Bolaños y Pons acuerdan reunirse de nuevo en Bruselas el 12 de febrero para renovar el Poder Judicial
- Aunque no avanzan detalles, ambos muestran su compromiso a seguir hablando: "La Justicia no aguanta más bloqueo"
- El órgano de gobierno de los jueces lleva ya más de cinco años caducado, los mismos que de mandato vigente
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, han acordado volver a reunirse el próximo 12 de febrero en Bruselas para continuar con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación de la Comisión Europea.
Así lo ha anunciado Bolaños en una breve comparecencia ante los medios al término del encuentro de hora y media que han mantenido en Bruselas con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para intentar desbloquear esa renovación. "El encuentro ha sido cordial y constructivo", ha afirmado el ministro, que ha asegurado que las partes van a ponerse "manos a la obra" para lograr un acuerdo. "Por nuestra parte no va a quedar, es algo esencial para nuestro país", ha añadido.
Bolaños ha recalcado que van a trabajar duro ante la que ha considerado que puede ser "la última oportunidad" de recuperar la normalidad que necesita el CGPJ. Asimismo, al ser preguntado por la posibilidad de que la ley de amnistía o las críticas a los jueces sean un problema para el acuerdo, ha subrayado: "Para renovar el Consejo no hay ningún obstáculo. Lo importante es que las partes tengamos la voluntad de llegar a un acuerdo".
También se ha mostrado "satisfecho" con la reunión Pons, que aunque ha dicho ser "pesimista" por el posible resultado de las negociaciones, ha considerado que el "proceso de diálogo estructurado" que han abierto está cumpliendo "con las expectativas que teníamos". Así, se ha comprometido a que desde el PP harán "todo lo que se puede hacer por garantizar independencia de los jueces": "Vamos a hablar de todo abiertamente para dar una oportunidad de recuperar la independencia, la autonomía y el respeto que se le ha perdido a la Justicia española".
Preguntado por el motivo de su pesimismo, el político popular se ha referido a "la contraparte" y ha lamentado que "intentar negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez cuando uno defiende la independencia de los jueces no le permite a uno ser optimista", aunque ha asegurado que su partido entra en el diálogo en un "espíritu constructivo".
Por otro lado, fuentes del PP han defendido en una nota de prensa que "la Justicia española necesita políticos que defiendan a los jueces y no que los controle". "Los insultos vertidos en las últimas semanas por los miembros del Gobierno y por sus socios hacia los jueces que no actúan conforme a sus preferencias hacen más necesaria que nunca la puesta en marcha de mecanismos que eliminen el control político" del CGPJ, han afirmado.
Aunque ambas partes prefieren mantenerse en la "discreción" y no avanzan detalles de como se desarrolla el diálogo, coinciden en mostrar su compromiso a seguir hablando de forma "constructiva" porque consideran que "la Justicia no aguanta más bloqueo".
Tras la reunión en la sede del Ejecutivo comunitario, el comisario también ha emitido un comunicado en el que ha recordado la "importancia de establecer un diálogo constructivo" y la necesidad de "proceder a la renovación del CGPJ con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus miembros". Además, en su cuenta de X, ha indicado que en el encuentro ha habido "un claro compromiso de todas las partes de trabajar juntos para garantizar la implementación de la recomendación de la Comisión".
Reynders citó en la capital belga a ambos la semana pasada para supervisar un diálogo que espera que desemboque en un acuerdo. Además, dio entonces un plazo de dos meses para que la negociación llegue a buen término.
Fue el pasado viernes cuando la Comisión comunicó que aceptaba asumir el papel de supervisión después de que así se le pidiera en el pacto al que llegaron en diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Las posiciones que defienden los partidos
Bolaños y Pons coincidieron en la noche del martes en el mismo avión que les ha llevado de Madrid a Bruselas y, a primera hora de esta tarde, se sentarán junto al comisario de Justicia. A la reunión llegan sin que hayan variado un ápice las posiciones que vienen defendiendo PSOE y PP.
Así, los 'populares' piden que se haga de forma simultánea la renovación y una reforma de la ley de elección del CGPJ, mientras que el Gobierno se aviene a hablar de ambas cosas, pero dejando claro que primero tiene que efectuarse la elección de los nuevos vocales y más adelante esa hipotética modificación legislativa para la que recuerda que el PP debería conseguir los apoyos suficientes.
Por su parte, Reynders ha recalcado esta semana que para avanzar debe haber un paso "a nivel interno en España" porque son las formaciones políticas las que deben buscar la mayoría suficiente que permita renovar el CGPJ y llevar a cabo la reforma.
"Lo que va a cambiar ahora es que hemos propuesto un diálogo estructurado que voy a llevar a cabo en nombre de la Comisión Europea y es la ocasión de ver si ese diálogo con las autoridades y las formaciones políticas en España permite llevar a una mejora de la situación", explicó.
Más de cinco años de bloqueo
El órgano de gobierno de los jueces lleva ya más de cinco años caducado, los mismos que de mandato vigente, una situación inédita.
Desde 2018, el CGPJ se ha ido descomponiendo. Solo quedan 16 vocales, aunque se mantiene el dominio conservador, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo, la dimisión de Carlos Lesmes y Concepción Sáez, y el fallecimiento de Victoria Cinto.
El órgano ha visto pasar tres presidentes. Lesmes dimitió en octubre de 2022 para forzar el pacto PSOE-PP y le sucedió Mozo, por ser el vocal de mayor edad. Pero este último tuvo que jubilarse el pasado 19 de julio, cediendo el testigo al actual mandatario interino, Vicente Guilarte.
La situación de interinidad del CGPJ ha tenido un claro impacto en la administración de justicia por la imposibilidad legal de que un Consejo caducado realice nombramientos discrecionales en los altos tribunales. En total hay 86 vacantes en la cúpula judicial, con una en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y 24 en el Supremo (TS).