El Gobierno aprueba el proyecto de ley de derecho a la defensa para que la Justicia sea "más cercana y garantista"

• El nuevo texto busca regular el derecho a la tutela judicial reconocido por la Constitución
• Amplía este derecho a las vías de resolución de conflicto extrajudiciales, según ha defendido el ministro Bolaños

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, en una imagen de archivo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de derecho a la defensa, un texto que "desarrolla, regula y amplía" este derecho recogido en la Constitución, para así lograr "una Justicia más cercana, ágil, moderna y garantista", según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Esta ley ya fue aprobada por el Gobierno en la anterior legislatura, aunque decayó durante su tramitación parlamentaria por el adelanto de las elecciones generales al pasado 23 de julio.

"Era necesario regular ese derecho a la defensa y hacerlo mediante ley orgánica", ha señalado Bolaños tras la reunión del Consejo de Ministros. El derecho está recogido en el artículo 24 de la Constitución, que reza que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Además, la Carta Magna reconoce el derecho a la asistencia de letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

El texto que se aprueba este martes aúna distintos aspectos de este derecho que contaban con "una regulación fragmentada", según explicaba en 2022 la predecesora de Bolaños al frente de Justicia, Pilar Llop.

Se extiende el derecho a la defensa a las vías extrajudiciales

La nueva ley amplía el derecho a la tutela judicial efectiva y lo extiende "a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos", una "línea estratégica del Ministerio para poder desatascar tantas dilaciones que se producen en el servicio público de justicia", según ha explicado el titular del Ministerio. Además, busca adaptar este derecho "a la existencia de medios electrónicos y a la vía telemática, la norma en el funcionamiento del servicio público de justicia", algo que ya avanzaba el decreto ómnibus aprobado el pasado día 9 de enero.

Otra de las novedades que incluye la ley es el reconocimiento del derecho de los ciudadanos "a que se puedan comunicar con la administración de justicia en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible", algo que Bolaños ha reconocido que "necesitará tiempo".

También se extenderá la asistencia jurídica gratuita a partir "a todas las personas vulnerables" y obligará a todas las sedes judiciales "a que sean completa y universalmente accesibles" para facilitar el acceso a la Justicia a personas con discapacidad. 

Busca un "apoyo muy amplio" en el Congreso

El ministro de Justicia ha defendido que esta debe ser una "ley de consenso" y ha confiado en que contará con un "apoyo muy amplio" en el Congreso ya que lo que hace la ley es "garantizar derechos de los ciudadanos". En este sentido, ha informado de que irá a trámite parlamentario "inmediatamente".

También ha explicado que el texto se ha elaborado "con el apoyo de los operadores jurídicos" y en particular de la abogacía. A los letrados también les afecta la ley, ya que se plantea "un elenco de derechos de letrados y de sus deberes deontológicos y de trato y relación con el cliente".