El expresidente peruano Pedro Castillo es trasladado a un hospital tras sufrir una descompensación

• El exmandatario permanece encarcelado acusado de provocar un fallido golpe de Estado
• Ha permanecido ingresado durante siete horas

El expresidente peruano Pedro Castillo realiza un discurso en el palacio presidencial de La Moneda, Santiago de Chile (29 noviembre 2022) EFE/ELVIS GONZÁLEZ

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ha sido trasladado de emergencia desde la prisión en la que se encontraba cumpliendo condena hasta el Hospital II de Lima, donde ha permanecido siete horas tras sufrir una descompensación. "El paciente en mención ingresa a las 10:17 hora local (15:17 GMT) al servicio de emergencia, con dolor en el pecho; luego de la evaluación y exámenes auxiliares exhaustivos enfocados principalmente en descartar patología cardíaca, se concluye con el siguiente diagnóstico: dolor torácico osteomuscular", ha indicado el Seguro Social de Salud (EsSalud) en un escueto comunicado.

El exmandatario permanece encarcelado como medida cautelar mientras continúa procesado por lo que la acusación considera un fallido golpe de Estado, ocurrido en diciembre de 2022, y un caso de corrupción. El Instituto Nacional Penitenciario, que ha comunicado el traslado después de que Castillo llegase al servicio de emergencia del hospital "por dolor en el pecho", ha indicado posteriormente que está "estable y atendido por personal médico".

El actual Gobierno lo ocupa la que en su momento fue la vicepresidenta durante el mandato de Pedro Castillo, Dina Boluarte, quien asumió las funciones para tratar de aliviar la crisis política que llevaba atravesando el país desde la derrota en julio de 2021 de Keiko Fujimori, también con un caso de corrupción en su contra.

Un gobierno convulso

Durante el corto mandato de Castillo, el expresidente se enfrentó a tres mociones de censura, la última de ellas la que le llevó a disolver de manera extraordinaria el Consejo y declarar el estado de emergencia ante lo que consideró se trataba de una situación de "crisis" en el país. La acción conllevó la intervención de la Fiscalía de la Nación, el poder judicial en Perú, que lo relevó de sus funciones y realizó su detención.

Las denuncias por corrupción habían acorralado a Castillo desde el momento en que accedió al poder gracias al apoyo del voto rural y de los anti-fujimoristas. En el momento de establecer el Estado de emergencia, Castillo declaró su intención de convocar elecciones "en el más breve plazo", aunque la acción se consideró inmediatamente por el Congreso como "un intento de golpe de Estado". Tras ser apresado, el legislativo aprobó su destitución.

Castillo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses por el fallido autogolpe de Estado y otra de 36 meses por la acusación de haber liderado una red corrupta durante la gestión del ejecutivo. La Fiscalía pide para Castillo 34 años de cárcel. El pasado jueves, el poder judicial declaró improcedente uno de los recursos presentados para que se anulen las acusaciones en su contra y se le libere.