Los fiscales del Supremo ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo en el 'caso Tsunami'

• El criterio de la mayoría provoca un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo concluía que no había indicios suficientes
• La Fiscalía del Supremo se alinea así con este cambio de criterio con el juez instructor del caso, Manuel García Castellón

Los fiscales del Supremo ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo

La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ve indicios para investigar al expresidente catalán, Carles Puigdemont, por un delito de terrorismo, como propone el juez Manuel García Castellón, por su presunta implicación en los disturbios desatados por Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en protesta por la sentencia del 'procès, rechazando así el informe del fiscal del caso, Álvaro Redondo, que concluía que no hay indicios suficientes para imputarle y descartaba que los hechos investigados fueran constitutivos de delitos de terrorismo. 

Tras una reunión que ha comenzado en torno a las 10:00 y ha durado varias horas, según fuentes fiscales, el criterio de la mayoría se ha impuesto provocando un vuelco en la postura de Fiscalía, ya que Redondo proponía no imputar a Puigdemont, al tiempo que descartaba posibles delitos de terrorismo. 

De los quince fiscales que han participado en el cónclave, once han considerado que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg que se encuentra en Suiza (ambos aforados), mientras que cuatro se han mostrado en contra. Con una mayoría aún más amplia, de doce a tres, han resuelto que puede haber delitos de terrorismo. 

El criterio de los dos jefes de la sala de lo penal es distinto, según fuentes fiscales a RTVE, uno ve terrorismo y otro no. Por ello, el nuevo informe lo va a elaborar la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, número dos de la fiscalía general.

La Fiscalía del Supremo se alinea así con este cambio de criterio con el juez instructor de 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, que en una exposición razonada de más de 100 páginas pedía al alto tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, el diputado del Parlament Rubén Wagensberg (ambos aforados) y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.

Redondo no veía "indicios racionales de criminalidad"

El informe de Redondo respondía a la exposición razonada que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió el pasado noviembre al Supremo instando al alto tribunal a investigar a Puigdemont, al diputado del Parlament Rubén Wagensberg (ambos aforados) y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas, por presuntos delitos de terrorismo. 

El fiscal explicaba que, si bien el Supremo es el tribunal competente para conocer las conductas delictivas que se atribuyan a Puigdemont y Wagensberg, en este caso cree que el juez instructor "debe continuar las investigaciones, al no concurrir indicios racionales de criminalidad en este momento procesal que justifiquen la elevación de la causa a la Sala de lo Penal del TS en relación con los referidos señores". A su juicio, los indicios recabados "resultan demasiado abiertos". 

En concreto, recopila los indicios aportados García Castellón contra Puigdemont, tales como conversaciones suyas con un empresario donde "se hace alusión directa a Tsunami Democràtic como herramienta para la consecución de la independencia"; otras de su jefe de Gabinete, Josep Lluis Alay, con otro empresario; las reuniones en Ginebra de partidos y entidades soberanistas con la presencia del entonces president; o su "impulso directo" a campañas en redes sociales.  

La calificación de los hechos como terrorismo

Por otro lado, Redondo se detenía en el análisis jurídico de los hechos presentados por el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) para concluir que "no concurre el tipo penal de terrorismo", explicando que para ello debe darse "la comisión de un delito grave contra la integridad física o moral, o contra la libertad, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública", circunstancias que no aprecia en 'Tsunami Democràtic'. 

La calificación de los hechos como terroristas ha estado envuelta por la polémica desde el primer momento. Así, mientras que García Castellón ha sostenido la tesis terrorista desde los inicios de las pesquisas, el fiscal del caso en la AN, Miguel Ángel Carballo, cree que solo son constitutivos de desórdenes públicos agravados, hipótesis a la que ahora se une Redondo, no sin controversia debido a la existencia de dos textos contradictorios. 

Según ha explicado el propio Redondo en un comunicado en el que niega haber recibido "presiones" por parte de la Fiscalía General del Estado, elaboró el 24 de enero, un día después de caer en sus manos la exposición razonada de García Castellón por turno de reparto, "un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal". 

Preguntada por la decisión de la Junta de fiscales del Tribunal Supremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho que "cómo es lógico" se ha producido un debate "jurídico" en la junta de fiscales y ha expresado "todo el respeto del Gobierno" a este órgano y al "funcionamiento normal del Ministerio Fiscal".