 años de cárcel: entre cuatro y seis años por cada uno de los 11 delitos contra la Hacienda Pública, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, tres por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.
Este juicio es clave para Rato porque se resolverá la causa en su totalidad, dado que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relativo a la pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por parte del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid por contratar la publicidad de Bankia por su salida a Bolsa con dos agencias concretas. Por este asunto, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.
La Audiencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido 'caso Rato' para convertirlo en un único proceso. Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarían "pronunciamientos contradictorios" que pudieran darse si se juzgaban por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.
Las pruebas propuestas en el juicio
En un auto fechado en septiembre de este año, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección número 7 de esta audiencia provincial se pronunció sobre la prueba a practicar en el plenario y que fue interesada tanto por la Fiscalía como por Abogacía del Estado y los hasta 12 encausados. En este sentido, además de admitir para el Ministerio Público la declaración de los acusados y de los representantes de las mercantiles encausadas, se aprobaba una veintena de testificales y varias periciales de Hacienda y de unidades policiales especializadas.
En cuanto a la prueba propuesta por la defensa de Rato, el tribunal acordó la mayoría de las solicitudes de testificales, si bien denegó que declarara el exministro Rafael Catalá dado que, aseguraba, su testimonio se proponía por supuestas manifestaciones realizadas con carácter general y que no tenían relevancia para el enjuiciamiento de los hechos presuntamente cometidos por los acusados.
Tampoco aceptó la testifical de Santiago Menéndez, quien fuera director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018, y que también propuso la defensa del exministro. Lo planteó para que testificara "en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios que él dirigía" y que dio lugar al inicio de la causa. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, donde se ha investigado este asunto, dictó auto de apertura de juicio oral en junio de 2021.
Las otras causas de Rato
Ya en septiembre de 2020 el que fuera vicepresidente de José María Aznar conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que le absolvía por la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que dirigía en esas fechas.
Previamente a conocer esa absolución, ya fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real.
La causa que se sigue en los juzgados madrileños comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por cuotas impagadas del IRPF. El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".
Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.
En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".
El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.