La Fiscalía de Perú pide 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo

• Castillo fue destituido y detenido tras su intento de disolver el Congreso a finales de 2022
• Actualmente está acusado de "rebelión", abuso de autoridad y alteración del orden público

Imagen de archivo del expresidente de Perú, Pedro Castillo.

La Fiscalía de Perú ha solicitado formalmente 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, ha informado este viernes el Ministerio Público.

"El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022", ha publicado la Fiscalía en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El exmandatario se encuentra recluido desde ese día, tras ser destituido, acusado de "rebelión", abuso de autoridad y alteración del orden público. En este momento pesa sobre él una orden de prisión preventiva de 18 meses y otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

Su destitución desató meses de protestas mortales que afectaron al sector minero clave en un país rico en cobre.

Arrestado por su propia escolta

Aquel día, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de Justicia y la constitución de un ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión.

Prisión preventiva desde junio de 2022

Chávez se encuentra desde junio del 2022 en prisión preventiva como parte de la investigación por el autogolpe de Estado fallido.

Igualmente, el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.

Para el también ex primer ministro Aníbal Torres ha solicitado 15 años de pena privativa de libertad por el delito de rebelión.