García Castellón cuestiona que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía en un auto del caso 'Tsunami'
- Sostiene que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió uno de los policías
- El pacto de PSOE, ERC y Junts excluye de la amnistía solo las "graves violaciones de derechos humanos"
Después de que PSOE, Junts y ERC pactaran blindar vía enmiendas las causas de los CDR y 'Tsunami Democràtic' en la ley de amnistía, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha puesto en duda su argumentación y ha cuestionado que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda beneficiarse de la medida de gracia.
En un nuevo auto, el magistrado indica que las agresiones recibidas por varios policías durante los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del 'procés' podrían suponer un atentado contra los derechos humanos al no poder descartar en ellas "ánimo homicida".
El pacto de los tres partidos establece que solo se excluirán de la medida de gracia las "violaciones graves de derechos humanos", algo que consideran que no se da en el caso de ambas causas. En todo caso, el nuevo texto de la ley de amnistía excluye las causas de terrorismo si hay "violación grave de derechos humanos" pero con el matiz de que esta violación sea de forma "manifiesta" y "con intención directa".
Sin embargo, el magistrado, que investiga a Puigdemont por terrorismo en la causa 'Tsunami', cree que las graves lesiones que sufrieron dos agentes en los altercados son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física" y determina que "al no haberse efectuado diligencia de instrucción alguna, no haber podido oír al perjudicado, ni realizar informes forenses, no se puede inferir si por el tipo de objeto arrojado, el lugar en el que se recibió el impacto, la posición del agresor o cualquier otra circunstancia periférica concurrente, podría apreciarse un ánimo de lesionar u homicida", lo que podría excluir al expresidente catalán de la medida de gracia.
No descarta la responsabilidad de Puigdemont y Rovira
García Castellón ha hecho estas consideraciones en su argumentación en un auto en el que rechaza el recurso presentado por una de las investigadas contra la personación en el procedimiento de dos agentes de policía que sufrieron heridas de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, tras conocerse la sentencia del 'procés'.
En su recurso, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, la defensa de Marta Molina alegaba que esos actos no eran imputables a 'Tsunami' sino a los Comités de Defensa de la República (CDR), por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes.
El juez señala que este argumento no puede servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, "como si la presencia de unos CDR desplazase totalmente la responsabilidad de otros".
De este modo, haría también responsables a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ya que cree que eran conscientes de los riesgo.
Añade también que "resulta especialmente llamativo como indicio incriminador" la conversación entre Puigdemont (principal investigado en la causa) y uno de los investigados en la que el primero "parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales, y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad".
Recuerda que la gravedad llevó a Sánchez a visitar a los agentes
García Castellón, además, ha citado a declarar en calidad de perjudicados a los dos agentes que resultaron heridos, si bien todavía no fija la fecha de la citación. El juez subraya la gravedad de las lesiones sufridas por los policías que, en el caso de uno de ellos, se produjeron por un fuerte golpe en la parte superior del casco reglamentario causado por un objeto contundente arrojado por uno de los participantes en las manifestaciones.
Indica que como consecuencia de la brutalidad del impacto se produjo la fractura del casco protector y el agente se desplomó en el suelo, inconsciente, sufriendo una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión.
Está claro, dice el juez, "que el resultado de esta acción fueron unas lesiones muy graves, un resultado lesivo que la instrucción debe indagar si resulta objetivamente imputable a la acción de Tsunami y sus organizadores".
Asimismo, añade que la gravedad de esta acción, la repercusión pública que tuvo y el notorio interés mediático que motivó la hospitalización de los agentes lesionados, llevó incluso a que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudiera a visitarles al hospital donde permanecían ingresados.
Por todo ello, el magistrado concluye que no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, "incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del que podrían ser partícipes los investigados".
Define las protestas en Barcelona como un "escenario cruento"
García Castellón afirma que Tsunami "no fue un 'invitado' de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña, y que tuvieron como "uno de sus escenarios más cruentos" los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona".
Al hilo, recuerda que en la exposición razonada que elevó al Supremo ya se mencionaba que Tsunami había anunciado aquel día en las redes sociales la convocatoria de una huelga general, con el siguiente texto: "Pensábamos que la sentencia era el final de un movimiento y ha sido su reinicio. Hoy bloqueamos el país para recordar una solución y ejercer nuestros derechos y libertades".
El juez explica que fue precisamente "bajo la cobertura de esta huelga cuando se produjeron alteraciones graves de la paz social y del orden público".
Posteriormente, Puigdemont ha respondido a las resoluciones del magistrado en su cuenta de X, donde ha cuestionado "la separación de poderes". "La agenda judicial al servicio de la agenda política. No es la primera vez, ni tampoco será la última, porque vuelven a estar especialmente 'motivados'", ha escrito.