El debate de limitar los altos salarios en España, cuarto país europeo con más ejecutivos millonarios

• Analizamos con dos economistas la viabilidad y los efectos de la propuesta lanzada por Yolanda Díaz
• Las empresas defienden que se regule por el mercado, mientras la renta ya se distribuye con los impuestos

Representación de las diferencias salariales, en una imagen de archivo Getty

“No hay que poner el foco en los salarios mínimos, sino en los salarios máximos que sí son abusivos”. Con estas palabras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresaba ante la prensa su intención de abrir un debate de “máxima importancia” sobre las retribuciones de la alta dirección y la presidencia de grandes empresas. Sin concretar si se inclinaría por regular los sueldos directivos, aumentar sus impuestos u otras vías para reducir la brecha, la vicepresidenta segunda puso sobre la mesa una cuestión que la patronal ha tachado de “populista”. "Que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro las inversiones", replicó el presidente de la CEOE, Antonio Garmendi, y recoge Europa Press.

Analizamos con dos economistas la viabilidad y los efectos de las distintas medidas posibles, con la mirada también puesta en la experiencia de otros países.

Los datos

Pero antes reparemos en los datos. “Los presidentes ejecutivos tienen retribuciones de 10 millones”, dijo Díaz el viernes, “174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores y trabajadoras”.

Las cifras varían por sectores y empresas, pero la proporción que señala la ministra se cumple en algunos casos. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, fue la ejecutiva de banca mejor pagada de España en 2022, con 11,7 millones de euros, esto es, 390 veces más que una persona que gane 30.000 euros brutos al año (unos 1.930 euros en 12 pagas). 

El sector financiero, así como la industria química y farmacéutica, ofrecen las remuneraciones más elevadas a la alta dirección, según un informe de Randstad. De acuerdo con los datos de 2021 de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), 221 profesionales de la banca española ganaron más de 1 millón de euros. La mayoría, 128 ejecutivos, obtuvo una remuneración entre 1 y 2 millones, mientras que otros 37 cobraron menos 3 millones de euros; y otros 18, entre 3 y 4 millones. España se situaba como cuarto país con más directivos millonarios, por detrás de Alemania (589), Francia (371) e Italia (351).

Cómo medir el "exceso"

Dicho esto, ¿es viable o deseable regular estos sueldos? Existen opiniones contrarias. “Todo es posible en teoría, pero que luego funcione es distinto. Creo que poner límites a los grandes sueldos es poner puertas al campo y haces mucho más ruido de lo que consigues”, comenta el catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Juan Antonio Gimeno. El fundador y presidente de Economistas Sin Fronteras, no obstante, no desdeña la intención y valora que intentar poner algún tipo de control al “exceso” de sueldos, bonus y otras remuneraciones indirectas sería “casi en defensa de los accionistas”.

A la economista María Iborra, profesora titular y doctora en la Universitat de València, le escama, en cambio, que se hagan distinciones por categoría profesional y plantea: “El director general o CEO de Inditex, Óscar García Maceiras, por ejemplo, cobra al final, a través de diferentes incentivos, etc., 8,4 millones de euros. En genérico, ¿eso es mucho o es poco? No quiero entrar en valoraciones, pero ¿qué me parece entonces que un futbolista cobre 260 millones? Porque el CEO de Inditex es responsable de 160.000 empleos, económica, fiscal y penalmente”. 

Iborra introduce entonces una idea que, en el seno de las empresas, justifica las diferencias salariales: la creación de valor de individuos concretos al conjunto de la empresa. La teoría liberal defiende que el mercado se regula por sí mismo y que una empresa deberá pagar para atraer y retener al mejor ejecutivo posible tanto dinero como defina la ley de la oferta y la demanda. El conflicto se plantea cuando la brecha de remuneración entre la cúpula y la base (cuyos trabajadores también crean valor) es demasiado grande. 

“¿Pero eso lo tiene que regular el Estado? Yo creo que no. Lo tienen que regular los mercados”, continúa la economista de la Universitat de València, que defiende que las corporaciones han cambiado con un “esfuerzo muy positivo” para ser más transparentes y que exista más información pública sobre salarios, etc. 

“Hace 20 años tú no conocías la remuneración de ningún CEO en España y si había algún dato, era un dato agregado. Hoy en día tienes un dato individualizado de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que las instituciones, los fondos de inversión y los consumidores penalizarán cuando no se guarde la relación entre lo que una persona contribuye a la empresa y lo que se está premiando por esa contribución. Esos son los cauces que deberían funcionar”, zanja Iborra.

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La voz de la plantilla en el Consejo de Administración

Una de las propuestas esbozadas por Yolanda Díaz es la de incluir a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas para que así puedan tener voz y voto en las decisiones. J.A. Gimeno, de Economistas Sin Fronteras, coincide con la ministra al expresar que es un “gran debate pendiente, que está en la Constitución”.

Concretamente, el artículo 129, sobre la participación en la empresa y en los organismos públicos, señala que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

“Podría ser un primer freno a determinados excesos”, refiere el catedrático de la UNED. “La presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración, aunque aquí lo tacharán de comunista, es algo normal en las grandes empresas europeas”. Estas prácticas, consideradas un avance democrático en la gobernanza corporativa, son más comunes en los países del norte como Noruega, Suecia, Dinamarca o Alemania, según recoge el Instituto Sindical Europeo (European Trade Union Institute, cofundado por la UE). 

En cuestiones que tienen que ver con la forma de actuar de las empresas, no obstante, la profesora María Iborra juzga que deben impulsarse mediante el acuerdo multilateral, no por legislaciones a escala local o nacional. 

“El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las normas de la OCDE para empresas multinacionales, las normas de gobierno corporativo en toda Europa, las directrices de sostenibilidad en el ámbito europeo… son acuerdos globales”, ilustra. “Estos procesos requieren la participación de muchísimos actores distintos y no solamente de actores nacionales”.

Límites, en algunos casos

Sí podemos encontrar, sin embargo, experiencias de países que han legislado para situaciones muy concretas, como Estados Unidos. En 2009, el presidente Barak Obama limitó a 500.000 dólares la retribución de los ejecutivos de las empresas que recibieran ayudas federales o lo que se consideraba un “rescate” financiero. 

Además, en 2010, a través de la ley Dodd-Frank de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street, la administración estadounidense introdujo para todo el sector financiero la obligación de que los accionistas aprueben al menos cada tres años las remuneraciones de sus ejecutivos, una disposición resumida bajo la frase “say on pay”.

Siguiendo el ejemplo estadounidense, Gimeno señala la conveniencia de establecer algunos límites en “casos especialmente sangrantes”, cuando una empresa está en pérdidas o está en un proceso de reestructuración de personal. 

La vía de los impuestos

Este debate en España ha llegado solo unos días después del Foro Económico Mundial de Davos, en el que jefes de Estado y de Gobierno y empresas se reúnen, no exentos de críticas por la pompa que supone el viaje a Suiza. En ese contexto, un grupo de más de 250 millonarios han lanzado una campaña en la que piden que los ricos paguen más impuestos. Sin una mayor justicia fiscal, dicen, se avecinan consecuencias “catastróficas para la humanidad” y la salud de las democracias.

Los “orgullos de pagar más” (así se definen en su lema) aprovecharon también el informe que anualmente publica Oxfam y que desvela que uno de cada cuatro euros en España está en manos de solo el 1% de la población, los más ricos del país.

Según la ONG, ese escaso porcentaje de grandes fortunas acumula el 23,1% de la riqueza neta total, mientras en los últimos 20 años se ha duplicado la diferencia entre una familia ubicada en el rango del 50% de la población más pobre y una situada en el 10% más rico.

¿Puede esta desigualdad solventarse a través de un límite a los altos salarios? Los economistas consultados no creen que sea así. “Yo creo que es que son dos cosas diferentes. Si planteamos que los impuestos deberían ser más progresivos, es una decisión que podría reducir las brechas entre los que más ganan, pero ‘los que más ganan’ por cualquier tipo de actividad, no solamente por la actividad empresarial”, argumenta María Iborra.

Desde Economistas Sin Fronteras, Gimeno sí reivindica una alta progresividad en la tarifa de impuestos de la renta y agrega: “Si hay los llamados beneficios caídos del cielo, aparte de la imposición, me parece de justicia que una parte se reparta entre los trabajadores. Los directivos solo son una parte del éxito. La otra parte toca a los trabajadores, y otra parte al propio Estado y a la sociedad que pone todos los elementos para que se pueda producir libremente y en seguridad”, opina. Pero ese es ya un debate aparte.