Junts se abstiene tras lograr que el PSOE derogue el artículo de la ley de enjuiciamiento que "amenazaba" la amnistía

• En concreto, se trataría del artículo 43.bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, incluido en el decreto 'ómnibus'
• También acuerdan facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña y el traspaso de las competencias de inmigración

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras

Junts se ha abstenido en la votación de los tres reales decretos tras alcanzar un acuerdo con el PSOE para suprimir el artículo 43.bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, que el partido catalán consideraba que suponía una "amenaza a la viabilidad de la ley de amnistía".

Incluido en el conocido como decreto 'ómnibus', dicho artículo establecía que, cuando un magistrado presentase cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE, se paralizarían las causas hasta que el órgano se pronunciase sobre cómo aplicar el derecho comunitario. Una medida que a ojos de Junts podía afectar a la aplicación de la ley de amnistía, puesto que permitiría a los jueces retrasar el proceso.

El Gobierno ha podido salvar así el decreto relativo a las medidas sobre Justicia y Función Pública. El partido que lidera Carles Puigdemont había anunciado inicialmente su voto en contra de los tres decretos del Gobierno de coalición, pero finalmente ha decidido no participar en las votaciones.

El Gobierno traspasa las competencias de inmigración

Más allás de la ley de Enjuiciamiento, Junts ha informado en un comunicado que también han pactado modificar la ley de Sociedades Capital con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, establecer un tipo 0 en el IVA del aceite –que pasaría a ser considerado alimento esencial– y traspasar las competencias de inmigración a la Generalitat.

La delegación integral de estas competencias, según explican, se produciría mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña. Una delegación que según Junts irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a la región hacer una política integral.

Esto, asegura Junts, "permitirá a Cataluña hacer una política integral" y que sean el Govern el Parlamento de Cataluña "quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades y realidad de nuestro país".

Por otro lado, desde la formación independentista aseguran que el pacto alcanzado con el PSOE incluye también quintuplicar el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia en Cataluña, que pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.

Además, el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público y reconocen también los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.

Junts celebra el pacto: "Ganan los ciudadanos de Cataluña"

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha celebrado como un triunfo para Cataluña el acuerdo. Ante los medios de comunicación en los pasillos del Senado, ha recalcado que Junts "siempre ha dejado muy claro sus condiciones" y considera que deben "respetarse" las competencias de Cataluña. Además opina que, con el acuerdo, "ganan los ciudadanos de Cataluña" y la autonomía, a la que se ha referido como "país".

Por su parte el portavoz de JxCat, Josep Rius, ha afirmado en un mensaje en la red social X que "mantener la posición nos permite conseguir cosas que nunca se habían conseguido. Cataluña sale ganando".

Tras conocerse el acuerdo, el sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, se ha pronunciado sobre la cesión de competencias en inmigración, ya que hasta ahora eran exclusivas de este cuerpo para todo el territorio nacional. "Para JUPOL, este anuncio supone una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnico y/o

operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas", ha indicado en un comunicado.

"Es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general", añade.