Las claves de las elecciones de El Salvador: una reelección inédita y en estado de excepción

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Un mural de Bukele en Mejicanos, El Salvador

La Constitución de El Salvador menciona en varios de sus artículos la imposibilidad de un presidente de repetir mandato. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que Nayib Bukele, que se convirtió en mandatario en 2019, vuelva a ser una de las opciones de voto, (la mayoritaria, según todos los sondeos) para los salvadoreños en las elecciones de este domingo. 

El país acude a las urnas en pleno régimen de excepción, que se ha prorrogado durante 20 meses, y que ha permitido encarcelar a miles de pandilleros, reduciendo los niveles de violencia en las calles hasta el mínimo y conteniendo una de las lacras que la población llevaba décadas sufriendo. Por ello, pese a las voces que critican sus métodos y las múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, Bukele goza de un alto índice de popularidad entre la población, que parece dispuesta a empujarlo, a golpe de votos, a una reelección tan inédita como cuestionada.

A las puertas de una reelección “inconstitucional”

A finales de noviembre, Bukele anunció que se tomaba una licencia de seis meses como presidente para dedicarse exclusivamente a la campaña electoral, ignorando los llamamientos a respetar la Carta Magna, y amparado en su decisión una maniobra previa orquestada por diputados y jueces afines a su partido. 

“La candidatura ciertamente es inconstitucional. Pero hay que tener presente que para que se haya concretado, Bukele tuvo que allanar el camino”, expone a este medio la politóloga salvadoreña Karen Estrada. 

En mayo de 2021, el Congreso, controlado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI), destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo y eligió a unos nuevos. Estos fueron los encargados, en septiembre de ese mismo año, de emitir una sentencia que, en base a una reinterpretación constitucional, avaló la candidatura del líder de NI, estableciendo que tendría que pedir ese “permiso o licencia” seis meses antes del inicio del período presidencial.

“Es artificial el debate sobre la inconstitucionalidad. Son seis artículos en la Constitución que no solo prohíben la reelección, sino también su promoción”, explica a RTVE.es el periodista Roberto Valencia, afincado en El Salvador. Son esos jueces, añade, los que interpretaron de una manera “antojadiza” la Carta Magna para avalar su candidatura. “Son situaciones que se han vivido en otros países de América Latina como Colombia, Nicaragua, Honduras… parece una vía recurrente en mandatarios latinoamericanos de países cuyas constituciones prohíben la reelección”, añade.

Una oposición debilitada y sin opciones

Los salvadoreños están llamados a las urnas este domingo para votar en las elecciones presidenciales y legislativas; y, en ambas, todos los sondeos apuntan a una victoria incontestable de Bukele y su partido. La encuesta realizada por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia muestra que más del 84% de la población ve en el líder de NI al mejor candidato entre todas las opciones, que apenas son conocidas o contempladas. Además, el 50,4% cree que Bukele va a ganar las elecciones “por su trabajo”, según datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). 

Además de Bukele, los votantes tienen otras cinco opciones de voto, aunque ninguna parece posicionarse como un rival a batir para el favorito de la población. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ARENA, los dos partidos históricos de El Salvador, que en 2019 sufrieron un duro varapalo político, aparecen aún en el radar de voto, aunque con un bajo porcentaje. A ellos se suma la candidatura de Nuestro Tiempo, Fraternidad Patriota Salvadoreña y Fuerza Solidaria. 

Sin embargo, como señala Estrada, “las condiciones para competir han sido desiguales” entre las distintas formaciones. “La falta de pago de la deuda política, el acaparamiento de la propaganda por el partido oficial, las denuncias del uso de recursos gubernamentales para las candidaturas oficialistas y la falta de transparencia en el uso del voto al exterior constituyen un escenario complejo para el resto de candidaturas”, apunta la politóloga.  

“La oposición llegó a un ciclo de total desgaste y habrá que ver quiénes van a desaparecer, porque hay una regulación que establece que desaparecen los que no logran diputados”, explica a RTVE.es la politóloga salvadoreña Varinia Arévalo. “Aquellos que ya saben, o deberían de saber, que están al borde de la desaparición institucional, deberían pensar si quieren reinventarse [...] y buscar cómo hacerlo si quieren seguir siendo una opción viable” para cuando, “una vez llegado el momento” y el ciclo político del actual gobierno se termine,  “esté esa alternativa lista”. 

Dudas sobre el proceso electoral

Hace apenas un año, el Congreso derogó un artículo del Código Electoral que prohibía la modificación de las reglas electorales un año antes de la elección. A raíz de esa reforma, se redujo el número de diputaciones en el Congreso, pasando de 84 a 60, y de municipios, pasando de 262 a 44. También se cambió el sistema de asignación de escaños, estableciéndose el sistema D’Hondt, que, como alertan desde el Observatorio Electoral del Salvador “dificulta la representación de minorías dentro del Congreso”.

Según Estrada, la reducción de municipios, sumada a la “limitada” labor educativa del Tribunal Supremo Electoral, hace que la población desconozca “a qué municipio corresponde su voto” y cuáles son las distintas candidaturas. Además, en términos de administración pública, “se incrementa la tendencia de centralización de recursos” y conlleva la redistribución de algunos territorios que históricamente eran bastión de las fuerzas tradicionales, distribuyendo las circunscripciones “a conveniencia” de quien ostenta el poder, para aumentar sus posibilidades de ganar territorios. 

En un vídeo publicado en su cuenta de X, Bukele ha llamado a la población a votar masivamente, defendiendo que puede ser cuestión de “un diputado” que su partido pierda la mayoría calificada en el Congreso. Así, dice, no se podría aprobar el régimen de excepción, por lo que insta a proteger “los logros en seguridad” cosechados por su Gobierno y asegura que el plan de la oposición es “liberar a los pandilleros”. 

“Unas elecciones deben darse bajo reglas claras y precisas, lo cual ha sido difícil de observar en el actual proceso”, asegura a RTVE.es Mauricio Maravillas, Secretario Técnico y de Comunicaciones del Consorcio de Observación Electoral de El Salvador, encargado de elaborar el informe ‘Observa El Salvador 2024’. Por otro lado, desde el Consorcio celebran la apertura del sistema electoral al voto del exterior, que por primera vez incorpora el voto en remoto para aquellos salvadoreños que residen fuera del país, pero alerta de la necesidad de “una legislación más clara y que brinde mayores garantías de integridad” a estas modalidades. 

Seguridad frente a derechos humanos

Como apunta Varinia Arévalo, el estado de excepción, “lejos de afectar a la popularidad de Bukele, pareciera que es una de las de las acciones más importantes, que precisamente ha contribuido a aumentar su popularidad y su capital político y social”. Y es que han sido las políticas ejercidas bajo este régimen las que han conducido a una reducción drástica de la violencia en un país donde antes esta era la principal preocupación de la población. 

“Las maras han hecho suficiente daño durante décadas a esta sociedad como para que haya mucho resentimiento y es siempre una buena carta presentarse como el que viene a solucionar este problema”, señala Roberto Valencia. “El régimen de excepción es muy apoyado por la población y eso se va a ratificar este 4 de febrero con el surrealista apoyo a la candidatura de Bukele”. 

El Salvador cerró el 2023 con una de las tasas de homicidios más bajas de su historia, lo que demuestra que la eficacia, al menos en cifras, de la política de Bukele contra las pandillas es incontestable. Por ello, no es de extrañar que en su primer año de vigencia, los salvadoreños otorgaran una nota del 7,92 al estado de excepción, según un informe del Instituto Universitario de Opinión Pública, bajo el cual se han detenido a más de 70.000 personas, de las cuales unas 7.000 han sido puestas en libertad por no estar relacionadas con las maras.

Sin embargo, según el mismo estudio, 75 de cada 100 salvadoreños no saben qué garantías y derechos se están viendo afectados.

La organización de derechos humanos Cristosal ha registrado cerca de 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción, la mayoría de ellas hombres de entre 19 y 30 años. Entre las prácticas destacan las detenciones arbitrarias, los allanamientos de morada y los tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Además, en su informe Un año bajo el régimen de excepción, denunciaron las duras condiciones en las cárceles salvadoreñas. Ahora, aseguran a RTVE.es, la situación ha mejorado y se ha reducido el nivel de hacinamiento en las prisiones, pero sigue siendo alarmante.

"Sigue habiendo prácticas indignas contra las personas que están privadas de libertad y sigue habiendo fallecidos. Tenemos registrados 152 muertos en la cárcel, sea por signos de violencia o por falta de tratamiento médico", asegura a RTVE.es Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal. "Sigue la situación de indefensión y de mal tratamiento a los que están privados de libertad, porque no tienen condiciones adecuadas de alimentación y de salud, por eso siguen falleciendo y al parecer siguen existiendo prácticas de tortura", añade.

Pese a todo, por ahora, gana la sensación de seguridad imperante entre los salvadoreños. Según el VI Estudio de Humor Social y Político realizado por Observa el Salvador, solo el 12,6% de los encuestados cree que vive en un estado de miedo por el régimen de excepción; mientras tanto, el 44,2% afirma que el país es más seguro.

"La sociedad está dispuesta a pagar ese precio de detención de vidas inocentes a cambio de poder vivir en un espacio seguro", afirma Varinia Arévalo. "La memoria de la situación que se tenía hace un par de años está absolutamente fresca y nadie quiere regresar a ella. La realidad actual vale lo suficiente como para generar cierta indiferencia ante una cantidad 'x' de detenciones injustas", concluye.