Un certificado de edad para ver porno: la encrucijada entre privacidad y protección a menores dentro y fuera de España

• La Agencia de Protección de Datos plantea un modelo que mantiene el anonimato al identificarse solo ante un organismo oficial
• Francia, Reino Unido o Estados Unidos tratan de reforzar sus legislaciones ante el problema sin demasiado éxito

Un niño utiliza una tablet, en una imagen de archivo Getty

"¡Si quieres ver la continuación, sigue a la siguiente web!". Estas palabras y otras, más claras, explícitas, fueron las que revelaron a la profesora que Maxim, de apenas 13 años, era consumidor habitual de vídeos porno en Internet. Nada impedía al niño entrar en las webs desde su habitación. Nada, más allá de un clic sobre “sí, soy mayor de 18 años”.

La pornografía, como la violencia gratuita, es un contenido “nocivo” para los menores, de acuerdo con la ley española. Sin embargo, siete de cada diez jóvenes de entre 13 y 17 años la ven regularmente, de acuerdo con un informe del Ministerio de Justicia. La ministra portavoz, Pilar Alegría, lo apuntó este martes y reveló también que el 25% accede a ella por primera vez antes de los 12 años. Para algunos, los vídeos X ―a veces extremadamente violentos― son su única fuente de educación afectivo-sexual y los expertos alertan de su impacto en el imaginario sexual. De hecho, la Fiscalía General del Estado lo señala como una de las causas del ascenso preocupante de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad, con un aumento del 116% desde 2017.

Por ello, el Gobierno ha anunciado que prevé activar “antes del verano” un sistema de verificación de edad para proteger a los menores de la pornografía. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ya tiene una “prueba de concepto” o prototipo y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) está desarrollando el mecanismo. La meta: que nuestros propios dispositivos nos permitan acceder a contenidos para adultos solo si somos adultos, y sin que nuestra identidad, ni ningún dato personal, se revele a la plataforma.

La cuestión preocupa también en los países de nuestro entorno, pero por ahora ningún Gobierno ha conseguido ponerle coto. La dificultad está en lograr un equilibrio entre la protección de los menores y el derecho a la privacidad de todos los usuarios.

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El equilibrio entre protección y privacidad

La AEPD explicó en diciembre que su sistema no daría información a las plataformas o webs, sino que les ofrecería la “garantía de que la persona que accede a los contenidos para adultos puede hacerlo”. ¿Cómo? El usuario tendría en su dispositivo un certificado que demuestre simplemente que es una “persona autorizada a acceder”. Ni edad exacta, ni otros datos personales.

Que las plataformas o páginas web pornográficas no reciban ningún dato al respecto es importante por dos motivos principalmente: para proteger la privacidad de los usuarios adultos que quieran ver ese contenido y para evitar el señalamiento y localización de los menores, lo que multiplicaría los riesgos.

Así, argumenta la agencia de protección de datos, el mecanismo que acredita si se puede entrar o no a una web en concreto debe estar en el propio móvil, ordenador o consola del usuario, lo que impedirá que estas plataformas nos perfilen y monitoreen al entrar o intentar entrar. Funcionaría, de algún modo, como un antivirus o una app de control parental en nuestros propios dispositivos. Para conseguir ese certificado, será necesaria la intervención de una “entidad de confianza”, que en este caso será la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además, según explicó la ministra Alegría, la aplicación permitirá restringir o no el acceso desde un mismo móvil, dependiendo de si lo usa un adulto o un niño.

Una "entidad de confianza"

Pero hay que tener claro que todo esto es solo el concepto que ha diseñado la AEPD. Cómo se materializarán en el certificado que se desarrolle finalmente es todavía un misterio, aunque deberá respetar dichos principios. La FNMT, en cualquier caso, sería la única entidad ante la que tendríamos que identificarnos para conseguir la clave de “persona autorizada a acceder”.

El doctor en Filosofía del Derecho y consultor experto en derecho digital, privacidad y protección de datos, Borja Adsuara, apunta a esa característica como una de las ventajas. “Antes que hackear un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, te hackean tu móvil o la base de datos de una empresa. No digo que no pueda hacerse, pero es el eslabón más fuerte”, comenta, y recuerda que cedemos constantemente nuestros datos, desde a empresas de alquiler de coches a webs, sin conocer su nivel de seguridad.

Y ahí está el otro punto de fricción: quién es la “entidad de confianza” ante la que nos identificamos con las garantías de que no va a ceder esos datos ni conocer qué hacemos en Internet.

La directora de la AEPD, Mar España, advertía en una entrevista en el Canal 24 Horas de los “peligros para la privacidad” cuando se trata de “alguna empresa” o de la misma página de pornografía. En esa misma línea, Adsuara critica a quienes proponían verificar la edad a través de una fotografía o webcam: "O sea, para saber si eres menor, estarías regalando datos biométricos. ¡Casi es peor el remedio que la enfermedad!"

Múltiples intentos y fracasos en otros países

El modelo de una tercera empresa de confianza es el que está comenzando a extenderse en Estados Unidos. Comenzó el estado de Luisiana con una ley que obligaba a utilizar los sistemas comerciales de verificación de edad para acceder a páginas con una “parte sustancial” de contenidos para adultos y, siguiendo su ejemplo, otros estados han implantado la medida. No obstante, la industria de la pornografía y el entretenimiento para adultos está dando la batalla judicial con el argumento de que estas restricciones son “ineficaces, inconstitucionales y peligrosas” para la privacidad de los usuarios.

El camino de Francia ha sido muy similar al de España. En febrero de 2023, el Gobierno anunció a bombo y platillo que acabaría con el acceso de los menores al porno desde septiembre a través de una especie de certificado digital, bajo los principios marcados por la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades. Pero nada de eso ha ocurrido y no se sabe cuál es el estado del proyecto, informa el corresponsal de RNE en París, Antonio Delgado.

Así, como hasta ahora, el supervisor audiovisual francés es el encargado de controlar y requerir a las páginas webs de adultos que establezcan sistemas de control de “satisfactorios” y se prevén importantes sanciones en caso de incumplimiento, aunque esto no ha conseguido acabar con el problema. Según un informe de 2022, más de 2 millones de adolescentes franceses eran adictos al porno, como informó la corresponsal de TVE, Mavi Doñate.

Los anuncios de medidas más duras y el fracaso en la puesta en marcha es un esquema que se repite también en Reino Unido desde 2017, con un último intento en la ley de seguridad en internet de 2023. Quizás hay que reparar en Italia para encontrar una vía distinta y que sí ha podido ponerse en vigor: bloquear las tarjetas SIM de los teléfonos que pertenezcan a menores de edad para impedir que accedan a contenidos no aptos para ellos.

No solo para porno: podría limitar también el acceso a redes sociales a menores de 14

Por otro lado, un sistema de verificación de edad puede tener más usos que limitar el consumo de porno a menores. El mecanismo valdría también para demostrar que se tienen los más de 14 años exigidos para tener redes sociales sin el consentimiento de padres o tutores, indican fuente de la AEPD.

“Y para todas las plataformas que provean contenidos que por ley son ilegales para personas menores de determinada edad”, apunta el director de Pantallas Amigas, Jorge Flores, que menciona, por ejemplo, el juego online. El fundador de la organización por un uso seguro y saludable de internet explica que el negocio de estas webs está precisamente en atraer al máximo número de usuarios y, de momento, se han escudado en que no cuentan con una “alternativa razonable” para controlar la edad.

Si se cuenta con un sistema de comprobación fiable, “podremos ser más estrictos con la provisión de contenidos o servicios para los menores en cuestiones que antes no nos planteábamos”, agrega.

Para que esto sea posible, Adsuara pone el acento en el trabajo de clasificación por edades de todos los contenidos de la red, igual que sucede con el cine, la televisión o los videojuegos. “La verificación de edad solo funciona si los contenidos están etiquetados”, subraya.

Esta labor correspondería a los mismos responsables de los contenidos, a través de un “etiquetado inteligente supervisado por humanos”. “Luego, una autoridad de supervisión, bien de autorregulación o bien una autoridad administrativa, tendrá que ver si lo ha etiquetado bien o mal, si hay quejas, etc.”, señala. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha designado a las autoridades competentes ni ha establecido un régimen sancionar, como exige el reglamento europeo de servicios digitales que entra en vigor el próximo 17 de febrero.

Más allá de la tecnología

Con todo, “buscar simplificaciones basadas en ‘solucionismos tecnológicos’ que ignoran disfunciones sociales básicas podría agravar los problemas que estas originan”, previene la misma AEPD. Entonces, ¿qué más debería hacerse para proteger a los menores de contenidos para los que no están psicológicamente preparados?

“Tendríamos que empezar a valorar qué empresas llevan el negocio de forma ética y quienes no (…) En muchos casos nuestra capacidad de intervención es poca, pero las marcas que trabajan con ellas pueden presionar”, lanza Flores, de Pantallas Amigas, y menciona también el papel de los Gobiernos. "Hay que cumplir la ley, multar a todas las plataformas que no tengan sistemas de verificación", coincide Adsuara, y menciona sanciones ya impuestas por la AEPD.

La otra pata que se repite entre los expertos es la educación afectivo-sexual integral desde la infancia. “Que se entienda como una contribución a una sociedad más justa (...) estamos hablando de habilidades sociales, gestión de conflictos, conocimiento del propio cuerpo, consentimiento, deseo, respeto, derechos humanos, igualdad, bienestar sexual y social, emocional”, señaló este martes Sandra Sedano, profesora del Grado de Educación Social de la Universidad de las Islas Baleares, en una entrevista en RNE. 

Para Flores, solo una educación así puede proporcionar a los menores un “enfoque crítico y preventivo frente al impacto negativo de la pornografía violenta”, los estereotipos de género y los abusos que a menudo se muestran en ella. Las familias también deben involucrarse en qué contenidos ven sus hijos y emplear las medidas de control parental a su alcance.