El juez que investiga la trama rusa del 'procés' insiste en los nexos de Puigdemont con el Kremlin

• Además, acuerda prorrogar la investigación del caso seis meses más a contar desde el 27 de febrero
• Quiere investigar las relaciones con un exdiplomático ruso que se reunió con Puigdemont en Barcelona días antes de la DUI

El juez que investiga la trama rusa del 'procés' insiste en los nexos de Puigdemont con el Kremlin

El juez que instruye el "caso Volhov" -la trama rusa del 'procés'- considera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

Además, en un auto, al que ha tenido acceso EFE y Europa Press, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, acuerda prorrogar la investigación del caso sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el 'procés', un día antes de que el Congreso debata si aprueba la ley de amnistía.

Para el juez, de la instrucción de la pieza separada del "caso Volhov" sobre los supuestos contactos en Rusia para el 'procés' se desprenden indicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y de que su entorno llegó a reunirse con "los más altos capos de la mafia rusa". 

En esta pieza separada de la causa, que empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.

Seis meses de prórroga

El juez ha dictado la prórroga de la causa la víspera de que el Congreso debata la ley de amnistía que, de acuerdo con la propuesta del PSOE, excluiría no solo los delitos de terrorismo, sino también los de traición o contra la paz o la independencia del Estado, ambos competencia de la Audiencia Nacional.

La prórroga empieza a contar desde que se concluya el plazo actual, el 27 de febrero, y se alargará seis meses más. Según el juez, se debe prorrogar la instrucción de esta pieza, ya que "es la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la llamada 'operación Voloh'".

Contactos con "altos dirigentes del Kremlim"

Tras revisar la documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado "datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana", alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.

Según el juez, el interés de los investigados era establecer vínculos de "influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña apoyada por el Gobierno ruso".

Asimismo, el magistrado considera que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una "legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos" y concluye que Rusia tenía interés en el 'procés' por su propósito de "desestabilizar la Unión Europea". 

Aguirre cree que hay mucha documentación aún por revisar y su intención es profundizar en las relaciones con ciudadanos rusos, uno de ellos, un exdiplomático que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges de Barcelona días antes de la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre de 2017.

Según el juez, en la causa se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió una serie de mensajes con Alay que revelan "de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin", dado que señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko. 

Entre los indicios que el juez detalla en su auto figura la declaración como testigo de la exdirectora general de Coordinación Interdepartamental Elsa Artadi en la etapa de Puigdemont, quien admitió dos reuniones con "personas que hablaban ruso" los días previos a la DUI, una de ellas en la Casa dels Canonges en presencia de Puigdemont y, según algunas informaciones, con Nikolay Sadovnikov, un supuesto miembro de la diplomacia rusa paralela.

Reuniones con capos de la mafia rusa

Además, en opinión del juez, Alay y Boye viajaron además a Rusia para "entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".

Según el magistrado, los contactos con "altas instancias del Kremlin" se llevaron a cabo tanto antes como después de la Declaración UnilateraI de Independencia (DUI) y, tras octubre de 2017, Alay pasó a relevar a Terradellas en los contactos con Rusia, dado que este quedó "inutilizado" por su detención en la primera fase del caso por la presunta trama de desvío de subvenciones de la Diputación de Barcelona.

"Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017 puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos", apunta el magistrado.

Criptomonedas 

Según el juez, de unos mensajes que Terradellas intercambió con J.B.S., supuesto intérprete y enlace con Rusia, a principios de 2018 se desprende que los contactos en el Kremlin "debían ser de muy alto nivel" porque se "intuye" que el exdirigente de CDC sabe que va a empezar la invasión de Ucrania por Rusia.

Los chats intervenidos, añade, también confirman que Terradellas pretendía que "una personalidad catalana" cuyo nombre no se especifica le acompañe a Rusia para explicar los "ofrecimientos" del Kremlin a Cataluña.

El juez cree necesario comprobar la veracidad de los datos recabados y si en los teléfonos de los investigados aparece información más relevante sobre el "soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia de Cataluña a cambio de unas concretas contraprestaciones en pago por tal ayuda".

El juez indica además que en diciembre de 2023 recibió una carta anónima con varios recortes de prensa elaborados por el equipo de investigación OCCRP, en que se apunta a un supuesto ofrecimiento de 500 millones de dólares para ayudar a la independencia de Cataluña a cambio de que esta se convierta en el "paraíso de las criptomonedas".

De hecho, el magistrado señala que de los mensajes intervenidos a Terradellas se desprende que hay "una tercera parte" que habría solicitado a los investigados una "legislación favorable para la proliferación de la criptomoneda en el nuevo territorio catalán, en caso de que este se convirtiese en estado".

El juez subraya que, según lo investigado en la causa sobre los preparativos del 'procés', los líderes independentistas estaban preparando un "banco central catalán, del que el Instituto Catalán de Finanzas sería el embrión", para garantizar la soberanía monetaria de una Cataluña independiente, de lo que se encargaba un equipo liderado por el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

El auto reproduce asimismo un documento manuscrito intervenido en los registros practicados en entidades afines a CDC que menciona el nombre de cuatro personas -Trapero, Artadi, MHP (Molt Honorable President) y, por debajo, Putin-, sin que por el momento, precisa, se haya podido aclarar la relación entre ellas.