Texas aprueba una ley para detener a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera

• Con la norma SB4, los policías pueden arrestar a los migrantes que ingresaron ilegalmente y ordenarles a salir
• Organizaciones de Texas han criticado fuertemente al gobernador y le han advertido de que se verán en las cortes "muy pronto"

Migrantes esperan junto al muro fronterizo en la puerta 42 para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha convertido este lunes en ley un paquete de proyectos antiinmigrantes. Abbott ha firmado el paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de la Legislatura estatal, entre las que destaca la SB4, que otorga a los departamentos de policía locales el poder de arrestar a los migrantes que ingresaron ilegalmente al estado y ordenarles a salir de Estados Unidos.

Abbott ha defendido el derecho de Texas de asegurar su frontera. “La meta de esta ley es parar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, ha subrayado en la ceremonia de la firma. Ha explicado que la aplicación de la SB4 "se enfocará en la frontera" y ha asegurado que la ley es constitucional.

La ley, conocida como SB 4, entrará en vigor en marzo y tipificará como nuevo delito estatal la entrada o reentrada ilegal en Texas. Los jueces de primera instancia de Texas estarán obligados a ordenar a los migrantes que regresen a México, con penas de hasta 20 años para quienes se nieguen a acatar la orden.

Los migrantes que crucen ilegalmente ya pueden ser acusados de entrada o reentrada ilegal en virtud de la legislación federal estadounidense vigente, aplicada por agentes fronterizos y fiscales federales.

Decenas de organizaciones de Texas han criticado fuertemente este lunes a Abbott, y le han advertido de que se verán en las cortes "muy pronto".

Cerca de la frontera de Brownsville con México, donde se ha producido la firma de la ley, un grupo de activistas liderados por La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y Frontera Texas Organizing Project le han recordado al gobernador que están en “estado de alerta y resistencia” ante la implementación de esta medida.

Más de 40 personas han protestado al grito de “Sí se puede” en el lugar, dando inicio a una campaña lanzada la semana pasada y a la que se han sumado más de 50 organizaciones comunitarias que prometen manifestaciones en los próximos meses.

“No hay límite para el terror que el gobernador Abbott provoca sobre los texanos”, ha señalado Tania A. Chávez Camacho, directora de LUPE, en la protesta.

Ha añadido que el republicano y sus aliados han permitido que Texas se convierta en un “lugar seguro” para un pequeño grupo de personas xenófobas y antiinmigrantes, y al mismo tiempo en un sitio hostil para la mayoría de los texanos.

Chávez ha advertido que continuarán marchando, testificando y organizándose contra estas políticas “en las calles y en los tribunales”.

En ese sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas ha confirmado este lunes que tiene “la intención” de presentar esta semana una demanda contra la SB4,

Esta ley es uno de los proyectos “más radicales y antiinmigrantes del país”

Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes en la ACLU de Texas, ha indicado que esta ley es uno de los proyectos “más radicales y antiinmigrantes del país” que sin duda conducirá a más violaciones de derechos “e infundirá miedo en las comunidades negras, morenas e indígenas y en todas las personas de color en todo el estado”.

La abogada ha advertido que la SB4 viola el derecho internacional y federal e interfiere con el proceso de asilo.

Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), ha avisado en un comunicado de prensa que docenas de organizaciones de Texas se han comprometido a “resistir la agenda antiinmigrante, racista y xenófoba encabezada por el gobernador Abbott".

Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor organización hispana de derechos civiles de Estados Unidos, también se ha despachado contra Abbott y la Legislatura de Texas, a los que ha acusado de estar “determinados a convertir su poder legislativo en un arma para obtener ganancias políticas a costa de seres humanos”.

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), Arturo Vargas, también ha condenado en un comunicado la promulgación de la ley, que califica de antiinmigrante, inconstitucional, costosa y poco sólida.

Ha segurado que NALEO estará dispuesta a brindar a los funcionarios latinos elegidos y designados en Texas “los recursos necesarios para ayudar a sus electores a comprender los efectos de esta ley y proteger sus derechos”.