El CNI pidió al Supremo espiar a Aragonès con Pegasus aduciendo que coordinaba las acciones de los CDR

• Planteó espiar el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat
• Así consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en su dispositivo

El CNI pidió al Supremo espiar a Aragonès alegando que coordinaba las acciones de los CDR

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con el software Pegasus el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre julio de 2019 y marzo de 2020, cuando era vicepresidente del Govern, argumentando que era quien coordinaba las acciones de los Comitès de Defensa de la República (CDR) en Cataluña en la clandestinidad. 

Así lo adujeron los servicios secretos ante el juez del Supremo encargado del control del CNI, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, facilitados por el Gobierno al juez que investiga el espionaje al presidente catalán tras desclasificarlos.

No obstante, según fuentes consultadas por Europa Press, los documentos sobre el espionaje a Aragonès que el Gobierno desclasifico parcialmente a petición del juez están "llenos de partes eliminadas", con páginas enteras tachadas.

Todo esto surge un día antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con 'Pegasus'.

Tres autos

Se trata de tres autos: uno de julio de 2019 en el que el juez del Supremo autoriza el ataque con el software malicioso y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020. 

Según consta en las resoluciones judiciales, el CNI planteó espiar el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat, con el gobierno de Quim Torra, porque sospechaba que, en paralelo a su papel institucional y desde la "clandestinidad", ejercía funciones de coordinador de los CDR.

Los servicios secretos no pidieron usar Pegasus en el móvil de Aragonès por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por su papel de "dirección y coordinación" de las actividades de los CDR, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del 'procés' y los meses posteriores.

En la querella que presentó contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado entre julio de 2018 y marzo de 2020. 

El Gobierno entrega la documentación

El Gobierno ha remitido ese jueves al juzgado los tres autos del Supremo que avalaron el ataque con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar.

No obstante, inicialmente el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa.

Por ese motivo, el magistrado se plantea reclamar al Gobierno el resto de información vinculada al uso de Pegasus, que se le ha denegado con el argumento de que su desclasificación podría poner en riesgo "la seguridad nacional".

Fuentes del Gobierno afirman que las escuchas que se están conociendo "traen causa de operaciones iniciadas por el CNI antes de que llegáramos al Gobierno y contaron siempre con autorización judicial". "Ha sido precisamente este Gobierno quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, siempre con el límite de la seguridad nacional".

Para el Govern de la Generalitat, la información que se ha pasado es "insuficiente" y los argumentos del CNI están "fuera de toda realidad".

Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el CNI espió a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicios secretos, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas.