España se estanca en la lucha contra la corrupción y desciende en el ranking mundial de transparencia

• España baja por cuarto año consecutivo en el ranking de transparencia
• Dos de cada tres países suspenden en la lucha contra la corrupción

España saca 60 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

La transparencia no mejora en España. Así se desprende del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 2023, elaborado por la organización Transparencia Internacional, donde España repite la puntuación del año pasado, de 60 sobre 100. Si bien mantiene la calificación de 2022 y se libra de bajar por tercer año consecutivo, la organización advierte que “no es motivo ni de satisfacción ni de tranquilidad”.

En un índice donde 0 es “altamente corrupto” y 100 “muy transparente”, la tendencia a la baja de los últimos años evidencia un “estancamiento”. La organización evalúa que la corrupción en España continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos.

La corrupción se puede medir en dos tipos: la legal, como capturar políticas y que las leyes se hagan de acuerdo al interés de los políticos, y la ilegal. “En España, casi nueve de cada diez personas piensan que hay mucha o bastante corrupción, pero no llega al 2% de empresarios que reconocen que le han pedido un soborno”, argumenta Manuel Villoria, miembro fundador de Transparencia Internacional y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Aunque el número de perseguidos por corrupción ha disminuido en los últimos años, "la corrupción para la ciudadanía y los expertos es más que aquello que puede ser perseguido judicialmente. Es más, mucha de la corrupción pasa desapercibida para los controles judiciales", enfatiza Villoria.

El experto insiste en que el problema fundamental del sistema judicial español es la interferencia del gobierno y los políticos: “Estamos a la cola de Europa, somos uno de los países con más percepción de dependencia del poder judicial”.

En perspectiva con el resto del mundo, España baja un puesto en el ranking y pasa de ocupar el puesto 36 al 37 de 180. Esta bajada se repite consecutivamente desde 2019, cuando estaba entre los 30 países con menor índice de corrupción. Países como Israel, Lituania o Portugal adelantan a España en transparencia, a pesar de haber empeorado todos ellos su puntuación en el CPI. 

Así, aunque España ha logrado frenar el descenso de los últimos dos años, no consigue remontar los 65 puntos que obtuvo en 2012. Desde Transparencia Internacional abogan por “recuperar el buen funcionamiento de las instituciones -como renovar el Consejo General del Poder Judicial- y llevar a cabo reformas institucionales necesarias para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público”.

Ranking de transparencia por países: dos de cada tres suspenden

De 180 países analizados, 23 han alcanzado sus niveles mínimos históricos. Entre ellos, varios de los países democráticos que encabezan el ranking: Suecia (82 puntos), que se mantenía por encima de los 85 desde 2012; Países Bajos (79), que no bajaba de los 82; Islandia (72), que ha perdido diez puntos en diez años; y Reino Unido (71), que ha bajado seis puntos en los últimos cinco años. 

Este descenso también se repite en estados autoritarios como Irán, Rusia, Tayikistán y Venezuela. Por tipo de régimen, las democracias consolidadas anotan más de 70 puntos de media y los regímenes autoritarios no superan los 30.

En general, solo 55 países han mejorado sus calificaciones, y dos de cada tres suspenden en transparencia: el promedio se mantiene en 43 puntos. “La mayoría de los países han logrado mínimos o nulos avances para combatir la corrupción en el sector público”, valora la organización. 

A la cabeza, Dinamarca lidera por sexto año consecutivo con 90 puntos de 100, y Finlandia y Nueva Zelanda le siguen con 87 y 85 puntos, respectivamente. A la cola, las crisis prolongadas y los conflictos armados llevan a Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen a no superar los 16 puntos y convertirse, por orden, en los países más corruptos. 

Los países de Europa Occidental y de la Unión Europea -que comprenden solo a un 10% de la población mundial- anotan de media 65 puntos. Aunque sigue siendo la región con mejor calificación, la media desciende por primera vez en los últimos años. 

Los esfuerzos para prevenir y luchar contra la corrupción “se han estancado o han disminuido en más de tres cuartas partes de los países de la región”. Así, de los 31 países que la comprenden, solo ocho han mejorado su puntuación en más de cinco puntos desde 2012. España está entre los otros ocho países que más la han empeorado en ese tiempo.

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Los países bálticos han mejorado su puntuación, especialmente Estonia. Áurea Moltó, secretaria general de Transparencia Internacional España, destaca la mejoría de Ucrania, que, tras su acercamiento a la UE, ha mejorado tres puntos y supera en diez a Rusia. La experta hace hincapié en que, aparte de a los países con peores notas -Hungría, Rumanía y Bulgaria- también hay que vigilar a países como Polonia, cuya puntuación lleva en descenso seis años.

Ninguna otra región aprueba en transparencia, aunque algunos de sus países sí anotan más de 50 puntos individualmente. El caso de Asia-Pacífico es el más dispar, mientras Nueva Zelanda obtiene el tercer puesto mundial, Corea del Norte anota 17. 

Algo parecido ocurre en América, donde Canadá consigue 76 puntos y Venezuela empeora en un punto su nota de 2022, quedándose solo con 13 puntos sobre 100. África Subsahariana es la región con la puntuación media más baja (33 puntos) y Somalia ocupa la última posición de la lista con 11 puntos.

Sobre esta información

Para elaborar el CPI, Transparencia Internacional analiza datos de 13 fuentes externas, entre ellas, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Solo se toman en cuenta los países que aparecen al menos en tres informes distintos con datos suficientes para ser valorados. En el caso de España, se han utilizado ocho fuentes con datos actualizados a fecha de 2022 e incluso 2023. 

El CPI analiza cuestiones que afectan a instituciones y poderes públicos. Las puntuaciones son un reflejo de la percepción de especialistas y actores del ámbito empresarial, pero no de la ciudadanía. Es decir, no se mide la percepción ciudadana, el fraude fiscal, los flujos financieros, el blanqueo de capitales o la economía sumergida.