La UE sanciona a la fiscal general de Guatemala por obstruir el nombramiento del presidente Arévalo
- Arévalo asumió la Presidencia el 15 de enero tras ser obstaculizado por el anterior Ejecutivo
- Las sanciones también se han dirigido contra miembros del anterior Gobierno
La Unión Europea ha sancionado a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 15 de enero.
Las sanciones también se han dirigido contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la impunidad (FECI) del país, José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana; a la fiscal de la FECI, Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Avila.
Las sanciones se aplican apenas un mes después de que el Parlamento Europeo aprobase en diciembre de 2023 una resolución no vinculante que pedía la aplicación de medidas extraordinarias contra los responsables guatemaltecos ante sus constantes intentos por tratar de "invalidar los resultados de las elecciones generales" que daban como vencedor al candidato Bernardo Arévalo de León "sobre la base de acusaciones infundadas de fraude".
Además, el documento señalaba que los esfuerzos de varias autoridades del Ministerio Público estaban "socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizado sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición".
Una toma de posesión compleja
Bernardo Arévalo fue investido presidente el pasado 15 de enero tras un retraso de diez horas ante los intentos de varios diputados de obstaculizar la ceremonia. Arévalo, que hizo de la bandera de su campaña electoral la lucha contra la corrupción, señaló su condena ante las tentativas de la oposición por frenar su nombramiento. "Nunca más al autoritarismo", declaró.
Tras la segunda vuelta de las elecciones generales de Guatemala celebradas el 20 de agosto, los comicios dieron como ganador a la formación de Bernardo Arévalo. Durante la primera votación, varios partidos opositores señalaron que los resultados eran "irregulares" y llegaron a acusarlos de "fraude".
El 14 de enero, los diputados de la nueva legislatura tenían previsto elegir al Congreso, algo que fue obstaculizado por representantes del Ministerio Público como la sancionada Consuelo Porras. Las circunstancias llevaron a temer la posibilidad de un eventual golpe de Estado, algo que finalmente no sucedió.
Entre las sanciones promulgadas por la Unión Europea, se encuentran la inmovilización de activos y la prohibición de viajar a los países miembros de la organización.