Rebelión en las granjas alemanas contra los recortes del Gobierno de Scholz
- Protestas masivas de los agricultores alemanas, que perderán las subvenciones del diésel agrario
- Una sentencia del Tribunal Constitucional obliga al Ejecutivo a reducir en 16.000 millones los presupuestos de 2024
El sector del campo en Alemania se ha alzado en las últimas semanas como la némesis de la coalición semáforo (el Ejecutivo federal formado por socialdemócratas, verdes y liberales). Manifestaciones multitudinarias, bloqueo de carreteras en todo el país, concentraciones ante la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín, un lugar de atmósfera variopinta normalmente, pero impresiona igualmente verlo flanqueado por miles de tractores.
Es la consecuencia de lo que podríamos llamar una reacción en cadena que arrancó el pasado 15 de noviembre. Ese día, el Gobierno del canciller, Olaf Scholz (SPD), recibió un revés que no esperaba cuando, tras una demanda del principal partido de la oposición (la unión de las formaciones democristiana y socialcristiana CDU/CSU), el Tribunal Constitucional declaraba ilegal el uso de fondos destinados en su día a combatir la crisis del coronavirus para fondos de protección del clima. De repente, en las cuentas públicas apareció un agujero de 60.000 millones de euros que había que tapar. Se reestructuraron los presupuestos, tirando de nuevo de endeudamiento a pesar de las reticencias de los socios liberales, que en 2023 querían volver al freno de la deuda después de años en los que fue inevitable no respetarlo, primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania.
También las cuentas previstas para 2024 se vieron comprometidas y, por ello, ha sido necesaria una segunda redacción. La brecha presupuestaria de este año se ha cifrado en 17.000 millones y, para cubrirla, el canciller lo dejó claro en su mensaje: habrá que hacer recortes y también ahorrar. “No nos gusta, pero es necesario para que podamos llegar con el dinero que tenemos disponible”, afirmó. Y, esta vez sí, se mantendrá el freno de la deuda.
Es aquí, pues, entre recortes y ahorro de fondos públicos, donde entra el conflicto con los agricultores. Los ajustes tomados por el Gobierno alemán están enfocados en gran parte en aquellas ayudas poco implicadas con el clima –sector de los transportes–, así, en un primer momento, el Gabinete de Olaf Scholz decidió poner fin a la exención del impuesto sobre vehículos para la agricultura y a las subvenciones que desgravan el diésel agrario. Una explotación agrícola media en Alemania recibe unos 2.900 euros al año en concepto de compensación por este combustible y para las arcas públicas supone dejar de desembolsar 440 millones.
Cinco días después de que el Ejecutivo plantease los recortes, los agricultores estaban en la calle. La primera gran manifestación se celebró, también en la Puerta de Brandeburgo, el pasado 18 de diciembre. Ante cientos de pancartas pidiendo la salida del Gobierno de coalición, el ministro de Agricultura, Cem Özdemir (Los Verdes), quiso estar presente en esa movilización para mostrar su apoyo al sector.
“Los agricultores no tienen alternativa al diésel (…) y son los que nos suministran alimentos, estos recortes los sobrecargan”, subrayó. Pero las palabras de Özdemir no convencieron, la presión crecía y el Ejecutivo decidió suavizar las medidas: la exención al impuesto de matriculaciones se mantendría y la retirada de las subvenciones al diesel sería gradual.
Este paso seguía sin ser suficiente. Continuaba aumentando la intensidad de un conflicto del que también se ha querido hacer uso político. Por un lado, los conservadores no tardaron en posicionarse del lado de los agricultores, pero también se ha sumado la supuesta filtración de grupos radicales de los que el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, Joachim Rukwied, ha intentado desvincularse.
“No queremos grupos de extrema derecha ni otros grupos radicales con deseos de subversión en nuestras manifestaciones”, indicó Rukwied. Entre los actos vandálicos, se incluye el ataque, a principios de enero, al vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck (Los Verdes), cuando desembarcaba de un ferri después de un viaje privado a una isla de Mar del Norte. Un grupo de hombres, ahora investigado por la Fiscalía, impidieron que bajase del barco.
Protestas en los 16 estados federados
Con el nuevo año en marcha y con las ayudas al diésel agrario como punto clave del desencuentro, se produce el siguiente movimiento del campo: la organización de una semana de protestas en todo el país, en los 16 estados federados, que incluye el bloqueo de carreteras y autopistas. El colofón a los siete días de movilizaciones ha tenido lugar este lunes, cuando más de 5.000 tractores volvían a invadir el centro de Berlín, a sitiar la Puerta de Brandeburgo.
Esta vez, a la cita acudía otro ministro del Gobierno, el de Finanzas, Christian Lindner (FDP), que, como uno de los promotores de los recortes –junto con Scholz y Habeck–, se enfrentaba a una atmósfera poco amable. Entre gritos y abucheos, el político liberal ha asegurado que entiende el malestar de estos trabajadores. Los planes de austeridad les habían exigido demasiado y con demasiada rapidez. La agricultura alemana tiene que seguir siendo competitiva, “no debe haber ningún sacrificio especial para el sector”, por eso se habían mitigado los recortes previstos inicialmente. No obstante, Lindner también ha advertido de que “no puedo prometerles más ayudas estatales con cargo al presupuesto federal”. No hay margen para ello.
En una reunión celebrada ese mismo lunes entre representantes de los agricultores y los grupos parlamentarios de los partidos que gobiernan (socialdemócratas, verdes y liberales) se concluyó que también la Agricultura necesita un Zeitenwende, un punto de inflexión (término utilizado por el canciller Scholz en febrero de 2021 para referirse al cambio de era que suponía la agresión rusa sobre Ucrania).
De ese encuentro ha salido el compromiso para poner en marcha planes concretos que alivien la carga de los agricultores. Antes del verano debería ver la luz un paquete legislativo con este fin. Pero, hasta entonces, la presión de un sector que da trabajo en Alemania a un millón de personas (alrededor del 2% de los empleados) no cesa y a finales de esta semana se tomará una decisión acerca de nuevas protestas contra un Gobierno que, en la mitad de su mandato, ve su popularidad más mermada que nunca.
En este sentido, tampoco hay que perder de vista las "espinosas" citas electorales del próximo otoño en tres estados del este del país, en Sajonia, Brandeburgo y Turingia, donde el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania se sitúa como primera fuerza en las encuestas.