El Gobierno asegura que los jueces no tienen obligación de ir a las comisiones del Congreso como pide Junts

• Tanto Sánchez como Bolaños han rechazado que los magistrados tengan que acudir para dar explicaciones en la Cámara Baja
• Se desmarcan así de Junts, que ha advertido de las "consecuencias penales" de quienes se nieguen a participar

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i),

El Gobierno ha asegurado que no se les impondrá a los jueces acudir a las comisiones de investigación del Congreso relativas a los presuntos casos de lawfare. "No tienen obligación de asistir porque lo dice la ley, pero es que además tampoco tendría ninguna utilidad", ha asegurado este martes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha considerado que el debate vigente sobre este asunto "se resuelve con mucha claridad" consultando la legislación.

Tras las advertencias de su socio de investidura, JxCat, que este lunes avisó a los jueces de que podrían enfrentar "consecuencias penales" si no comparecían ante las comisiones pactadas entre el partido independentista y el PSOE, el Gobierno se ha desmarcado y ha mostrado su rechazo a convocar a los magistrados para que rindan cuentas sobre sus actuaciones, una posibilidad que además ha recibido el rechazo tanto del ámbito judicial como de la oposición.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha insistido en que dichas comisiones "no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales" y ha recordado que están "claramente reguladas" en el artículo 76 de la Constitución –donde se establece que sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales– y en la ley del Poder Judicial, así como en el reglamento del propio Congreso.

"No estamos para llevar a los jueces al Parlamento", ha recalcado por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha rechazado que los jueces tengan que acudir para dar explicaciones en la Cámara Baja durante una conversación informal con periodistas en la tradicional recepción navideña en La Moncloa.

Junts advirtió a los jueces que afrontarían "consecuencias penales"

En el acuerdo de investidura, los socialistas y Junts pactaron que la ley de amnistía incluiría casos de la denominada "judicialización de la política" (lawfare) y la creación de varias comisiones de investigación en el Congreso sobre el espionaje a políticos catalanes con el sistema Pegasus y la presunta trama parapolicial para atacar al independentismo, la 'operación Cataluña'.

"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", explicita el documento, en el que, en cambio, no aparece que tengan que comparecer los jueces en la comisión.

Sin embargo, Junts ha mostrado su intención de que acudan a las sesiones y les ha transmitido tanto sus críticas como las "consecuencias penales" a las que podrían enfrentarse de no asistir, ya que en la constitución se especifica que "será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras" parlamentarias.

Durante el debate para crear las comisiones, además, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, aprovechó su intervención para cargar contra los magistrados que participaron en el juicio del procés, a los que llamó "indecentes". "Deberían ser cesados y juzgados", agregó. En concreto, mencionó a la cúpula judicial, al expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, al juez Manuel Llarena –que presidió el tribunal del procés–, a cargos policiales como el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos.

Días después, ante las críticas suscitadas por las palabras de Nogueras, el portavoz de Junts, Josep Rius, insistió en que tanto la cúpula del Tribunal Supremo como la del CGPJ estaban "politizadas". Así, defendió que mantenían "un papel activo contra el independentismo y numerosos casos de lawfare". "No solo es criticable, sino que se tendrá que investigar en el marco de la comisión sobre la 'operación Cataluña' en el Congreso", afirmó.

Frente al "señalamiento" del partido catalán, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha avanzado que "se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia". Este martes, además, un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte las "medidas y acciones legales pertinentes" ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones" contra jueces, agentes y periodistas.

El PP señala que los jueces tienen la obligación "de no comparecer"

El PP, por su parte, ha destacado que el artículo 339 de la ley del Poder Judicial establece que las "autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia". "No es que no tengan obligación de comparecer, es que tienen la obligación de no comparecer", ha recalcado la diputada del PP, Ester Muñoz, que ha acusado al PSOE de no tener "límites en la degradación institucional".

“En la LOPJ se dice que las autoridades no pueden citar a comparecer a los jueces y también se dice que los jueces no pueden censurar a otras autoridades. La separación de poderes funciona de ida y vuelta”, ha explicado la catedrática Mercedes García Arán en RNE, donde ha señalado que, en su opinión, los magistrados sí que pueden asistir, pero no hablar “de asuntos que conozcan por su cargo”. De este modo, cree que el delito por negarse a asistir no aplicaría a los jueces y ha mostrado sus dudas de que un tribunal aceptara a trámite una denuncia contra ellos por ese mismo motivo.

Las comisiones también han centrado parte de las intervenciones de los senadores en el pleno del Senado de este martes, donde la senadora 'popular' Yolanda Ibarrola ha afeado el "señalamiento" de Junts a los jueces del procés.

"Si algún magistrado tuviera la tentación de creer que todos los españoles somos iguales ante la ley, de creer en la indisoluble unidad de España o en la independencia judicial, se le investigará y se le acusará de judicializar la política o de actuar al dictado de un partido político", ha advertido. "Es de primero de democracia dejar tranquilos a los jueces y no mercadear con las instituciones", ha dicho también su compañero de partido Alejo Miranda de Larra.

"Ataques a los jueces hoy he escuchado solo al señor Monago, que se ha excusado", ha respondido la ministra Nadia Calviño, en referencia las palabras del senador José Antonio Monago, que la semana pasada fue también el blanco de las críticas por las acusaciones de lawfare en la sentencia de la Gürtel que vertió contra el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. "Estoy convencido de que no estuvo acertado por mi parte. Me enseñaron en mi casa que cuando uno se equivoca tiene que rectificar", ha expresado al comienzo del pleno, donde ha pedido que se retiren sus palabras del diario de sesiones.