La Corte Interamericana declara en desacato a Perú tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori

• Han ordenado al Estado que presente un informe sobre las "graves violaciones" de los derechos humanos
• Perú argumenta que "no ha existido desacato" en el indulto otorgado a Fujimori

El expresidente peruano Alberto Fujimori en una imagen de archivo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado este jueves en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, en contra de lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos de las matanzas la Cantuta y Barrios Altos.

La CorteIDH ha declarado el desacato "debido a que (el Estado) ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituyó los efectos al indulto 'por razones humanitarias' otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) concedió el indulto a Fujimori en diciembre de 2017.

En una resolución publicada este jueves, la CorteIDH ha recordado que había ordenado no implementar el indulto porque "no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional".

La CorteIDH ha precisado que Perú "ha incurrido en un desacato" de la resolución de medidas urgentes dictada el pasado 5 de diciembre que requería al Estado abstenerse de liberar a Fujimori, así como también de las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 30 de mayo de 2018 y del 7 de abril de 2022, que ordenaron lo mismo.

"En consecuencia, corresponde invocar lo dispuesto en los artículos 65 de la Convención Americana y 30 del Estatuto de la Corte, a fin de informar sobre el particular a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos mediante el Informe Anual de la Corte Interamericana para 2023", explica la corte en la resolución publicada este jueves.

Han ordenado al Estado que presente un informe

La Corte IDH también ha ordenado al Estado que presente, a más tardar el 4 de marzo de 2024, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta.

El Estado deberá continuar presentando informes cada tres meses, por el tiempo que la Corte considere necesario.

Fujimori, de 85 años y condenado 25 años de cárcel, salió de prisión el pasado 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

Perú sostiene que no hay desacato

El Gobierno peruano ha respondido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que "no ha existido desacato" alguno en el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), porque las sentencias en su contra por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta fueron ejecutadas en su momento.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, han afirmado que "el Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos".

Asimismo, han ratificado su "firme adhesión" a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la defensa del ser humano y el respeto de su dignidad.

Perú es el segundo país que la CorteIDH declara en desacato en los últimos años. El otro es Nicaragua luego de que no respondiera a numerosas comunicaciones del tribunal y de que no cumpliera con una serie de medidas de protección en favor de decenas de ciudadanos perseguidos o considerados como presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega.

El pasado 7 de diciembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que representa a víctimas de violaciones de derechos humanos de La Cantuta y Barrios Altos, pidió CorteIDH que declarase en desacato a Perú y que convoque a una audiencia para que el Estado brinde explicaciones.

El Gobierno de Perú, horas después de la liberación de Fujimori, emitió un breve mensaje a través del canciller, Javier González-Olaechea, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en el que ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocido como Pacto de San José), y señaló que había acatado una sentencia del Tribunal Constitucional.