El Congreso da el primer paso para eliminar el término "disminuido" de la Constitución
- La redacción, acordada entre el PSOE y el PP, sustituirá este término por "personas con discapacidad"
- La tramitación ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, que no ve oportuno "abrir el melón" de la reforma
El Congreso ha dado este martes el primer paso para eliminar de la Constitución el término "disminuidos" y sustituirlo por el de "personas con discapacidad" al aprobar su toma en consideración y su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, tal y como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
El pleno ha dado la luz verde con el apoyo de todos los partidos salvo Vox, que se ha abstenido, en una sesión extraordinaria celebrado en el Senado por las obras en la Cámara Baja y con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y otras asociaciones presentes en el debate. En total, la proposición ha recibido 315 votos a favor y 33 abstenciones, e inicia su tramitación por la vía exprés y sin cambios en otros artículos, aunque Sumar ya tiene anunciadas al menos dos enmiendas.
El PSOE y el PP celebran el consenso
"Nací como ustedes, sin ningún tipo de discapacidad. La poliomielitis me vino a visitar con tres años. En documentos me han llamado subnormal o inválido. Y, minusválido el año que fui subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas", ha contado el diputado y exdeportista paralímpico Emilio Sáez Cruz, uno de los primeros en intervenir en el debate. Desde el atril y en representación del PSOE, ha instado a quitar la palabra "disminuido" de la Constitución y ha defendido esta decisión como un paso más hacia la "igualdad real, plena y efectiva".
También el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado el apoyo de su partido a la reforma, recordando que este paso sirve para "mejorar" la carta magna y adaptarla para "reflejar las nuevas realidades de las personas con discapacidad. Al igual que Sáez, Bolaños ha subrayado que el debate va más allá de las "palabras". "Sirven para ofender o acariciar, convencer o denigrar. Son el vehículo para ver el mundo y cómo queremos que sea, sirven para dar forma a la realidad. Por eso la reforma es tan relevante", ha argumentado.
Además, ha aprovechado para dirigirse al PP: "Este es el camino, dialogar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos", ha dicho el ministro, que ha instado a "entendernos en lo que es indiscutible, en cumplir la Constitución y reformarla para mejorarla.
Por su parte, Feijóo ha mostrado su "compromiso firme" con esta reforma y ha avanzado el voto positivo de su partido: "No voy a renunciar nunca a la política que surge del consenso y de la honestidad. No voy a renunciar nunca a la política que tiene como única razón el ser servicio a los ciudadanos. No voy a renunciar nunca a servir a la mayoría. Y no voy a renunciar nunca a defender la igualdad", ha asegurado.
Asimismo, ha indicado que esta modificación pretende "tratar con justicia" al sector de la discapacidad y ha recalcado que "es fruto de un consenso mayoritario". "En lugar de debilitar la democracia española, la estamos afianzando", ha subrayado. Igualmente, ha expuesto que la Constitución "es más que nunca la garantía de la igualdad y la libertad de todos los españoles" y ha agregado que también es la prueba de que la reforma es "infinitamente mejor opción que la ruptura". "Y el marco de un modelo de convivencia en el que todos cabemos y todos nos podemos sentir orgullosos. Incluso los que no creen en él", ha señalado.
El diputado por Sumar, Lander Martínez, ha reconocido que "hasta ahora" los partidos políticos han fallado "porque esta es una reforma que las personas con discapacidad, que sus familias y que sus organizaciones llevan peleando muchos años". Asimismo, ha aplaudido que "inicia una senda, la de los avances sociales y la de la ampliación de derechos".
La reforma recibe el apoyo del resto de grupos salvo Vox
Por otro lado, el diputado del PNV Mikel Legarda ha expresado su acuerdo con el fondo de la cuestión, pero ha criticado las formas y las prisas en la tramitación para "no dejar tiempo suficiente para considerar la conveniencia de otras reformas constitucionales aunque no conciten las mayorías necesarias". Otros socios de investidura han expresado su apoyo a la reforma y han renunciado a la posibilidad de presentar enmiendas como ERC. Su diputado Francesc Álvaro Vidal ha lamentado no obstante "el bipardismo de las lentejas, o las tomas o las dejas".
Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua ha propuesto abrir un debate "serio, sereno y profundo" sobre la "plurinacionalidad del Estado" y, en la misma línea, el diputado del BNG Néstor Rego cree que "como mínimo" sería necesario "un proceso global de reforma de la Constitución para avanzar en democracia". Y la diputada de Podemos Noemí Santana ha defendido la "necesidad de perder el miedo en este país a reformar la Carta Magna" para adaptarla "a los nuevos tiempos".
Desde Junts, Marta Madrenas i Mir ha destacado la importancia de la tercera reforma de la Constitución, pese a que "llegue muy tarde" porque se elimina "uno de los aspectos rancios" de la Carta Magna y ha reclamado avanzar en salud mental y dotar de más recursos a la ley de dependencia.
La única voz disonante del pleno la ha puesto la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, quien cree que se está utilizando a las personas con discapacidad "para dar un golpe al estado de derecho y teatralizar una supuesta normalidad", y ha reprochado a Feijóo haber pactado con Sánchez "una reforma vil y miserable". "No vamos a ser cómplices de que utilicen a las personas con discapacidad como una pantalla para ocultar esta grave realidad", ha añadido. A ella se ha sumado su compañero de partido José María Sánchez, quien ha criticado que la reforma se tramite por la vía urgente. "Le pedimos coherencia, señor Feijóo", ha dicho.
"Las personas con discapacidad ejercen los derechos"
El artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
La reforma pretende cambiar la redacción a "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". El texto añade que se regulará por ley "la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".
Además, en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".
Se trata de una reforma constitucional que fue impulsada por el CERMI en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos". Entonces hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante hasta ahora.
El sector de la discapacidad pide "máximo consenso"
El sector de la discapacidad ha pedido recientemente que se adopte la reforma con el "máximo consenso" y "sin ningún tipo de fisuras", después de una "larga espera", porque es "el momento de las personas con discapacidad". "Es un avance para el país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España", exponía el CERMI
Al él se unió la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) que pedía "celeridad", así como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que recalcaba que "los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad y el deber de sacar adelante la reforma". Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxi Queiruga, subrayaba que "es el momento de llegar al máximo consenso posible para todo lo que afecta a las personas con discapacidad".