El fiscal general del Estado descarta pronunciarse sobre la amnistía: "Puede ser una distorsión en el debate jurídico"

• García Ortiz cree no debe hacer ningún "pronunciamiento previo" a que la ley se termine de tramitar
• Lo ha dicho en La Hora de la 1, en su primera entrevista desde que tomó posesión

El fiscal general del Estado, sobre la amnistía: "Cualquier pronunciamiento previo puede ser una distorsión en el debate jurídico"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado pronunciarse sobre la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso, pues ha advertido de que "cualquier pronunciamiento incluso previo a conocer el texto puede ser una distorsión en el debate jurídico".

En La Hora de La 1, programa al que ha concedido su primera entrevista tras tomar posesión del cargo después de ser ratificado por el Gobierno, García Ortiz ha reiterado, que su función no es hacer de "comentarista político", sino "promover la acción de la Justicia ante los tribunales".

"Las opiniones tienen poco que ver con nuestro trabajo", ha explicado en relación a las funciones de la Fiscalía. Así, ha reivindicado que cada institución actúe dentro de sus "competencias".

No informará sobre la amnistía al Senado

En este punto, ha rechazado también enviar un informe sobre la ley de la amnistía como le ha solicitado el Senado, porque ha asegurado que no tiene competencias para hacerlo.

El pasado mes de diciembre, la Cámara Baja solicitó un informe sobre esa ley tanto al Consejo Fiscal como al Consejo General del Poder Judicial, una petición que ha vuelto a realizar esta misma semana.

Al respecto, García Ortiz ha enviado una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, para informar de que el Consejo Fiscal "carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento", como es el caso de la ley de amnistía. 

"No hay precedentes, ni ha competencias", ha reiterado durante la entrevista en TVE. En este sentido, ha señalado que el Consejo Fiscal informa sobre los anteproyectos de ley que le remite el Gobierno, pero no sobre proposiciones de ley que hacen los grupos parlamentarios.  "No debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer", ha zanjado.

No obstante, ha indicado que la Fiscalía se pronunciará cuando la ley comience a aplicarse y los fiscales sean requeridos por los tribunales para hacerlo.

Sobre a cuantos procedimientos podría afectar la futura ley de amnistía, García Oritz ha dicho que desconoce ahora mismo esa cifra, dado que hay que analizar caso por caso y además, ni siquiera se conoce el texto definitivo.

La 'operación Cataluña'

Por otra parte, ha mostrado su preocupación por la llamada 'operación Cataluña' y en concreto, por el supuesto espionaje al que fuera fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, presuntamente por orden del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para García Ortiz, se trata de un asunto "tan grave" que la Fiscalía ha abierto una investigación. "A los fiscales no se nos investiga", ha remarcado el fiscal general, quien lo ha considerado "un tema muy importante y muy trascendente", porque "puso en peligro toda la estructura de un Estado de derecho".

"Piense usted que quien tiene la obligación y el deber de investigar, que son los fiscales, la cúpula de esta estructura territorial en la comunidad autónoma de Cataluña sea el investigado sin que sea informado de ello y ni haya ninguna causa, ninguna obligación para hacerlo. Es la inversión absoluta de los papeles y un Estado de derecho", ha remarcado.

Sobre su idoneidad

Preguntado también por el informe en contra de su nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), García Ortiz ha considerado que el órgano de gobierno de los jueces se ha "excedido" de sus competencias.

"Deben pronunciarse sobre si es un jurista de prestigio [...], y tratar sobre la idoneidad de una persona para la Fiscalía General del Estado le corresponde a la Comisión de Justicia de las Cortes", ha puntualizado.

Para García Ortiz, emitir "juicios de valor" sin ser la competencia de una institución, "desprestigia a quien los elabora" y no a la institución del Fiscal General del Estado.