El informe encargado por la Conferencia Episcopal recoge 1.383 denuncias y 2.056 víctimas de abusos en la Iglesia

• La auditoría del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo no determina el número de abusadores
• "Son solo una parte de lo que ha ocurrido", concluye, puesto que hay víctimas que no pudieron o quisieron denunciar

El informe Cremades recoge 2.056 víctimas de abusos en la Iglesia y 1.383 denuncias

La auditoría realizada por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores en la Iglesia católica recoge un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas, pero no ofrece una cifra de abusadores.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado este jueves la última edición del informe "Para dar Luz" al que han incorporado los datos del informe que los obispos encargaron al despacho de abogados en febrero de 2022 y que fue entregado a los prelados el pasado día 16. La versión íntegra de la auditoria de Cremades & Calvo Sotelo, no obstante, no se ha mostrado.

"Solo una parte" de los abusos reales

"Somos conscientes de que esas 1.383 denuncias y ese número mínimo de 2.056 víctimas no responde a la realidad. Son solo una parte de lo que ha ocurrido", se indica en las conclusiones del informe, puesto que no pueden contarse las personas que no han podido denunciar, "entre las que se encuentran, especialmente, los niños y niñas con discapacidad intelectual, mental o múltiple y las personas que han preferido guardar silencio o fallecieron antes de que empezaran a denunciarse los abusos".

De dichas denuncias se deduce "un mínimo de 2.056 víctimas", puesto que en muchas de ellas se habla de dos, tres, cinco y hasta 15 víctimas, "y en casi 300 denuncias se refieren a abusos realizados sistemáticamente por un victimario a lo largo de varios años".

Para obtener esta cifra, la auditoría ha cruzado datos de diversas fuentes, comprobando que no se den duplicidades: el informe de la CEE 'Para dar luz', los cuatro informes de El País, el informe del Defensor del pueblo, publicaciones de otros medios de comunicación, los datos de la Fiscalía General del Estado, la investigación llevada a cabo en Navarra y otras, además del canal de denuncias de Cremades & CalvoSotelo. Además, se solicitó información individualizada a las diversas instituciones de la Iglesia manteniendo reuniones con la CEE, las 69 diócesis, la Prelatura del Opus Dei, 47 institutos de Vida Consagrada y sociedades de vida apostólica y otras cinco instituciones de la iglesia, además de congregaciones e institutos seculares.

El perfil de la víctima mayoritario: niño en colegio o internado

En cuanto al perfil de las víctimas que han denunciado, el estudio de Cremades & Calvo Sotelo revela que son en su mayoría hombres, que sufrieron los abusos entre los 7 y los 14 años. El lugar de los hechos más repetido son los colegios e internados, aunque existe un "elevado número de denuncias en las que las fuentes no revelan el lugar".

En cuanto a los abusadores, la mayoría son religiosos, aunque también hay laicos del entorno que son, sobre todo, profesores. Sobre el tipo de abuso cometido, es mayoritariamente "abuso" y se señala que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido, resaltando que el término "abusos o tocamientos" abarca una realidad muy heterogénea.

Las fechas de comisión de los abusos en el Informe Cremades abarcan desde el año 1905 a la actualidad, aunque la CEE indica, según recoge EuropaPress, que los casos se registran por una cuestión de "biología" desde la década de los 40 hasta la actualidad. Las décadas en las que se registra un mayor número de abusos son las de 1960-1970 y 2010-2019.

Cremades propone indemnizaciones de hasta 100.000 euros

Entre las recomendaciones del despacho de abogados, se plantea el establecimiento de una Comisión Independiente para la reparación integral de las víctimas, que incluya la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima. Se insta también a crear un Fondo para la reparación para cubrir las indemnizaciones, organizar actos de conmemoración pública o memoriales, y poner en marcha medidas de prevención y garantías de no repetición.

Concretamente, propone indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros para las víctimas y la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros, por parte de la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos, para cubrir estos gastos.

De acuerdo con el informe, la Iglesia debe sufragar las reparaciones a las víctimas, "sean del orden que sean, con cargo a este patrimonio propio, para cuya dotación y garantía de suficiencia podrá disponer de patrimonio inmobiliario".

"En ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses a los que no podrá recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0,7 % del IRPF", advierte el despacho.

Además de las cifras antes citadas, se sugiere que la Comisión Independiente pueda plantear una Renta Mínima Vital para víctimas a quienes, como consecuencia de los abusos, les resulte impedido incorporarse a la vida laboral.

Actos de reparación y garantías

El informe insiste en que el derecho a la reparación integral de las víctimas se haga a través de un comité o autoridad independiente y externa a la Iglesia; que las víctimas sean consideradas parte de los procesos canónicos y que se abran y se denuncien ante las autoridades civiles todos los delitos que lleguen a oídos de las eclesiales.

También aconseja entregar al papa el informe y las medidas propuestas para la reparación, crear un canal de denuncias externo y otro interno en cada institución eclesial y que se estudie ejercer la acusación contra los presuntos abusadores.

Para esas personas pide que se adopten medidas disciplinarias como suspenderlas del ejercicio de las funciones, y apartarlas de todo acceso a niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el despacho Cremades & Calvo Sotelo recomienda a la CEE que reconozca la "enorme dimensión" de lo ocurrido y "condenen explícitamente los hechos, proclamen la superación de la cultura del silencio y la ocultación e indiquen su voluntad de abordar esta realidad de los abusos, de prevenirlos y erradicarlos en su ámbito, así como de asumir la responsabilidad por los daños producidos, remediar sus acciones negativas y garantizar su no repetición".

Propone, además, a la Iglesia que facilite a las víctimas la narración de los abusos sufridos y que reconozca públicamente "el valor de la memoria de las víctimas, sin cuestionarla, minimizarla o negarla".

Y que "para cada actividad que se organice con niños, niñas y adolescentes, aunque sea de forma puntual, se debe establecer un responsable de protección que adquiere la responsabilidad de su protección durante la duración de la misma".