Una veintena de fiscales del Supremo piden a García Ortiz que actúe contra los "ataques" de Junts

• La diputada Míriam Nogueras señaló la semana pasada con nombre y apellidos a varios jueces a los que llamó "indecentes"
• Los fiscales piden con "diligencia" al fiscal general del Estado medidas ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Un grupo de 21 fiscales del Tribunal Supremo ha pedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte las "medidas y acciones legales pertinentes" ante "los insultos, amenazas y falsas acusaciones" contra jueces, agentes y periodistas hechas por la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras.

En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, los firmantes, todos ellos fiscales de Sala y fiscales de la sección penal del Supremo, consideran que las acusaciones de Nogueras "representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática".

La diputada de Junts señaló la semana pasada con nombre y apellidos a varios jueces, a quienes llamó "indecentes" y de quienes dijo que deberían ser "cesados y juzgados". En concreto, se pronunció así contra los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, contra el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes y a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel. Unas palabras por las que el actual presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ya ha anunciado medidas.

Nogueras se pronunció así durante el debate para la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la llamada Operación Cataluña, pactada entre PSOE y Junts, la presunta trama parapolicial urdida durante el Gobierno del PP para atacar al independentismo. Unas comisiones que los nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido estudiar respecto a su legalidad al órgano de gobierno de los jueces (también le han pedido una declaración "rotunda" contra los "señalamientos" y "ataques").

Le instan a "preservar la legalidad e independencia de los tribunales"

Los firmantes recuerdan al fiscal general que la Constitución establece expresamente que "el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales".

En virtud de ello, solicitan a García Ortiz que "se proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales anteriormente expuestos", y a que "adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales".

Esta misiva se produce un día después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya prometido este lunes a los fiscales que "el Gobierno defenderá siempre a los jueces, magistrados y fiscales" ante "cualquier cuestionamiento, venga de donde venga", y pidiera a "todos, sin excepción", respeto a las instituciones. Se pronunció así en su intervención en el acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales después de las acusaciones de Junts y también del senador del PP José Antonio Monago, que dijo la semana pasada que la sentencia del caso 'Gürtel' es "el mayor caso de lawfare" en España. Unas palabras que este martes el senador 'popular' ha rectificado al decir que "fue desafortunado".

Por otra parte, la carta de los 21 fiscales del Tribunal Supremo llega un mes después de otra que mandaron también un grupo de 18 fiscales al fiscal general del Estado en la que le criticaban por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del 'procés' frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de 'lawfare' o guerra judicial.