El PP pide en su enmienda a la totalidad a la amnistía "disolver" organizaciones que promuevan consultas ilegales

• Los 'populares' han registrado el texto el mismo día que finaliza el plazo en el Congreso
• La enmienda propone reformar el Código Penal para incluir delitos de "deslealtad constitucional"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

El Partido Popular ha presentado este miércoles por la tarde su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. Con ella, pretende establecer un “punto de partida para rearmar al Estado” frente a quienes quieren “reescribir la historia de España” y "debilitar las instituciones", según los ‘populares’. El texto propone reformar el Código Penal para incluir delitos de "deslealtad constitucional" y la "pena de disolución" para las personas jurídicas y organizaciones que convoquen referendos o consultas ilegales, así como penas de cinco a diez años de cárcel para los responsables de las consultas.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha comparecido en rueda de prensa desde Génova para dar cuentas de la enmienda a la totalidad, que se ha presentado precisamente el mismo día en que concluye el plazo para hacerlo.

“La enmienda es un texto alternativo que no es el final de ningún proceso con el que pretendemos retrasar o bloquear esta ley. Es un principio, es el punto de partida de una acción política, social y legal que desplegará el PP para tratar de rearmar el Estado”, ha expuesto Tellado, que ha remarcado que el objetivo de los ‘populares’ “no es más que frenar y revertir el daño que independentistas y socialistas están haciendo a las instituciones del país”.

De cinco a diez años de prisión por declarar la independencia

El texto, al que ha tenido acceso RTVE, propone una modificación del Código Penal para incluir un nuevo capítulo, el VII, denominado "deslealtad constitucional", que consta de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547. El fin, ha explicado Tellado, es “castigar” a las autoridades, cargos públicos y funcionarios públicos “que promuevan inobservancia de las leyes o el incumplimiento de resoluciones judiciales” o que contravengan "frontalmente mandatos imperativos que afectan al mantenimiento del orden constitucional y la integridad del Estado".

Así, propone tipificar como delito las declaraciones de independencia "fuera de los cauces legales de reforma constitucional" como la de 2017 y los referéndums o consultas independentistas, ha explicado el portavoz 'popular'.

El primero de los artículos fija penas de cinco a diez años de prisión y de seis a 12 años de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica que, "fuera de los cauces legales de reforma constitucional" declare la independencia de una parte del territorio o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien. El texto también plantea que "si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a tres años".

Cabe recordar que el Código Penal en 2003 ya contempla penas de tres a cinco años de prisión para las autoridades que convocasen referendos o consultas populares, condenas inferiores a las que plantea el Partido Popular.

Castigos para la "conspiración" y "disolución" de entidades

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo proponen que los "actos preparatorios encaminados" a la comisión de cualquier delito de "deslealtad constitucional", y "en particular la conspiración, provocación y proposición de estos" se castiguen "con las mismas penas establecidas para ellos reducidas en uno o dos grados". Es decir, penas desde un año y tres meses hasta los cinco años de cárcel.

En el caso de las consecuencias penales para las personas jurídicas que participen en delitos de "deslealtad constitucional", el PP quiere se les imponga la "pena de disolución", salvo que antes de la apertura de juicio oral colaboren al "esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional".

Para aquellas personas jurídicas en las que se aprecie dicha colaboración, el partido plantea que se imponga "la pena de suspensión de actividades de seis meses a cinco años o pena de multa de seis meses a cinco años".

Preguntado por si el punto relativo a la disolución de entidades implica ilegalizar partidos como ERC o Junts si vuelven a cometer actos similares a los de 2017, tal y como pide Vox, Tellado se ha limitado a responder: “Hablamos de responsabilidades de políticos, de cargos y de personas vinculadas a la administración y de la responsabilidad de personas jurídicas y de organizaciones que participen de esa cuestión”.

Fuentes 'populares' explican que, aunque en la redacción de la enmienda no se ha incluido la ilegalización de partidos, como pide Vox, pero sí la suspensión de actividades y disolución de personas jurídicas, esto afecta a partidos políticos, además de organizaciones sociales o culturales.

El PP, convencido de que los independentistas convocarán un referéndum

Tellado se ha mostrado convencido de que los partidos políticos catalanistas tienen la intención de convocar un referéndum, porque es "un ansia expresada con claridad" por ellos.

Sobre la disolución de organizaciones que propone el PP se ha pronunciado el líder de Vox, Santiago Abascal, que en un mensaje en la red social X ha reprochado a los 'populares': "Piden ilegalizarlos después de negociar con ellos y después de votar en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizarlos". Sus palabras llegan justo el mismo día en que se ha conocido que el pasado mes de agosto el PP se reunió con Junts en Barcelona, en el marco de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, si bien el propio Tellado ha zanjado que fue un "café" entre dos concejales (de PP y de Junts) y que no se inició negociación alguna.

Vox, por su parte, ha presentado también este miércoles su enmienda a la totalidad, en la que además de pedir ilegalizar partidos separatistas, propone castigar con cárcel a quienes negocien con procesados por la Justicia.

Una enmienda sin visos de prosperar

El debate de las enmiendas tendrá lugar la próxima semana en el Senado, dado que el Congreso se encuentra en obras, después de que la Mesa de la Cámara Baja habilitara enero para tramitar de urgencia esta norma. El texto del PP no tiene visos de salir adelante dada la mayoría parlamentaria que se ha pronunciado a favor de la amnistía.

Llama la atención que la enmienda 'popular' no propone recuperar el delito de sedición que el Gobierno derogó con sus socios en la pasada legislatura ni volver a la anterior tipificación del delito de malversación, aunque en la exposión de motivos denuncia precisamente el "vaciamiento del Código Penal" que, a su juicio, suponen estas cuestiones.

Con todo, la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúñez, ha defendido que la enmienda es un "ejercicio de responsabilidad" para tratar de frenar la "ley de impunidad" y evitar la "inobservancia de las leyes".

"Apostamos por volver a la lealtad constitucional", ha dicho en una entrevista en 24 horas de RNE, donde ha instado a recuperar los delitos de malversación y sedición y "a fortalecer nuestro estado de derecho frente a los ataques". "La ley de amnistía busca romper la igualdad de los españoles ante la ley", ha zanjado.