Bullrich anuncia medidas contra las protestas en Argentina: "Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país"
- Las fuerzas de seguridad no permitirán ni cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de manifestación
- Dirigentes de izquierdas de Argentina han acusado a la ministra de Seguridad de "ubicarse en el terreno de la ilegalidad"
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha anunciado este jueves medidas contra las protestas en el marco del nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público. Las fuerzas de seguridad no permitirán a partir de ahora ni cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de manifestación social o sindical.
"Las calles no se toman. Vamos a ordenar el país para que la gente viva en paz", ha insistido en rueda de prensa. Bullrich ha asegurado que habrá sanciones severas para quienes hagan cortes, los organicen, instiguen o sean "cómplices" de estos.
La ministra ha explicado que las cuatro fuerzas de seguridad federales y el Servicio Penitenciario Federal intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales, sin importar que los manifestantes dejen o no vías alternativas para el tránsito. Los efectivos actuarán hasta dejar totalmente asegurada la libre circulación.
"Sin orden no hay libertad. Y, sin libertad, no hay progreso", ha afirmado Bullrich, quien ha advertido que "quien las hace, las paga" y que solo se permitirán protestas "sobre la vereda (acera)".
Prohibido llevar el rostro tapado
Los organizadores de las protestas con cortes deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad. No se permitirá ir con el rostro tapado ni llevar niños a las movilizaciones y se dará aviso a la Justicia en caso de "daño ambiental" si se queman neumáticos.
Además, la cartera trasladará información a la Dirección Nacional de Migraciones para el caso de manifestantes extranjeros con residencia provisional.
"Para llevar a cabo estas medidas las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia", ha agregado la ministra de Seguridad.
La izquierda acusa al Gobierno de "ubicarse en el terreno de la ilegalidad"
Dirigentes de los partidos de izquierdas de Argentina han acusado a Bullrich de "ubicarse en el terreno de la ilegalidad" y de hacer anuncios "inconstitucionales" a propósito del nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público.
"El derecho a la protesta es el primero de los derechos, sin ese, se pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo", ha asegurado un mensaje publicado en la red social X la diputada y excandidata presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, Myriam Bregman.
En otro mensaje, Bregman ha considerado que "todas las medidas que está tomando este gobierno constituyen un profundo ataque a las condiciones de vida de millones de personas". "(Bullrich) prefiere violar la Constitución a que se exprese el descontento", ha afirmado la diputada, que ha especificado que "la legislación que rige el funcionamiento del servicio penitenciario impide hacer lo que dijo la ministra".
"Es una provocación", ha afirmado por su parte y en rueda de prensa Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. "Es una amenaza que nosotros la calificamos como ilegal. La ministra no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que hoy dijo que va a hacer. En Argentina existe una derecho a la protesta que está amparado por la Constitución", ha continuado Solano.
El nuevo protocolo se ha presentado en un delicado escenario social y económico en Argentina, donde cerca del 45% de la población es pobre y donde el Ejecutivo de Javier Milei, líder de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza y que asumió la Presidencia el 10 de diciembre, acaba de lanzar duras medidas de ajuste en un contexto de inflación del 160,9% interanual.
Con este telón de fondo, varias organizaciones sociales han convocado movilizaciones para el 20 de diciembre, aniversario de las violentas protestas de 2001, que se dieron durante una explosiva crisis económica y que terminaron con la renuncia del entonces presidente, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001).